Cooperativas auríferas y gobierno entran en conflicto por acceso de minería a las áreas protegidas en Bolivia

Imagen principal: minería de oro en Bolivia. Foto: CEDIB.

Mongabay Latam

Los permisos para explotación minera en las áreas naturales protegidas de Bolivia han entrado en una nueva etapa. Mediante una resolución emitida en julio de 2023, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) decidió dejar de entregar más autorizaciones para permitir la explotación de oro en áreas naturales protegidas.

Esa no ha sido la única decisión que pone freno a la explotación minera de oro en las áreas protegidas de Bolivia. En setiembre de 2023, el juzgado de Rurrenabaque decidió aprobar el pedido de tutela de Acción Popular —procedimiento para proteger los derechos e intereses colectivos—, que presentó la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), para solicitar la paralización de toda actividad minera ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, así como en sus afluentes: Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje.

El pasado 6 de noviembre, cientos de mineros cooperativistas marcharon en La Paz y bloquearon varios puntos de la ciudad, para exigir la anulación de la resolución emitida por la AJAM, entre otros puntos de su pliego de reclamos. Ese día también tomaron el edificio del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Tras dos días de protestas, los más de 10 000 mineros que llegaron desde diferentes partes del país hasta la capital levantaron los bloqueos. El lunes 13 de noviembre se reunieron con el presidente de Bolivia, Luis Arce. Luego del encuentro, el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Ramiro Balmaceda, señaló que “continuaban en emergencia” y que quedaban suspendidas las medidas de protesta.

Un conflicto de larga data

“Los mineros hace años vienen profundizando su actividad aluvial en ríos y han visto un obstáculo en las áreas protegidas. La actividad minero aurífera ha tenido distintos momentos en los que han presionado al gobierno para que les permita ingresar a las áreas protegidas. El año pasado también hubo una marcha a La Paz en la que lograron un acuerdo con el gobierno”, recuerda Fátima Monasterio, coordinadora del Foro Social Panamazónico (Fospa).

Monasterio se refiere a la marcha que los mineros realizaron en octubre de 2022. En ese momento, el Ministerio de Ambiente y Agua y los cooperativistas mineros de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) firmaron un acuerdo para que se modifiquen los planes de manejo de tres áreas protegidas —Parque nacional y área natural de manejo integrado Cotapata, el Área natural de manejo integrado Apolobamba y el Parque Nacional Madidi— con el fin de permitir la explotación minera en las zonas restringidas. El acuerdo quedó sin efecto luego del rechazo de organizaciones ambientalistas y federaciones indígenas.

Las cooperativas mineras han presentado un pliego de reclamos con diez puntos. Uno de estos pedidos se refiere a la resolución emitida por AJAM este año. De acuerdo con esta resolución se “deja sin efecto el reglamento para la otorgamiento de derechos mineros en áreas protegidas”. El reglamento al que se hace mención permitía la actividad minera en áreas protegidas, mediante un Certificado de Compatibilidad de Usos (CCU) emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

En la misma resolución de la AJAM se menciona que “en los hechos se distorsionó el objeto principal que dio lugar al citado reglamento (…), pues se emitieron Certificado de Compatibilidad de Usos (CCU) con firmas no autorizadas. Además, el documento incluye la decisión del Sernap de restringir de manera absoluta la actividad minera en el Parque Nacional Madidi; rechazar las solicitudes de suscripción de nuevos contratos administrativos mineros en el Parque Nacional Cotapata, así como en las áreas protegidas Manuripi, Tunari y Otuquis. La resolución también menciona que el Sernap decidió anular los Certificados de Compatibilidad de Usos (CCU) en las áreas protegidas Madidi, Cotapata y Pilón Lajas.

“Se está viendo una reacción por parte del sector minero. Digamos que se abre una nueva época de un ‘estire y afloje’ entre dos sectores que ven chocar sus intereses y sus derechos”, agrega Monasterio sobre los reclamos de los cooperativistas ante la AJAM y el Sernap.

Monasterio también explica que el problema de la minería tiene, por un lado, a aquellos que realizan la actividad de manera ilegal, es decir, sin ningún permiso. Pero también están quienes han solicitado permiso, pero sin tenerlo inician sus actividades mineras. “Son cooperativistas que están intentando tramitar su permiso, pero no lo tienen aún. Están en un claro-oscuro”. Y un tercer grupo que son los mineros formalizados.

