Carmen Capriles
Reacción Climática
En América Latina ya no podemos seguir hablando de crisis ambiental como si se tratara de un fenómeno externo o inevitable. La crisis que atravesamos es profundamente política. Es el resultado de decisiones tomadas —y de muchas otras postergadas— que han privilegiado el extractivismo, la concentración de riqueza y la exclusión social por encima de la vida, los territorios y los derechos humanos.
La pérdida acelerada de bosques primarios, el derretimiento de glaciares, la destrucción de los principales hotspots de biodiversidad y el avance silencioso hacia la desertificación de amplias zonas de la Amazonía no son accidentes. Son consecuencias directas de un modelo que sigue considerando a la naturaleza como un recurso infinito y a las comunidades como obstáculos para el “desarrollo”.
“No podemos permitirnos la complacencia, la negación ni la demora”, advirtió António Guterres en 2025. Sin embargo, en la región seguimos atrapados entre discursos grandilocuentes y una peligrosa inacción. De cara a 2026, América Latina enfrenta desafíos ambientales que no solo definirán su futuro ecológico, sino también su viabilidad democrática.
Escazú: democracia ambiental sin garantías
El Acuerdo de Escazú es uno de los termómetros más claros de la voluntad política real en la región. Aunque América Latina fue la cuna de este acuerdo histórico, su implementación sigue siendo desigual, frágil y, en muchos países, meramente simbólica.
La COP30, presentada como la “COP amazónica”, dejó una contradicción difícil de ignorar. Brasil, anfitrión y referente discursivo en materia ambiental, aún no ha consolidado una implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú a nivel nacional. Esto no es un detalle técnico: es una señal política. No se puede hablar de liderazgo climático mientras se posterga la protección de quienes defienden la tierra, los ríos y los bosques.
Las cifras son contundentes. Más del 80 % de los asesinatos y desapariciones de personas defensoras del ambiente en el mundo ocurren en América Latina. Colombia, Guatemala, México y Brasil encabezan una lista que debería avergonzar a cualquier gobierno que se autodenomine democrático.
Según Global Witness, en 2024 al menos 146 personas defensoras ambientales fueron asesinadas o desaparecieron en el mundo, y más del 80 % de estos casos ocurrieron en América Latina. Colombia encabezó la lista con 48 asesinatos, seguida por Guatemala (20), México (18) y Brasil (12). Honduras y Chile también registraron desapariciones.
Sin acceso a la información, sin participación efectiva y sin justicia ambiental, la transición es un mito y la democracia, una fachada. Sin Escazú plenamente implementado, la democracia ambiental seguirá siendo una promesa incumplida.
Minería “verde” y minerales críticos: la nueva cara del despojo
La demanda global de minerales críticos ha crecido de forma exponencial, impulsada por la transición energética. El litio, el cobre, el níquel y otros minerales son fundamentales para baterías, energías renovables y tecnologías digitales. Sin embargo, esta transición “verde” corre el riesgo de reproducir viejas lógicas coloniales: territorios sacrificados, comunidades excluidas y beneficios concentrados fuera de la región.
Lo que se presenta como una oportunidad histórica amenaza con convertirse en una repetición del saqueo colonial, ahora bajo el discurso de la sostenibilidad. Se nos pide sacrificar territorios, agua y salud para alimentar baterías, autos eléctricos y centros tecnológicos que no están destinados a nuestras poblaciones.
La minería de oro, legal e ilegal, continúa devastando ecosistemas y contaminando ríos con mercurio, afectando de manera desproporcionada a pueblos indígenas y comunidades rurales. La pregunta no es si necesitamos una transición energética, sino para quién y a qué costo.
Centros de datos: extractivismo digital
Poco se habla del impacto ambiental de la inteligencia artificial. Los centros de datos —cada vez más numerosos en América Latina— consumen enormes cantidades de agua potable y energía, generan ruido constante y se instalan, muchas veces, en territorios donde las comunidades carecen de servicios básicos.
Estos centros pueden consumir millones de litros de agua al año para refrigeración, generar niveles de ruido cercanos a los 80 decibeles y requerir un suministro energético continuo y prioritario. En algunos casos, los costos energéticos terminan trasladándose a la población, que además queda expuesta a cortes de suministro.
Mientras en países del norte estos proyectos enfrentan resistencia social y regulaciones estrictas, en nuestra región se presentan como “desarrollo” sin consulta previa ni evaluaciones de impacto rigurosas. El resultado es una nueva forma de extractivismo: silenciosa, tecnológica y profundamente desigual.
Oro caro, vidas baratas
El aumento vertiginoso del precio del oro, que pasó de alrededor de 1.700 a más de 5.000 dólares la onza troy (cotización de enero de 2026), está reconfigurando las economías extractivas de la región. Países con sistemas de regalías irrisorios —entre el 2 % y el 5 %— intensifican la explotación para sostener economías frágiles, mientras los grandes compradores globales concentran riqueza y poder.
Esta lógica reproduce una dependencia estructural que América Latina arrastra desde la colonia: exportamos naturaleza, importamos desigualdad. Y en el camino, perdemos ríos, bosques, culturas y vidas.
Cambio climático, incendios y la trampa de los hidrocarburos
Los incendios forestales que arrasaron Argentina, Chile y amplias zonas de la Amazonía no son desastres naturales. Son el resultado de políticas que promueven la deforestación, el monocultivo y la expansión de la frontera agrícola.
Sudamérica concentra una de las mayores extensiones de bosques primarios del planeta, pero continúa destruyéndolos para producir soya, carne y agrocombustibles. A esto se suma la persistencia de los hidrocarburos —petróleo y fracking— como eje económico, incluso en países que se declaran comprometidos con la acción climática.
Hablar de transición energética mientras se expanden los hidrocarburos es una contradicción que ya no podemos normalizar.
2026: una decisión impostergable
América Latina no enfrenta solo un desafío ambiental. Enfrenta una crisis de modelo. O avanzamos hacia una región que garantice derechos, proteja a quienes defienden la vida y transforme sus economías con justicia social, o seguiremos profundizando un camino de violencia, exclusión y colapso ecológico.
El 2026 no será un año más. Será una prueba histórica. Y esta vez, no podremos decir que no sabíamos.
