Del escándalo al olvido: corrupción en 500 respiradores

En abril de 2020, durante la primera ola del coronavirus, el Gobierno boliviano adquirió 170 ventiladores españoles y 324 respiradores chinos. Ambas compras se hicieron por 16,3 millones de dólares. Los errores y la falta de transparencia que hubo en ambas adquisiciones derivaron en procesos contra autoridades y un supuesto daño económico al Estado por sobreprecio y el perjuicio en la población que nunca usó plenamente esos equipos. Ha pasado casi un año del caso con un proceso aletargado que no tiene resolución en la justicia.


La muerte por Covid -dice el médico intensivista Bonifacio Taqui- “dura varias horas…, incluso días, y es una muerte… yo creo que de las peores”.

Taqui habla con pausas, entregando respuestas seguidas de silencios. A principios de este año esperaba ser transferido del Hospital Solomon Klein, el centro médico donde dio dura batalla en la primera ola de la pandemia y donde sintió, como ocurrió en todos los nosocomios del país, la escasez de respiradores para pacientes críticos.

A mediados de 2020, Taqui vivió en ese centro médico algunos de los momentos más duros de su carrera. La enfermedad lo sobrepasó, a él y a sus colegas. Los pocos respiradores que tenían estaban ocupados y los que el Gobierno transitorio compró no sirvieron.

En abril de 2020, el ministerio de Salud de Bolivia adquirió 170 ventiladores españoles que nunca utilizaron porque llegaron incompletos y permanecen almacenados en depósitos de la cartera de Estado. Llegaron después 324 respiradores chinos que no permitían monitorear al paciente. En algunos hospitales, como el Solomon Klein, después de una revisión cuidadosa, los médicos prefirieron dejar de usarlos porque “estaban matando gente”.

Los casi 500 respiradores adquiridos en el pico de la pandemia por el Gobierno transitorio no solo no sirvieron, sino que se compraron con aparentes sobrecostos y tratos preferenciales con los contratistas, según la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Casi un año después del escándalo de la adquisición de los ventiladores con alto precio y nula utilidad, Página Siete y CONNECTAS accedieron a testimonios, documentos y dos informes realizados por una comisión de investigación de la Asamblea Legislativa y por la Contraloría General del Estado que dan cuenta de  al menos seis irregularidades en las que incurrieron exautoridades y funcionarios públicos, la mayoría de ellos del Ministerio de Salud. Estas irregularidades van desde omisiones administrativas, apuros que ocasionaron daños irreparables y la ausencia de transparencia.

Entre abril y mayo de 2020, el Gobierno de transición de Jeanine Añez hizo dos grandes compras de respiradores: la primera corresponde a 170 ventiladores españoles marca RESPIRA, adquiridos al intermediario IME Consulting por 4.773.600 dólares. La segunda fue de 324 respiradores chinos de la fábrica Yuesen Med, adquiridos al intermediario Grupo AGEM por 11.621.232 dólares.

Estas adquisiciones se hicieron en el marco del Decreto Supremo 4174, el cual permite hacer compras directas, pero obliga a que la información de los contratos se publique en el Sistema Contrataciones Estatales (SICOES). Ha pasado casi un año desde entonces y ninguna de las transacciones se ha hecho pública en el sitio de contrataciones ni ha merecido un informe público de las instancias involucradas.

Cuatro días maratónicos y seis irregularidades

“¡Bueno! No sé en qué partecita no había irregularidades. Todos los procedimientos los hemos ido expresando por partes y en todas había irregularidades (…) Equipos que ni siquiera fueron revisados, ni siquiera fueron recibidos, ¡ni siquiera fueron entregados! Porque de lo que se trataba era de hacer campaña para alguien que se convirtió en candidata”, declaró a este medio el exsenador del MAS, Ciro Zabala, quien presidió la Comisión Mixta de Investigación del caso respiradores el año pasado.

