La Ley 1720 ya no existe. El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles la abrogación de la norma conocida como Ley de Reconversión de Tierras, después de semanas de protestas, bloqueos y una marcha indígena que llegó hasta La Paz.
Pero ¿qué decía exactamente la Ley 1720 y por qué generó tanta resistencia en Bolivia?
¿Qué proponía la Ley 1720?
La Ley 1720, promulgada el 10 de abril de 2026, autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir una pequeña propiedad rural titulada en mediana propiedad, siempre que el titular lo solicitara de manera voluntaria.
El trámite debía realizarse gratuitamente y en un plazo máximo de diez días hábiles.
Una vez realizada la reconversión, la propiedad cambiaba oficialmente de categoría dentro del catastro agrario y quedaba sujeta a verificación de la Función Económica Social (FES) en un plazo de diez años.
Según el Gobierno, la norma buscaba facilitar que pequeños productores pudieran acceder a créditos bancarios utilizando sus tierras como garantía para financiar inversiones y ampliar su producción.
El Ejecutivo también aseguró que la ley no afectaba Tierras Comunitarias de Origen (TCO) ni territorios indígenas, ya que estos no eran mencionados expresamente en el texto.
¿Por qué la generó rechazo?
La principal crítica contra la Ley 1720 fue que podía abrir la puerta a la reconcentración de tierras y debilitar la protección histórica de la pequeña propiedad rural en Bolivia.
Para organizaciones indígenas y campesinas, permitir que pequeñas propiedades ingresaran plenamente al mercado financiero implicaba el riesgo de que esas tierras terminaran hipotecadas, vendidas o absorbidas por sectores con mayor capacidad económica.
El investigador Gonzalo Colque sostuvo que la norma beneficiaba principalmente a sectores empresariales y agroindustriales interesados en ampliar el mercado de tierras.
A eso se sumó otro elemento sensible: la falta de consulta previa.
Diversos sectores denunciaron que la ley fue promulgada sin un proceso amplio de diálogo con organizaciones indígenas y campesinas, pese a que el tema territorial tiene un fuerte peso político y constitucional en Bolivia.
La marcha indígena y los bloqueos
El rechazo a la Ley 1720 derivó en movilizaciones en distintos departamentos del país.
Cientos de indígenas de Beni y Pando iniciaron una marcha hacia La Paz exigiendo la abrogación total de la norma. La movilización recorrió cerca de 100 kilómetros durante alrededor de un mes y terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de presión sobre el Gobierno.
El 24 de abril, el Ejecutivo intentó contener el conflicto mediante un acuerdo con la CIDOB para incorporar un nuevo artículo destinado a reforzar la protección de territorios colectivos e indígenas.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por sectores de la marcha porque no modificaba el núcleo de la ley.
Con el paso de los días, las protestas comenzaron a mezclarse con otras demandas vinculadas a la crisis económica, la escasez de combustibles y el descontento político contra el Gobierno de Rodrigo Paz.
¿Qué pasa ahora tras la abrogación de la Ley 1720?
La nueva norma aprobada por la Asamblea Legislativa establece un plazo de 60 días para elaborar un nuevo marco normativo sobre tierras, esta vez con participación de los sectores involucrados.
El nuevo proceso deberá preservar expresamente la protección de las Tierras Comunitarias de Origen y territorios indígenas.
Aunque la Ley 1720 fue eliminada, el conflicto político y social no terminó.
La COB mantiene movilizaciones y puntos de bloqueo en distintas regiones del país, mientras algunos sectores ya no cuestionan únicamente la ley derogada, sino también la gestión del presidente Rodrigo Paz en medio de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
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