“Esos tres grupos suman todo el caos de la minería. Entonces, muchas de las cooperativas que están en las áreas protegidas se encuentran en el segundo grupo que está intentado hacer viable su actividad. Incluso, en algunos casos se han emitido los CCU en zonas núcleo, es decir, en lugares en donde la minera está estrictamente prohibida. Con la última resolución del Sernap estos permisos quedarán nulos, sin efecto. Por eso les afecta tanto”, aclara Monasterio.

Revisión de permisos en áreas protegidas

El presidente de Fecoman, Ramiro Balmaceda, ha señalado que hay contratos preconstituidos que tienen los mineros en áreas protegidas, es decir, las concesiones mineras que fueron concedidas antes de la creación de las áreas protegidas y aquellos que “están en espera en AJAM” para ser otorgados.

Balmaceda también aseguró que las cooperativas mineras no buscarán entrar a las áreas protegidas si estas están restringidas. Sin embargo, entre los puntos de su pliego de reclamo también incluyen la “prosecución de trámites de adecuación en áreas forestales y áreas protegidas de derechos preconstituidos” y la “ampliación de plazos para la prosecución de adecuación de derechos preconstituidos, en casos especiales y/o titulares”.

Mediante un comunicado, el Sernap señaló que “está prohibido el desarrollo de actividades mineras nuevas” dentro de las áreas protegidas Madidi, Pilón Lajas, Cotapata y Apolobamba. “Dicha prohibición está respaldada por la Constitución Política del Estado, la Ley del Medio Ambiente y el Reglamento General de Áreas Protegidas. Por lo tanto, no es posible otorgar derechos mineros nuevos, ni la suscripción de Contratos Administrativos Mineros en estas áreas”, señala el comunicado.

El Sernap también asumió su “responsabilidad de corregir equívocos administrativos generados en gestiones pasadas, que otorgaron la emisión de Certificados de Compatibilidad de Uso de Suelo (CCUs) en zonas incompatibles con la actividad minera y sin cumplir normas ambientales de protección”.

En su comunicado, el Sernap también “reconoce que los CCUs emitidos en anteriores gestiones se realizaron indebidamente en desconocimiento de la normativa ambiental relacionada con las áreas protegidas”. En consecuencia —asegura Sernap— se llevará a cabo un análisis progresivo para determinar la nulidad de estos CCUs en las áreas protegidas Madidi, Pilón Lajas, Cotapata, San Matías y Tunari.

En cuanto a los derechos mineros preconstituidos en las áreas protegidas, uno de los principales reclamos de las cooperativas auríferas, el Sernap indica que existe una contradicción en la Ley de Minería y Metalurgia con respecto al reconocimiento y respeto de los derechos mineros preconstituidos y la obligatoriedad del cumplimiento de las normas ambientales en áreas protegidas.

“Hay una cosa extraña que se les ha dicho a los cooperativistas aquí en La Paz. Y es que veo a miles de bolivianos manifestándose, pero no veo ni un chino ni un colombiano y, cuando voy a las minas de oro, me encuentro a cada paso con chinos y colombianos. Están en todas partes explotando el oro boliviano en nombre de las cooperativas. Parece, entonces, que hay una presión de parte de estos socios extranjeros para entrar a las áreas protegidas”, señala Héctor Córdova, especialista en Minería de la Fundación Jubileo.

Córdova comenta que los cooperativistas se respaldan en los derechos preconstituidos. “La ley boliviana permite que quienes tenían derechos previos a la determinación del área protegida continúen realizando estas actividades”, explica.En el caso del Madidi —señala Córdova— existen zonas dedicadas al turismo, otras con ingreso restringido, también lugares donde están asentadas comunidades indígenas y otras zonas donde sí se puede hacer alguna actividad extractiva. “Lo que piden las cooperativas es que se amplíe la zona donde se pueden hacer actividades extractivas”, asegura.

El especialista en minería de la Fundación Jubileo agrega que tras la reunión entre los cooperativistas y el presidente de la República, Luis Arce, se han formado comisiones —con representantes de los ministerios y los cooperativistas— que deberán dar solución al pliego de reclamos de las cooperativas auríferas.