Se refiere a las pesquisas de los ventiladores españoles pues los asambleístas no pudieron acceder a suficiente información en el caso de los 324 respiradores chinos, por lo que aún no emitieron reportes al respecto.

El 8 de mayo de 2020 el entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, ordenó comprar 170 ventiladores españoles marca RESPIRA a través del intermediario IME Consulting. Señaló que se hiciera de acuerdo a especificaciones técnicas que en realidad correspondían solo a un folleto del propio fabricante (RESPIRA).

La Contraloría observó que definir las especificaciones técnicas de los equipos no era atribución de Navajas, sino de la Dirección Técnica de la AISEM (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento), y que además se debía haber consultado con médicos intensivistas qué tipo de equipos serían útiles para tratar a pacientes de covid-19, pero esto no se lo hizo.

Consultada para este reportaje, Audalia Zurita, la abogada el ahora exministro Navajas, que su cliente tenía todas las credenciales para saber qué tipo de respiradores se necesitaban. “El doctor Navajas es neumólogo, entonces él sabe lo que se necesita y cuál es el equipo que se tiene que utilizar, por lo menos entre los que estaban disponibles (…) No había otros que se estuvieran ofreciendo en el mercado ni que estuvieran disponibles de forma inmediata”.

El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva filial Santa Cruz, José Luis Prieto, indicó a Página Siete que esos ventiladores no servían para tratar a pacientes críticos -tal como constató la comisión técnica que revisó los equipos después de su entrega- y lamentó que el Gobierno no consultara a los especialistas al momento de hacer una compra tan importante.

Al final de cuentas, útiles o no, los ventiladores no fueron implementados ya que se archivaron en depósitos del Ministerio de Salud cuando se iniciaron las investigaciones por corrupción, pocos días después de que llegaron al país.

Otra de las irregularidades detectadas es la falta de boleta de garantía en el proceso de adquisición de los respiradores. De acuerdo a los formularios de especificaciones técnicas, IME Consulting prometió emitir un documento para garantizar el cumplimiento contractual si es que se pedía un anticipo; es decir presentar un cheque que el ministerio de Salud podría cobrar en caso de que los equipos no cumplieran con los requerimientos. El adelanto del 50% del monto total fue solicitado y pagado por el Gobierno boliviano, pero la boleta de garantía nunca se emitió.

La Contraloría consideró que hubo un daño económico al Estado ya que el anticipo entregado (alrededor de 2 millones de dólares) nunca pudo ser recuperado.

El abogado de IME Consulting, Ramiro Vega, consultado para esta investigación, indicó que debido a que la entrega de los ventiladores fue inmediata después de recibido el anticipo no correspondía emitir una boleta de garantía, la cual es más bien viable cuando los plazos de entrega son más largos.

La tercera irregularidad es el pago adicional por el transporte de los equipos. El 11 de mayo se firmó el contrato con un plazo de entrega inverosímil. Se esperaba que los equipos llegaran desde España a Bolivia en menos de 24 horas, es decir el mismo 11 de mayo.

Los 4,7 millones de dólares incluían los costos de transporte entre ambos países. Pero sabiendo que el plazo de entrega no se cumpliría el exministro Navajas ordenó contratar un avión para traer la mercancía. El 12 de mayo el director de la AISEM, Geovanni Pacheco, contrató el vuelo por 230.000 dólares, un monto que no se descontó al proveedor y que representó otro daño económico para el país.

A su llegada a Bolivia, los equipos no fueron recibidos por la comisión técnica encargada de evaluar su estado, lo que se constituye en otra irregularidad, según el informe de la Asamblea legislativa.

El avión cargado con los ventiladores llegó a Bolivia el 14 de mayo de 2020. Los procedimientos legales señalan que una comisión debía recibir el producto para constatar que todo esté en orden. Sin embargo, mientras los integrantes de dicha comisión viajaban a Santa Cruz para hacer su trabajo, la entonces presidenta Jeanine Añez, acompañada de dos ministros, ya repartía los equipos sin que éstos hubieran sido revisados.

