La vicepresidenta de la organización de mujeres indígenas mosetenes, Daily Margo Tenara Pacheco, expresó su preocupación por los posibles impactos ambientales y económicos derivados del pozo petrolero Mayaya 1, ubicado en el norte del departamento de La Paz, y denunció que el proyecto avanza sin un proceso adecuado de consulta previa.
La lideresa indígena advirtió que las comunidades cercanas podrían verse directamente afectadas, especialmente aquellas asentadas a orillas del río Beni.
El pozo petrolero Mayaya 1, conocido principalmente como Mayaya Centro-X1 o Mayaya X-1, es un proyecto exploratorio de YPFB en el norte del departamento de La Paz, Bolivia, que ha revelado un significativo potencial de hidrocarburos. Se ubica en la provincia de Caranavi, área Lliquimuni, y representa un hallazgo clave en la cuenca del Subandino Norte.
Endara remarcó su preocupación por el avance del proyecto sin participación de las comunidades. “Vemos que realmente vamos a sufrir afectaciones porque nosotros, como pueblos indígenas, no hemos sido tomados en cuenta, no ha habido la consulta previa”, dijo a La Nube.
La representante, proveniente de Palos Blancos en el norte de La Paz, explicó que la economía local se sostiene en la producción agroecológica. En la zona se cultivan cacao, cítricos, yuca y maíz, productos que se destinan tanto al mercado interno como a la exportación.
“Una mala manipulación o un derrame de petróleo nos va a quitar estos mercados externos a donde llegan nuestros productos, como el cacao”, afirmó.
Asimismo, indicó que el pozo se encuentra cerca de territorios indígenas y áreas sensibles, como Pilón Lajas, lo que incrementa la preocupación por posibles impactos ambientales. Varias comunidades, tanto de su organización como de territorios vecinos, dependen del río para la pesca y su vida cotidiana.
La dirigente también cuestionó la falta de información sobre los efectos del proyecto. “Nosotros necesitamos saber qué grado de contaminación vamos a tener”, expresó.
Aunque reconoció la importancia económica del proyecto para el país, sostuvo que las comunidades no buscan oponerse, sino exigir garantías para evitar daños ambientales y sociales.
El pronunciamiento se da en un contexto preocupante para los pueblos indígenas por el avance de actividades extractivas sin procesos de consulta ni información suficiente hacia las poblaciones directamente involucradas.
