El Gobierno anunció que busca posicionar al país como beneficiario del Tropical Forest Forever Facility (TFFF), un mecanismo internacional que recompensa el buen desempeño en conservación forestal. Sin embargo, las reglas conocidas del fondo y los datos más recientes sobre deforestación muestran que Bolivia enfrenta un desafío considerable para cumplir las condiciones de ingreso.
Mientras el Gobierno anunció que busca convertir a Bolivia en beneficiaria del Tropical Forest Forever Facility (TFFF), el mayor mecanismo internacional de financiamiento para la conservación de bosques tropicales, los datos disponibles sobre deforestación muestran un escenario muy distinto al que el fondo busca incentivar.
Según informó la Agencia Boliviana de Información (ABI), el interés por incorporarse al TFFF fue uno de los principales temas abordados durante la reunión sostenida el 1 de julio de 2026 entre el ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero Pinto, y el ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega, Andreas Bjelland Eriksen, en el marco de la London Climate Action Week.
De acuerdo con el reporte oficial, Bolivia pretende “posicionarse como país beneficiario” del TFFF, participar en su gobernanza y conformar un grupo técnico bilateral con Noruega para avanzar en ese objetivo.
El anuncio proyecta una imagen de liderazgo climático. Sin embargo, las reglas actualmente conocidas del fondo y los indicadores internacionales de pérdida de bosques plantean una pregunta inevitable: ¿está Bolivia hoy en condiciones de acceder a un mecanismo diseñado para premiar el buen desempeño en conservación forestal?
Qué es el TFFF y cómo funciona
El Tropical Forest Forever Facility (TFFF) fue lanzado oficialmente durante la COP30, celebrada en Belém (Brasil) en noviembre de 2025.
A diferencia de otros fondos ambientales, el TFFF no financia proyectos específicos. Su modelo consiste en reunir aportes de gobiernos, organismos internacionales e inversionistas para crear un gran patrimonio financiero.
Si alcanza su objetivo de US$125.000 millones, se convertirá en el mayor mecanismo de financiamiento combinado (blended finance) creado para la conservación de bosques tropicales.
La lógica del fondo es distinta a la de un programa tradicional de cooperación: el capital no se reparte entre los países. Ese dinero permanece invertido y únicamente los rendimientos financieros generados cada año se destinan a realizar pagos a los países que cumplan los criterios del mecanismo.
El esquema contempla un pago base de US$4 por hectárea de bosque tropical conservado, pero esos recursos disminuyen cuando aumenta la deforestación o la degradación forestal, medidas mediante monitoreo satelital independiente.
Hasta ahora, el TFFF ha asegurado más de US$5.500 millones en aportes comprometidos por países patrocinadores para constituir ese capital inicial, con Noruega entre sus principales impulsores. Esos recursos no se distribuirán entre los países beneficiarios: servirán para generar los rendimientos financieros que alimentarán el fondo de manera permanente.
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Las reglas del fondo favorecen a quienes ya conservan sus bosques
El diseño del TFFF parte de una lógica distinta a la de otros mecanismos climáticos.
No busca financiar a los países para que comiencen a reducir la deforestación, sino recompensar a aquellos que ya mantienen bajas tasas de pérdida de bosque, generando un incentivo económico para conservarlas.
El documento conceptual del fondo establece una tasa de deforestación anual inferior al 0,5% como umbral de ingreso al mecanismo, además de pagos calculados sobre la superficie conservada y descuentos por cada hectárea deforestada o degradada.
El World Resources Institute (WRI) resume esa lógica de forma clara: el TFFF fue concebido para premiar a los países que ya registran un desempeño favorable en conservación forestal y ayudarlos a mantenerlo.
Con las reglas actualmente conocidas, solo 20 de los 74 países tropicales elegibles cumplirían inmediatamente las condiciones para recibir pagos.
Bolivia no figura entre ellos.
La realidad de Bolivia
Los datos internacionales muestran una tendencia opuesta a la que busca incentivar el fondo.
Según Global Forest Watch y la Universidad de Maryland, Bolivia perdió 1,48 millones de hectáreas de bosque primario en 2024, tres veces más que el año anterior.
El país concentró alrededor del 20% de toda la pérdida mundial de bosque primario, convirtiéndose en el segundo país más afectado del planeta, solo por detrás de Brasil y por encima de la República Democrática del Congo, pese a contar con una superficie forestal considerablemente menor.
Los incendios explicaron el 59% de esa pérdida, mientras que el desmonte para la expansión agropecuaria alcanzó cifras récord. Global Forest Watch atribuye gran parte de ese proceso al cambio de uso del suelo para ganadería y cultivos como soya, caña de azúcar, maíz y sorgo.
La tendencia tampoco se revirtió en 2025. El informe publicado por Global Forest Watch en 2026 volvió a ubicar a Bolivia como el segundo país con mayor pérdida de bosque primario del mundo.
La Fundación Tierra añade otra dimensión al problema: estima que la deforestación boliviana es 12 veces superior al promedio mundial y que, durante los últimos cinco años, más de 12 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios forestales.
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Las normas que explican la deforestación
Las cifras no son únicamente el resultado de fenómenos climáticos.
Diversos centros de investigación atribuyen parte importante del incremento de la deforestación a un conjunto de normas aprobadas durante los últimos años para ampliar la frontera agrícola.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) identificó, en un informe presentado ante el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, un paquete integrado por seis leyes, dos decretos supremos, dos resoluciones de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y otras disposiciones administrativas conocidas como las “normas incendiarias”.
Según ese análisis, dichas normas facilitaron desmontes, quemas controladas y cambios de uso del suelo con el objetivo de ampliar la frontera agrícola de tres a trece millones de hectáreas.
Organizaciones ambientales sostienen que ese marco normativo contribuyó a crear las condiciones para los incendios forestales de gran magnitud registrados durante los últimos años.
Las normas continúan vigentes bajo el gobierno de Rodrigo Paz, que además eliminó el Ministerio de Medio Ambiente y Agua como cartera independiente.
Bolivia tampoco forma parte de la Declaración de Líderes de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra, suscrita por más de 130 países con el compromiso de detener y revertir la deforestación hacia 2030.
Una apuesta por cambiar las reglas
El anuncio realizado por el Gobierno no implica necesariamente que Bolivia cumpla hoy los requisitos del TFFF.
El propio mecanismo continúa evolucionando y existen propuestas para revisar algunos de sus criterios de elegibilidad.
Entre ellas figura la planteada por WWF, que propone flexibilizar el umbral de ingreso para permitir una participación más amplia de los países tropicales.
Además, Bolivia anunció la creación de un grupo técnico con Noruega para fortalecer las capacidades institucionales y los sistemas de monitoreo forestal requeridos por el mecanismo.
Si esos criterios cambian, el escenario también podría hacerlo.
Con las reglas conocidas hasta ahora, Bolivia enfrenta un desafío considerable para acceder a un fondo concebido para recompensar a los países que ya mantienen sus bosques en pie. El propio World Resources Institute, en su análisis del mecanismo, señaló que un buen resultado sería que países como Bolivia pudieran calificar para el TFFF en los próximos años. Ese condicional lo dice todo.
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