No fue sino hasta el 19 de junio de ese año que la Comisión de Recepción pudo revisar los ventiladores que ya se habían distribuido en todo el país. Fue entonces que advirtió que éstos no cumplían con los requerimientos técnicos esperados ni con lo prometido por IME Consulting. “Es decir que el equipo no es apto para uso en Unidades de Cuidados Intensivos”, concluía un informe de esta comisión.

Extractos del informe que señala que los ventiladores españoles no cumplían con las características prometidas. Fuente: Contraloría General del Estado.

IME Consulting no entregó el software ni otros accesorios necesarios para el funcionamiento de los ventiladores puesto que no había recibido todo el pago. Pasó otro mes más para que la empresa respondiera que las observaciones de la AISEM podían subsanarse si los ventiladores se actualizaban y completaban con las piezas que ya habían sido compradas por el intermediario en mayo. Según la empresa, el Gobierno no respondió a sus requerimientos para entregar las piezas faltantes.

“Si bien su institución ha recogido efectivamente parte de los equipos de la ciudad de Barcelona bajo los alcances del contrato y el Incoterm FCA, a la fecha se encuentra pendiente de parte de AISEM, como compradora, el recojo del resto de los equipos y accesorios para la recepción definitiva y el pago del saldo adeudado; lo cual, esperamos suceda la brevedad posible, ya que estamos a la espera de su comunicado desde el 11 de mayo de 2020”, dice un correo electrónico que envió a la AISEM Ignacio Mazarrasa, propietario de IME Consulting.

El abogado de IME Consulting, Ramiro Vega, consultado para esta investigación responsabilizó al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, del apuro con el que se enviaron los ventiladores, prisa que –según él- ocasionó que los mismos llegaran incompletos. “El señor Murillo quería hacer un show político de entrega de sus equipos. Exigió y pidió que se los traigan en el avión de BOA”.

Página Siete intentó contactarse con Murillo para conocer su versión sobre esta acusación, pero no fue posible hablar con él, quien se encuentra como prófugo de la justicia.  

Vega dijo que se explicó al Ministerio de Salud que no se podía entregar los ventiladores con todos sus accesorios en el tiempo que el Gobierno requería, que se demoraría por lo menos 10 días.

“Pero la gente del Gobierno boliviano insistió en decir: ‘Envían los respiradores como los tienen, hacemos el acto político y luego los completan con lo que falta’. Por eso el Gobierno boliviano decidió gastar más de 200 mil dólares en el avión sólo por llevar esos equipos a ese acto político con Arturo Murillo y Jeanine Añez que exigieron tener el show político en esa fecha (14 de mayo)”, acotó el jurista.

La cuarta irregularidad detectada es que ninguna de las dos adquisiciones de respiradores (la de los ventiladores españoles y la de los chinos) se registró en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) ni en la página web del Ministerio de Salud ni en los registros de la Contraloría. Se incumplió lo dispuesto en las normas generales de contrataciones y en el propio decreto bajo el cual se hicieron estas compras.

De forma extraña, el Ministerio de Salud sí publicó en el SICOES documentos de un contrato fallido con la empresa contrato firmado con la empresa LEVON S.A. Sucursal Bolivia para traer 176 ventiladores chinos, pero no se difundió oficialmente nada de aquellos contratos que sí se concretaron y que fueron después sujetos a investigaciones por presuntos sobreprecios y actos de corrupción.

La directora General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal, Rocío Quinteros (quien se encarga del Sistema de Contrataciones Estatales), aclaró que su despacho no tiene la obligación de verificar la veracidad de las publicaciones que se hacen en dicha plataforma web, ni siquiera de exigir que los contratos realizados por el Estado sean publicados. Esto, aseguró en respuesta a un cuestionario para esta investigación, es una tarea de las mismas entidades contratantes.

