La mañana avanzaba con relativa calma en inmediaciones de la Asamblea Legislativa, hasta que una protesta reducida de maestros fue disuelta con el uso de la fuerza policial. En medio del operativo, la periodista Erika Segales, de El Deber, terminó gasificada, empujada y rodeada por varios efectivos, pese a haberse identificado como prensa.
Eran cerca de las 11:00 del 22 de abril cuando un grupo reducido de docentes —seis mujeres y dos varones— se encontraba sentado en el suelo, frente al Legislativo, exigiendo más ítems para educación. No había bloqueos ni enfrentamientos, solo consignas y resistencia pacífica. La intervención policial llegó primero con empujones y amenazas, pero escaló rápidamente.
“Por cada mujer protestante había varios policías. Llegaron directamente a gasificarlas en la cara y a levantarlas a empujones. Era una protesta pequeña, pero la respuesta fue totalmente desproporcionada”, relata la periodista de El Deber.
Segales se apartó hacia un costado, pegada a una de las paredes del edificio legislativo. Desde ahí registraba lo que ocurría: mujeres abrazadas entre sí para resistir, jaloneos, gritos. La escena le parecía excesiva, sobre todo por el despliegue policial. Fue entonces cuando los efectivos se acercaron hacia donde ella estaba.
“Uno me toma del brazo fuerte y me grita que tengo que salir. Yo le digo que no me toque, pero no me deja ni hablar. Llega otro y me rocía gas directo en la cara. Ahí ya no podía ver, no podía respirar”, recuerda.
Intentó identificarse. Sacó su credencial, explicó que era periodista. No sirvió. En segundos, la situación empeoró: más policías la rodearon y comenzaron a empujarla.
Lo que ocurrió con Segales no fue un hecho aislado. En medio del operativo, otros periodistas también fueron alcanzados por el gas y retirados por la fuerza.
“Yo no estaba protestando, no estaba interfiriendo. Solo estaba grabando. Aun así, me empujaban, me jaloneaban y me seguían echando gas. Había varios policías alrededor mío, era completamente innecesario”, sostiene.
Uno de sus colegas, que intentó auxiliarla, también fue gasificado en el rostro. Otra periodista terminó con la nariz sangrando, mientras que varios reporteros fueron obligados a retroceder a empujones. Según su recuento, al menos cinco periodistas fueron gasificados directamente y cerca de una veintena fue retirada por la fuerza.
“Había otras personas alrededor y a ellas no les hacían nada. A nosotros sí, nos identificaban por las credenciales. Era evidente que no querían que grabemos lo que estaba pasando”, afirma.
El despliegue policial —añade— contrastaba con la magnitud de la protesta. Los efectivos estaban equipados con cascos, escudos y máscaras antigás, como si se tratara de disturbios mayores. Del otro lado, maestros sentados en el suelo y periodistas con celulares y cámaras.
Para Segales, la intención fue clara: evitar que se registre la intervención. “Cuando ejercen violencia y no quieren que se registre, es cuando actúan así. Lo que buscan es intimidarnos, que la próxima vez no grabemos”, advierte.
Sin atención
Fuera del lugar, la escena fue otra: periodistas tratando de recuperarse como podían. Sin atención médica, sin protocolos y sin respaldo inmediato.
Se auxiliaron entre sí como pudieron y con los recursos que tenían a mano. La mayoría trabaja sin seguro de salud, debido a que cuenta únicamente con contratos temporales.
El gas dejó secuelas inmediatas: ardor en la piel, irritación en los ojos, dificultad para respirar.
Pero el impacto no fue solo físico. La experiencia también dejó una carga emocional difícil de procesar. “Da mucha rabia, impotencia. Te gritan, te empujan, te tratan como si estuvieras haciendo algo malo, cuando en realidad estás trabajando”, dice.
La periodista advierte que este tipo de agresiones no son nuevas. Asegura que existe un patrón en coberturas de conflicto, donde la prensa queda expuesta tanto por manifestantes como por fuerzas del orden, pero que en estos casos hay un elemento adicional: la intención de silenciar.
A pesar de ello, insiste en que el trabajo periodístico no puede detenerse. “Nosotros estamos ahí para mostrar lo que pasa. Si nos callan, la gente no ve”, reflexiona.
Por eso, remarca que lo ocurrido no debe quedar en una disculpa. “Necesitamos una investigación y sanciones. No puede ser que esto pase una y otra vez y no haya consecuencias”, concluye.
Cifras que aumentan
El 79,1% de las mujeres periodistas en Bolivia ha sufrido algún tipo de violencia relacionada con su labor, según un sondeo de la Fundación para el Periodismo realizado a 156 comunicadoras de áreas urbanas y rurales. Entre las formas más frecuentes se encuentran la violencia verbal e intentos de censura (42,5%), las amenazas e intimidaciones (25,5%) y el acoso o agresiones físicas (11,1%), lo que refleja un entorno adverso para el ejercicio periodístico.
El estudio también identifica que la inseguridad personal es el principal desafío durante las coberturas, mencionada por el 38,8% de las encuestadas. A esto se suman los prejuicios sobre sus capacidades por ser mujeres y las amenazas de autoridades o grupos de poder (35,5% en ambos casos), además de la falta de apoyo en campo (31,6%) y la desconfianza de la comunidad hacia las periodistas (28,3%).
En conjunto, los resultados evidencian que las mujeres periodistas enfrentan no solo riesgos de seguridad, sino también barreras estructurales de género que condicionan su trabajo. La Fundación para el Periodismo advierte que este escenario limita el ejercicio de la libertad de prensa y subraya la necesidad de fortalecer mecanismos de protección y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de su labor informativa.
