La polémica Ley 1720 fue finalmente abrogada.
Después de semanas de protestas, vigilias, marchas indígenas y bloqueos en distintas regiones del país, el Senado aprobó este martes la anulación de la norma que se había convertido en uno de los principales focos de conflicto social en Bolivia durante mayo de 2026. La Cámara Alta aprobó el proyecto con modificaciones y lo devolvió a Diputados para su revisión final.
La ley había sido presentada por el Gobierno como una herramienta para modernizar el acceso a créditos en el área rural. Pero para organizaciones indígenas, campesinas y colectivos ambientales, la norma abría la puerta a una transformación mucho más profunda sobre el uso y control de la tierra.
¿Qué decía exactamente la Ley 1720?
La Ley 1720 de Reconversión de Tierras fue promulgada el 8 de abril de 2026 por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
La norma permitía que pequeñas propiedades agrarias tituladas pudieran convertirse voluntariamente en propiedades medianas. En términos prácticos, eso significaba que esas tierras podían ser utilizadas como garantía bancaria para acceder a créditos, financiamiento y operaciones económicas más amplias.
Según el Gobierno y sectores agropecuarios, el objetivo era facilitar inversión, productividad y acceso al sistema financiero para pequeños productores rurales.
Sin embargo, desde el inicio surgieron dudas sobre el verdadero alcance de la norma.
La principal preocupación: la tierra como garantía bancaria
El punto más cuestionado era que la ley podía transformar la relación entre la tierra y el sistema financiero.
En reportajes anteriores publicados por La Nube en alianza con Mongabay Latam, distintos especialistas y organizaciones advirtieron que permitir que tierras rurales funcionaran como garantía bancaria podía generar presión económica sobre pequeños propietarios y abrir la puerta a procesos de concentración de tierras.
La Fundación Tierra calificó la norma como “inconstitucional y regresiva”, argumentando que podía favorecer la reconcentración de tierras y debilitar indirectamente la propiedad colectiva indígena.
La investigadora de Fundación Solón, Fátima Monasterio, explicó a Mongabay que uno de los puntos más sensibles era la suspensión durante diez años de la verificación de la Función Económico-Social (FES), mecanismo mediante el cual el Estado controla si una propiedad cumple un uso productivo o sostenible.
Según Monasterio, esa flexibilización podía incentivar ampliación de frontera agrícola, presión sobre bosques y cambios de uso de suelo en regiones ambientalmente vulnerables.
En la misma línea, Leonardo Tamburini, director de la organización ORÉ, advirtió que la norma podía favorecer procesos de endeudamiento y eventual pérdida de tierras por parte de pequeños productores frente a actores con mayor capacidad económica.
Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), sostuvo además que la flexibilización de controles podía acelerar procesos de mercantilización de tierras en regiones ya afectadas por expansión agroindustrial.
El conflicto ambiental detrás de la ley
La oposición a la Ley 1720 no fue solamente económica o política. También tuvo un fuerte componente ambiental, según informó Mongabay.
Bolivia atraviesa una etapa crítica de incendios forestales, expansión agrícola y presión sobre territorios indígenas y amazónicos. En ese contexto, distintas organizaciones interpretaron la ley como una señal de flexibilización sobre el control territorial y ambiental.
Juan Pablo Chumacero, director de Fundación Tierra, señaló a que muchas propiedades ganaderas tituladas como pequeñas ya son utilizadas para agricultura mecanizada —especialmente soja— y que la nueva ley podía consolidar ese modelo sin mayores controles estatales.
Desde organizaciones indígenas también surgieron alertas.
Wilma Mendoza, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), afirmó que la norma podía abrir el camino hacia una mayor expansión del agronegocio sobre territorios indígenas.
Javier Fernández, presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando, sostuvo que el desarrollo rural no depende únicamente del acceso a créditos hipotecarios y advirtió que la norma podía incentivar más incendios, deforestación y presión sobre recursos naturales.
Por su parte, Marcelina Amironga, presidenta del Centro de Mujeres Indígenas Guarayas (CEMIG), cuestionó que la aprobación de la ley se realizara sin consulta previa a pueblos indígenas y comunidades directamente afectadas.
La desconfianza fue más fuerte que la explicación oficial
Uno de los factores que más alimentó el conflicto fue la sensación de que la ley avanzó demasiado rápido y sin suficiente debate público.
Muchos sectores reclamaron que no existieron procesos amplios de consulta ni mecanismos claros de participación con las comunidades potencialmente afectadas.
La discusión dejó de ser solamente técnica o jurídica y se convirtió en un problema político y social.
La marcha que puso el tema en el centro del país
La protesta más visible llegó desde el norte amazónico.
Organizaciones indígenas y campesinas de Beni y Pando caminaron durante 27 días desde Cobija hasta La Paz exigiendo la abrogación total de la ley.
La marcha logró instalar el tema en la agenda nacional y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos del descontento social de las últimas semanas.
Mientras tanto, distintos sectores comenzaron a sumar sus propias demandas: combustible, salarios, transporte, educación y crisis económica.
¿La Ley 1720 fue la única causa de los bloqueos?
No.
Pero sí terminó funcionando como uno de los principales detonantes políticos del conflicto.
La norma se mezcló con un contexto ya marcado por: la escasez de combustible, las denuncias por la llamada “gasolina basura”, la caída del poder adquisitivo, los bloqueos de transportistas, las protestas del magisterio, y malestar económico generalizado.
Por eso las movilizaciones crecieron tan rápido.
¿Qué pasa ahora tras la abrogación?
La anulación de la ley representa una victoria política para los sectores movilizados, pero no necesariamente resuelve el problema de fondo.
Representantes agropecuarios del oriente ya anunciaron que están dispuestos a trabajar en una nueva propuesta normativa enfocada en pequeños productores y acceso a financiamiento rural.
El debate sobre tierras, créditos, producción agrícola y protección territorial, por tanto, sigue abierto.
Y también queda pendiente una pregunta más profunda: cómo discutir reformas que afectan territorios y formas de vida rurales sin profundizar la desconfianza entre el Estado y las comunidades.Leer más: La ley de tierras del gobierno de Paz detona un nuevo conflicto con ambientalistas, pueblos indígenas y campesinos