La directora recomendó que la pregunta de por qué no publicó el proceso de compra en el SICOES se hagan al comprador, es decir al Ministerio de Salud. Sin embargo, esta institución nunca respondió a los constantes requerimientos de información que se hicieron para esta investigación y aún guarda silencio sobre el tema.

El posible sobre precio en la adquisición de los equipos es otra de las regularidades detectadas. El Gobierno pagó por cada aparato con sus accesorios 28.080 dólares, pero la fábrica GPA Innova los vendía a 7.194 dólares. Pero como las autoridades compraron los respiradores de la intermediaria IME Consulting y no directamente del fabricante, el precio subió en más de cuatro veces.

De haber pagado lo justo, el Gobierno boliviano debió erogar 1,2 millones de dólares en la operación, pero terminó comprometiendo 4,7 millones de dólares, de los cuales se pagó 50 por ciento por adelantado y se quedó debiendo el otro 50 por ciento. El dinero para la adquisición fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Aunque el caso sigue en investigación, para el fiscal Omar Mejillones, quien investiga la compra de los 170 ventiladores, habría un acto de corrupción que explicaría este favorable contrato con el intermediario.

Mejillones, consultado para este reportaje, explicó que hay indicios de que se infló el precio y apunta a tres personas. Dijo que, según declaró Luis Fernando Humérez (empresario vinculado al Movimiento Al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales), se añadió hasta 8.000 dólares al precio real de cada ventilador para repartirse el dinero con el socio de IME Consulting, Iñaki García, y el exasesor jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela.

Este medio se contactó con Iñaki García, quien dijo no tener nada que contar. También se intentó conversar con el abogado de Valenzuela, quien se halla detenido por el caso; pero no respondió hasta la publicación de este reportaje.

Marcelo Rollano, abogado de Humérez, dijo que su cliente no tuvo nada que ver en el precio de esta compra y que su primera declaración fue hecha por presión política. Aclaró que el interés de su defendido era obtener una representación de IME Consulting en Bolivia para ofrecer mantenimiento y asesoramiento en el uso de los equipos españoles.

Con el afán de demostrar que no hubo sobreprecio, IME Consulting difundió algunos documentos de las compras que realizó. De acuerdo a estos papeles el intermediario tenía previsto gastar 3,7 millones de dólares y obtener una ganancia neta de algo más de un millón. Sin embargo, es imposible conocer con precisión si IME gastaría los 3,7 millones o acaso menos en la compra y entrega de los respiradores a Bolivia.

Puedes revisar los documentos en este enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1BVS528nhNXzQyfnfqyzTGEF-dAlK0UX6?usp=sharing

“Esos respiradores chinos están matando gente”

“Mire, esos respiradores chinos, por lo que nos cuentan los colegas que tuvieron la oportunidad de usarlos en el Solomon Klein, están matando gente”, relató el presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva filial Santa Cruz, José Luis Prieto, haciendo referencia a los 324 equipos que llegaron para combatir la pandemia.

El Solomon Klein fue uno de los tres hospitales centinela en Cochabamba que a mediados de junio recibió algunos de los 324 respiradores chinos modelo WDH-1, los cuales fueron adquiridos por el Gobierno boliviano a la fábrica Yuesen Medical Equipment a través del intermediario español Grupo AGEM por 11,6 millones de dólares.

“Estas máquinas no tenían sensores especiales. La máquina podía dar aire, pero no medía cuánto salía, y al tener ese problema hace que el pulmón se vaya hinchando, aumenta la presión, se daña o revienta el pulmón”, explicó el intensivista Mauricio Mercado, quien trabajaba en el Solomon Klein antes de que lo enviaran al hospital Materno Infantil. 

