Escarlet Aramayo tiene 51 años, seis hijos y dejó su comunidad en la provincia Vaca Díez, en el Beni, hace casi un mes. Caminó más de 1.100 kilómetros desde Cobija con los pies ampollados, hambre, frío y lluvia. “Estamos aquí para defender nuestros derechos. Vivimos de la tierra”, afirmó en declaraciones recogidas por Sumando Voces.
Ella es una de los cientos de indígenas y campesinos del norte amazónico que este 4 de mayo ingresaron a la sede de gobierno tras 27 días de movilización para exigir la abrogación de la Ley 1720 — una norma que, según los marchistas, amenaza la tierra que han habitado por generaciones.
Qué dice la Ley 1720 y por qué la rechazan
Promulgada el 8 de abril de 2026 — el mismo día que arrancó la marcha — la Ley 1720 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir la clasificación de pequeña propiedad titulada a propiedad mediana. El Gobierno de Rodrigo Paz la defiende argumentando que permitirá a los pequeños propietarios usar sus tierras como garantía para acceder a créditos productivos.
Los marchistas ven otra cosa. Para ellos, la conversión abre las puertas a la hipoteca, la venta forzada y la concentración de tierras en manos de empresarios y terratenientes. “Nosotros venimos solicitando asentamientos desde hace años y hasta ahora esas tierras no han sido consolidadas. ¿Y ahora nos dicen que podemos perderlas?”, dijo Carmelo Arce Racua, dirigente indígena, al llegar a La Paz, a la Agencia de Noticias Ambientales.
Una de las líderes de la marcha fue directa al ingresar a la ciudad: “Queremos la abrogación total de la Ley 1720. No vamos a negociar”.
El cuerpo que pagó la marcha
El recorrido no fue solo político — fue físico. Desde Cobija hasta La Paz hay más de 1.100 kilómetros. El ascenso desde Los Yungas hasta la Cumbre fue el tramo más duro: el cambio brusco de clima y la altitud golpearon especialmente a los marchistas de tierras bajas.
Al llegar a la tranca de Urujara, al menos 65 personas fueron atendidas por brigadas médicas. Algunos recibieron oxígeno. Otros fueron evacuados en ambulancia. En la Sede Integral Productiva Suma Khamaña, hombres, mujeres y niños descansaron con cefaleas, mareos y rodillas hinchadas , recogieron los medios.
En el exterior funcionó un punto de acopio donde voluntarios recibieron frazadas, ropa abrigada, alimentos calientes y medicamentos.
Entre los marchistas estaba también el profesor Wilfredo Gallardo, quien según el reportaje de Sumando Voces carga cada dos semanas un botellón de agua para que sus estudiantes de la escuela rural de Carachimayo puedan beber. Para él, como para Escarlet, no era una opción quedarse.
Quiénes marcharon y cómo creció la columna
La marcha partió entre el 6 y 8 de abril desde Cobija con la Federación de Campesinos de Pando. En Riberalta se sumaron la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios y la de Vaca Díez. Más adelante, en Caranavi, se incorporó la Central Étnica de Pueblos Moxeños del Beni. La columna llegó a reunir cerca de 300 personas, según El Diario.
En el camino hubo negociaciones. El 15 de abril se instaló una mesa de diálogo en Rurrenabaque, tras la cual algunas comunidades de Ballivián y sectores de Vaca Díez decidieron retirarse. La Federación de Campesinos de Pando también se retiró después de la promulgación del Decreto Supremo N° 5613. Pero el núcleo de la marcha siguió.
La Central Obrera Boliviana y la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia expresaron su apoyo a la movilización.
Lo que está en juego
Para los marchistas, la Ley 1720 no es solo un cambio administrativo — es una amenaza existencial. Sus territorios en el norte amazónico son, en muchos casos, tierras comunitarias que no cuentan con titulación individual consolidada. La conversión a propiedad mediana, argumentan, los expone a perder lo que tienen frente a actores con mayor capacidad económica y legal.
“Toda la vida de pie, nunca de rodillas. Nosotros somos el pulmón del mundo — ¿cómo no vamos a defender eso?”, dijo Arce Racua a la Agencia de Noticias Ambientales.
El Gobierno sostiene que la norma es voluntaria y constitucional. Pero los marchistas ya dieron un plazo de 24 horas al presidente Paz para abrogarla. Sin respuesta, anunciaron que radicalizarán las medidas.
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La Paz, un lunes con varios frentes
Este lunes 4 de mayo, La Paz recibió a la marcha indígena en medio de un conflicto social que se acumula: el paro indefinido de la COB desde el sábado, el paro de choferes previsto para mañana martes y los bloqueos en Caranavi que siguen activos.
Son movilizaciones distintas con demandas distintas. Pero todas confluyen en la misma ciudad, el mismo día y con el mismo Gobierno como interlocutor.
