Por: Johan Yugar
Bolivia da un paso audaz con el Proyecto de Ley N° 319/2024-2025, que busca eliminar progresivamente el uso de mercurio en la minería, en cumplimiento del Convenio de Minamata, ratificado por el país en 2015. La iniciativa, actualmente en tratamiento legislativo, representa un intento histórico por alinear al país con los compromisos internacionales de protección ambiental y de salud pública. Sin embargo, su implementación plantea una pregunta crucial: ¿puede Bolivia transformar la minería aurífera sin desestabilizar uno de sus sectores económicos más sensibles?
La propuesta surge como una respuesta urgente a los impactos del mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), una actividad que sostiene a miles de familias, pero que se ha convertido en la principal fuente de contaminación por mercurio en el país. Según estimaciones de organismos internacionales, Bolivia es uno de los mayores emisores de mercurio de Sudamérica, principalmente por el uso indiscriminado del metal en la extracción de oro. La nueva ley busca revertir esa tendencia con una visión integral: prohibir gradualmente el mercurio, fortalecer la fiscalización, promover tecnologías limpias y garantizar la trazabilidad del oro.
En términos de cumplimiento internacional, el proyecto responde plenamente a las exigencias del Convenio de Minamata. Establece metas concretas de eliminación total del mercurio en un plazo máximo de diez años, ordena la elaboración de un Plan de Acción Nacional para la MAPE y crea mecanismos de control como el Registro Único de Mercurio (S-RUME) y el sistema de Certificación de Oro Libre de Mercurio. También refuerza la cooperación técnica mediante Centros de Demostración Tecnológica, donde los mineros podrán capacitarse y acceder a equipos que sustituyan el uso del metal tóxico.
El texto legal incorpora, además, un componente de transparencia inédito en el sector minero: exige la publicación en línea de los actores que manejan mercurio y establece herramientas digitales de trazabilidad obligatoria. En teoría, estas medidas no solo permitirían monitorear el flujo del mercurio, sino también desarticular redes de contrabando y comercio ilegal, un problema que en los últimos años ha crecido al amparo de la informalidad y la falta de control estatal.
No obstante, el verdadero desafío no está en la redacción de la norma, sino en su aplicabilidad en el terreno. La minería aurífera boliviana es, en su mayoría, informal o semi-formal, articulada en cooperativas con fuerte poder político y capacidad de presión. Muchos de estos actores han mostrado resistencia a cualquier regulación ambiental que incremente costos o reduzca su autonomía. En ese contexto, la transición hacia una minería libre de mercurio exigirá no solo voluntad estatal, sino también mecanismos de incentivo económico y diálogo social sostenido.
El proyecto intenta responder a esta necesidad mediante la creación del Fondo de Capital Semilla y Créditos Blandos, que financiaría la adopción de tecnologías limpias como mesas concentradoras o centrífugas. Sin embargo, su sostenibilidad dependerá de recursos provenientes de regalías mineras, cooperación internacional y aportes del Tesoro General. Sin una fuente de financiamiento estable, el fondo corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía, incapaz de acompañar el cambio tecnológico que la ley exige.
Algo similar ocurre con el Fondo de Remediación, destinado a reparar los pasivos ambientales generados por décadas de explotación minera. Si bien su creación es un avance, su ejecución dependerá de una gestión técnica rigurosa y de la transparencia en el uso de los recursos. Bolivia ya tiene antecedentes de fondos ambientales subutilizados o desviados por falta de planificación y control institucional.
El texto también aborda un tema políticamente sensible: la posibilidad de que los municipios se declaren “libres de minería” (artículo 4). Esta disposición reconoce la autonomía territorial y el derecho a la consulta previa, pero puede entrar en conflicto con los derechos mineros ya otorgados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). En la práctica, el país podría enfrentar una ola de disputas legales entre gobiernos locales, cooperativas y el Estado central, especialmente en zonas donde la minería aurífera es la principal fuente de ingresos.
Pese a estos riesgos, la propuesta de ley marca un cambio de paradigma: desplaza la lógica extractivista que ha predominado en la política minera boliviana hacia una visión más equilibrada entre producción y sostenibilidad. Introduce la obligación de que los proyectos mineros incluyan un presupuesto socioambiental obligatorio y de que los contratos mineros cuenten con evaluaciones de impacto ambiental y de salud antes de su aprobación legislativa. Estas medidas fortalecen la articulación entre la Ley de Minería (N° 535) y la Ley de Medio Ambiente (N° 1333), hasta ahora aplicadas de manera disociada.
En el contexto político actual, el proyecto puede interpretarse como una apuesta del Estado por reconstruir su autoridad ambiental frente a un sector que, durante años, operó con escasa fiscalización. No obstante, lograr que las cooperativas auríferas —algunas de ellas con vínculos en la esfera legislativa— acepten una transición tan profunda requerirá una estrategia de implementación gradual, acompañada de incentivos, asistencia técnica y garantías de mercado para el oro limpio.
La Ley para la Eliminación Progresiva del Mercurio es, sin duda, un avance normativo de gran calado y una señal de compromiso con los acuerdos globales sobre contaminación y derechos humanos. Pero su éxito dependerá menos de su redacción que de la capacidad institucional, la coordinación interministerial y la voluntad política para llevarla a la práctica. Sin un Estado fortalecido, con presencia efectiva en las zonas mineras y con mecanismos de control digital operativos, la ley podría terminar como tantas otras: impecable en el papel, pero impotente en el terreno.
Bolivia tiene la oportunidad de convertirse en referente regional de minería libre de mercurio, combinando justicia ambiental, innovación tecnológica y transparencia. Sin embargo, alcanzar esa meta implicará superar décadas de descontrol institucional y dependencia del oro. El desafío no es solo eliminar el mercurio, sino demostrar que el país puede transformar su modelo minero sin sacrificar su compromiso con la vida, la salud y el ambiente.