“Después de múltiples revisiones técnicas con los médicos del área se concluyó que es un ventilador muy básico para una patología tan severa como es el distrés respiratorio agudo. No podemos decir que haya habido decesos por el ventilador, sino porque no se ha podido monitorear al paciente con el ventilador”, añadió Taqui, quien trabajó codo a codo con Mercado durante la primera ola del coronavirus.

La compra de estos respiradores, realizada a principios de abril, se mantuvo oculta por varios meses hasta que se filtró a la prensa documentos del envío de los equipos. Hasta la publicación de este reportaje no se conoce el contenido del contrato firmado con el GRUPO AGEM, una empresa española ligada a hechos de corrupción en otros países.

A finales de agosto, el Gobierno informó que pagó 11.621.232 dólares por los 324 respiradores chinos, 35.868 dólares por cada uno. Pero ese monto incluía el transporte y garantías; el “precio simple” por cada equipo salido de fábrica –según el Ejecutivo- era 18.500 dólares. No obstante, los documentos obtenidos por la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa señalan que los respiradores embarcados a Bolivia costaban entre 10.939 y 13.190 dólares.

Página Siete se contactó con el intermediario GRUPO AGEM para conocer su posición ante las acusaciones de mal funcionamiento de los respiradores y el presunto sobreprecio. La respuesta llegó a través de correo electrónico: “Los equipos suministrados están calificados internacionalmente como aptos para la lucha contra la Covid-19. Esos mismos equipos han sido suministrados a multitud de países, tanto de Europa como de Latinoamérica, tales como Argentina, Brasil, Paraguay y España. Tenemos opiniones de médicos intensivistas, tanto bolivianos como españoles, que acreditan tanto el correcto funcionamiento de los equipos como su idoneidad para la finalidad para la que han sido fabricados”.

Con relación al supuesto sobreprecio, la empresa aseguró que no hubo tal: “No ha existido ningún sobreprecio, y toda la documentación económica y técnica se ha facilitado a las autoridades judiciales”.

Página Siete también intentó obtener información sobre este caso en el Ministerio de Salud y en el Ministerio Público, pero las respuestas nunca llegaron.

Mientras la investigación continúa en el Ministerio Público, casi 500 respiradores se encuentran en depósitos, sin uso, cuando son altamente necesarios en Bolivia que actualmente cuenta con 650 unidades de terapia intensiva.

Más equipos e insumos es el pedido de asociaciones de médicos y trabajadores de salud que permanecen en alerta ante el alza de casos de Covid-19 y la inminente llegada de la tercera ola de la pandemia. En Bolivia ha comenzado el 1 de abril la vacunación masiva, pero avanza lentamente mientras crece la amenaza por la cepa amazónica que hace estragos en Brasil, país con el que Bolivia comparte 3.423 kilómetros de frontera.

El médico Taqui recuerda todavía los días de terror de la primera ola, recorriendo los pasillos del Solomon Klein abarrotados de pacientes sin muchas posibilidades de que sobrevivan.

“Nosotros hacíamos un recorrido una vez que ingresábamos. Bajábamos a Emergencias a valorar pacientes, a ver si podíamos apoyar, pero la mayoría necesitaba ventilación mecánica y nuestra UCI, que tiene seis camas, estaba completamente llena. No había posibilidad de ventilarlos y la familia tenía que buscar otros espacios. En la segunda vuelta que hacíamos por la tarde, pues ya no había pacientes… habían muerto”.


Gobierno transitorio sostuvo que fue “una conspiración”

Acorralado por el escándalo por la compra irregular de respiradores, el Gobierno de transición argumentó que fue “una conspiración”. Casi un año después, con el MAS nuevamente en el poder, suman las exautoridades imputadas.

En medio de la pandemia, a mediados del 2020, Bolivia vivía también un conflicto político. El Movimiento Al Socialismo (MAS) se había convertido en la nueva oposición al dejar el poder después de 14 años, y el Gobierno de transición señalaba al partido de Evo Morales como el responsable de las irregularidades cometidas en la adquisición de respiradores.

