La posibilidad de declarar un estado de excepción en Bolivia volvió al centro del debate político tras semanas de bloqueos, marchas y enfrentamientos en La Paz y El Alto. Mientras algunos sectores consideran que el Gobierno debería aplicar medidas extraordinarias para recuperar el control del orden público, otros advierten que una decisión de ese tipo podría agravar aún más la crisis.
Pero, ¿qué significa realmente un estado de excepción en Bolivia y qué implicaciones tendría?
¿Qué es el estado de excepción en Bolivia?
El estado de excepción es una medida extraordinaria contemplada en el artículo 137 de la Constitución Política del Estado (CPE). Puede declararse cuando existe:
- peligro para la seguridad del Estado,
- amenaza externa,
- conmoción interna,
- o desastres naturales.
La Constitución establece que la medida puede aplicarse en todo el territorio nacional o únicamente en las regiones afectadas por la crisis.
Eso significa que, en teoría, el Gobierno podría declarar un estado de excepción focalizado solo en determinados departamentos o ciudades si considera que la situación está concentrada en ciertas zonas.
¿Quién puede declarar un estado de excepción?
La declaratoria corresponde al Presidente del Estado.
Sin embargo, la medida no queda automáticamente consolidada. La Asamblea Legislativa Plurinacional debe pronunciarse dentro de las 72 horas posteriores a la declaración.
Ese punto es clave porque convierte al estado de excepción en Bolivia no solo en una herramienta jurídica, sino también política. Su continuidad depende de la correlación de fuerzas dentro del Legislativo.
¿Qué derechos no pueden suspenderse durante un estado de excepción?
Uno de los aspectos menos conocidos es que incluso bajo estado de excepción existen límites constitucionales.
La propia Constitución prohíbe suspender: las garantías de los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información, y los derechos de las personas privadas de libertad.
Eso significa que el estado de excepción no implica automáticamente una suspensión total del orden constitucional ni habilita restricciones ilimitadas.
¿Por qué se habla ahora de un estado de excepción en Bolivia?
El debate resurgió luego de una jornada marcada por enfrentamientos entre la Policía y distintos sectores movilizados — obreros, campesinos, vecinos alteños y grupos afines al expresidente Evo Morales — que intentaron ingresar por distintos puntos hacia la plaza Murillo, sede del Gobierno y la Asamblea Legislativa.
Los manifestantes lanzaron petardos, piedras y cargas de dinamita, mientras los agentes respondieron con gases lacrimógenos.
Tras esos hechos, líderes cívicos de Santa Cruz pidieron al Gobierno de Rodrigo Paz declarar un “estado de excepción sectorizado” en departamentos como La Paz. A esos pedidos se sumaron voces desde Tarija y Potosí.
“El artículo 137 de la CPE habla del estado de excepción y justamente es para estas situaciones. No necesita ser en todo el territorio nacional, sino en los puntos más álgidos”, afirmó el analista político Jorge Santistevan en declaraciones a Red Uno.
Sin embargo, el Gobierno descartó por ahora esa posibilidad.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aseguró el lunes que “no está en mesa un estado de excepción” y sostuvo que el Ejecutivo mantendrá el diálogo como principal mecanismo para enfrentar la crisis.
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¿Un estado de excepción resolvería la crisis?
Ahí aparece el verdadero debate político.
Quienes apoyan la medida argumentan que los bloqueos, enfrentamientos y episodios de violencia ya superaron los mecanismos ordinarios de control del orden público.
Pero quienes se oponen advierten que aplicar un estado de excepción en Bolivia en medio de una coyuntura tan polarizada podría aumentar la tensión social y generar una escalada mayor del conflicto.
En Bolivia, donde las crisis políticas suelen tener una fuerte dimensión territorial y social, el estado de excepción no es solo una figura jurídica. También es una decisión política de alto riesgo.
Y mientras continúan los bloqueos y enfrentamientos en La Paz, el debate sobre un posible estado de excepción en Bolivia probablemente seguirá creciendo en los próximos días.
