Las políticas ambientales en Bolivia enfrentan un nuevo precedente tras una resolución del Tribunal Agroambiental que exhorta al Estado a incorporar criterios científicos y académicos en el diseño y ejecución de normas vinculadas al aprovechamiento sostenible de recursos naturales.
Políticas ambientales desde la ciencia
En abril de 2026, el Tribunal Agroambiental emitió una resolución que marca un precedente para las políticas ambientales en Bolivia: exhortó al Estado a incorporar criterios científicos y académicos en el diseño y ejecución de normas vinculadas al aprovechamiento sostenible de recursos naturales.
Detrás de este fallo existe casi una década de trabajo técnico, participación en conflictos ambientales y respaldo especializado impulsado por el Colegio de Biólogos de La Paz. Desde hace años, esta institución ha participado activamente en debates públicos, elaboración de informes científicos y procesos judiciales relacionados con el medioambiente en Bolivia.
El rol de la ciencia en las políticas ambientales de Bolivia
El involucramiento del Colegio de Biólogos de La Paz en conflictos ambientales ha abordado temas como la protección del jaguar, los incendios forestales y la contaminación del río Madre de Dios provocada por actividades mineras.
Este trabajo no se ha limitado únicamente a la academia o la investigación científica. También ha implicado acompañamiento técnico en decisiones estatales que tienen impacto directo sobre los medios de vida, la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria y la salud de la población.
A través de una labor consensuada y basada en evidencia científica, profesionales de la biología han buscado que las decisiones ambientales del Estado incorporen criterios técnicos y no únicamente intereses políticos o económicos.
La demanda contra el Decreto Supremo 5503
El proceso que derivó en la resolución del Tribunal Agroambiental comenzó en enero de este año, cuando el Colegio de Biólogos presentó un documento exhortando a la abrogación del Decreto Supremo 5503.
De acuerdo con grupos ambientalistas, esta norma invisibilizaba las desigualdades estructurales que afectan a pueblos indígenas y comunidades asentadas en territorios donde se concentran importantes reservas de recursos naturales.
Posteriormente, y debido a que el pedido de abrogación fue resuelto a partir de la presión social, se presentó un segundo documento. En este ya no se exigía eliminar el D.S. 5503, sino que todas las normas relacionadas con aprovechamiento de recursos y aceleración de proyectos sean consultadas con la comunidad científica desde una perspectiva técnico-científica.
La documentación fue remitida inicialmente al Tribunal Agroambiental de La Paz y luego derivada a Sucre, donde el caso fue tratado en sala plena. Cuatro meses después, el Tribunal concedió la demanda.
Qué establece el fallo del Tribunal Agroambiental
La resolución contempla tres puntos fundamentales para las políticas ambientales en Bolivia.
Primero, exhorta al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a observar y cumplir las previsiones necesarias dentro de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental antes de otorgar derechos de uso y aprovechamiento de recursos naturales.
Segundo, dispone evitar cualquier forma de agilización administrativa en proyectos que pretendan ejecutarse en áreas protegidas nacionales y subnacionales, sitios Ramsar, humedales estratégicos, zonas de recarga hídrica, cabeceras de cuenca, territorios indígenas y propiedades comunitarias.
Finalmente, establece que las recomendaciones del Colegio de Biólogos de La Paz y otras instituciones académicas deben ser consideradas en la elaboración de políticas y normas ambientales, garantizando además el acceso a información conforme a las disposiciones del Acuerdo de Escazú.
Un precedente para el medioambiente en Bolivia
Este fallo representa un precedente importante para incorporar ciencia y criterios técnicos en las decisiones ambientales del país. También abre la posibilidad de construir una relación más articulada entre el Estado y la comunidad científica en temas vinculados al medioambiente y los recursos naturales.
Sin embargo, el desafío no termina con la resolución. También será fundamental realizar un seguimiento al cumplimiento de estas medidas para evitar que intereses particulares prevalezcan sobre la protección ambiental y los derechos de las comunidades.
El desarrollo de una nación no puede medirse únicamente mediante indicadores económicos. También debe evaluarse a partir de la capacidad de promover políticas públicas sustentadas en principios éticos, evidencia científica y protección del medioambiente.
Leer más: Bosques en Bolivia: el gigante económico que la agroindustria no quiere ver
