En mayo de 2025, una sala constitucional de La Paz dejó sin efecto la sentencia que obligaba a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a pagar Bs 744 millones a Fancesa por un caso de competencia desleal. La decisión provocó rechazo en Chuquisaca, cuestionamientos de la Procuraduría General del Estado y movilizaciones de las instituciones copropietarias de la cementera chuquisaqueña.
Un año después, una investigación policial en España incorporó un elemento que hasta ahora no formaba parte del debate público boliviano. Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española, el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero realizó gestiones ante autoridades bolivianas en favor del Grupo Gloria, propietario de Soboce, mientras la empresa intentaba revertir una de las condenas económicas más importantes de su historia.
La UDEF sostiene además que Zapatero recibió 200.000 euros mediante un contrato que los investigadores consideran simulado.
La coincidencia temporal entre esas gestiones y el fallo que benefició a Soboce abre interrogantes que todavía no tienen una respuesta pública.
El informe de la UDEF
El 24 de junio de 2026, medios españoles revelaron el contenido de un informe remitido por la UDEF al magistrado José Luis Calama, instructor del denominado caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional de España.
Según los investigadores, Zapatero desarrolló una “dinámica de intermediación e influencias” para favorecer los intereses del Grupo Gloria en Bolivia.
La UDEF sostiene que esa actividad estuvo vinculada a pagos por 200.000 euros canalizados a través de la empresa Focus Social Research. Los investigadores consideran que el contrato utilizado para justificar esos pagos no se corresponde con la actividad real de la empresa y lo califican como una operación presuntamente simulada.
El informe se basa en documentación y comunicaciones obtenidas durante la investigación y describe contactos y gestiones realizadas ante autoridades bolivianas relacionadas con los intereses empresariales del conglomerado peruano.
Hasta el momento, no existe una resolución judicial firme sobre estos hechos y las conclusiones corresponden a la investigación policial remitida a la Audiencia Nacional española.
Lo que ocurrió con Soboce
La disputa entre Soboce y Fancesa se arrastra desde hace años y gira en torno a acusaciones de competencia desleal.
El 5 de febrero de 2025, la Procuraduría General del Estado informó que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia ratificó una sentencia que obligaba a Soboce a pagar Bs 744.315.432 a Fancesa.
Posteriormente, Soboce presentó una acción de amparo constitucional.
El recurso fue admitido por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los vocales René Delgado y José Sáenz.
El 30 de mayo de 2025, esa misma sala declaró procedente el amparo y dejó sin efecto la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia.
La decisión generó una fuerte reacción en Chuquisaca. El procurador general del Estado, Ricardo Condori, expresó públicamente su “asombro y disconformidad” y sostuvo que los vocales se habían extralimitado en sus consideraciones. La Universidad San Francisco Xavier, la Gobernación de Chuquisaca y la Alcaldía de Sucre también cuestionaron la resolución y promovieron movilizaciones en defensa de Fancesa.
La controversia quedó pendiente de revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Las reuniones con autoridades bolivianas
Según el informe de la UDEF, Zapatero mantuvo contactos con altas autoridades bolivianas en el marco de las gestiones vinculadas al Grupo Gloria.
La investigación señala comunicaciones y reuniones relacionadas con el presidente Luis Arce, el entonces ministro de Justicia César Siles y la Procuraduría General del Estado.
De acuerdo con los investigadores españoles, una de las reuniones entre Zapatero y Arce se produjo en septiembre de 2024 en la Casa Grande del Pueblo. El informe también sitúa nuevas gestiones durante 2025, cuando Soboce intentaba revertir la condena económica en su contra.
La UDEF sostiene además que Zapatero facilitó reuniones entre representantes del Grupo Gloria y autoridades bolivianas.
Lo que se sabe y lo que aún no está demostrado
La documentación conocida hasta ahora permite afirmar que:
- Soboce enfrentaba una condena ratificada por Bs 744 millones.
- La Sala Constitucional Segunda de La Paz dejó sin efecto esa sentencia mediante un amparo constitucional.
- La UDEF atribuye a Zapatero gestiones ante autoridades bolivianas en favor del Grupo Gloria.
- Los investigadores españoles sostienen que esas gestiones estuvieron vinculadas a pagos por 200.000 euros.
Lo que todavía no está demostrado es si esas gestiones tuvieron alguna influencia directa en las decisiones adoptadas por las autoridades o por la justicia boliviana.
La coincidencia temporal entre ambos procesos aparece documentada en un expediente judicial español. La relación entre uno y otro, sin embargo, sigue siendo una pregunta abierta.
Esa es la línea de investigación que continúa abierta tanto en España como en Bolivia.