En el escándalo en medio de la crisis sanitaria, el 25 de junio de 2020, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo en conferencia de prensa que el caso de los 170 respiradores españoles “no fue corrupción, sino una conspiración del MAS”.

Su teoría se basaba en conversaciones telefónicas realizadas entre Fernando Valenzuela, funcionario del Ministerio de Salud ligado al Movimiento Al Socialismo (MAS) y Fernando Humérez, empresario que también era afín ese partido político. Entonces ambos estaban detenidos, pero iban a beneficiarse después con detención domiciliaria.

 La defensa de los implicados sostiene, sin embargo, que dicha acusación fue un intento de “lavarse las manos” de parte de las ahora exautoridades.

La Policía aseguró entonces que Valenzuela se comunicó varias veces con altos dirigentes del MAS como el expresidente Evo Morales; el líder cocalero y actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; el vicepresidente de este partido en Cochabamba, Orlando Zurita Rojas; la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria; e incluso con la ministra de Salud en la gestión de Evo, Gabriela Montaño.

Se expuso también una conversación entre Valenzuela y el hermano de la exministra Montaño, Carlos Montaño. Ese chat de WhatsApp dice: 

Rodrigo Montaño: Hermano tenemos un huevo de cosas que hablar, pero esencialmente hablemos por lo menos de dos. ¿A qué hora puedes? Hablemos porfa. Por si acaso, uno de ellos es personal, así que cuando puedas tírame un mensajito cuando puedas hablar, hermano.

Valenzuela: Hermano, estoy jodido. Han intervenido mis teléfonos. Tienen sospechas jodidas que sigo ayudando y en contacto con ustedes. El otro día tuve una reunión con Murillo que me amenazó con cárcel.

Rodrigo Montaño: Y… sabíamos que podía pasar. No sé cómo es tu situación, pero creo que hay que organizar las alternativas de salida.

 “Saquen ustedes sus propias conclusiones. Nosotros trabajaremos para que exista trasparencia en nuestro pueblo. Más que corrupción, es una conspiración”, sostuvo entonces Murillo, actualmente lejos del país y requerido por la justicia.

 Consultado para este reportaje, el abogado de Fernando Humérez, Marcelo Rollano, cuestionó que se hayan establecido conspiraciones con base en llamadas telefónicas. Explicó que su cliente sí se contactó con Evo Morales, pero sólo para “preguntar cómo se encontraba y nada de asuntos internos”.

Tras la detención de los primeros funcionarios por el caso, la entonces presidenta Jeanine Añez manifestó que se sentía “indignada” ante los posibles actos de corrupción en la compra de 170 respiradores y prometió una investigación del caso hasta castigar a los responsables, “caiga quien caiga”.

“Cómo es posible que alguien intente robarle a los bolivianos en pleno sacrificio como el que estamos viviendo. Quiero comprometerme ante ustedes a tres cosas: a trabajar para que cada centavo que hubieran robado, sea devuelto; me comprometo a impulsar todo el peso de la ley contra los que hayan cometido corrupción. He instruido que la investigación de este tema llegue hasta el fondo caiga quien caiga”, anunció la mandataria en un mensaje el 19 de junio.

Semanas después, instruyó una auditoria a la   Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Agemed) que centraliza las compras estatales en la pandemia,

 No obstante, no se conocen los resultados de esa auditoría y tampoco hay resoluciones judiciales sobre los responsables de las irregularidades no sólo en la compra de los ventiladores españoles, sino también en la de los respiradores chinos.

Los principales acusados por el primer caso se mantienen en detención domiciliaria tras permanecer meses detenidos.

En febrero pasado la justicia imputó a Eidy Roca, ministra de Salud del gobierno transitorio por la compra irregular de 324 respiradores chinos. Se busca también la imputación del exembajador para Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, por ese mismo caso.


Esta investigación fue realizada para Página Siete, La Nube y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

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