Las mujeres que defienden el agua, los bosques y los territorios en el Gran Chaco cuentan desde ahora con una nueva herramienta de protección. El Colectivo de Mujeres del Gran Chaco Americano presentó un protocolo trinacional destinado a fortalecer la seguridad de lideresas indígenas y campesinas de Argentina, Bolivia y Paraguay frente a la violencia ambiental y los riesgos asociados a la defensa del territorio.
La iniciativa surge en una región marcada por la expansión de actividades extractivas, la deforestación acelerada y los impactos cada vez más visibles de la crisis climática. Según el colectivo, estos procesos afectan de manera diferenciada a las mujeres, quienes además de enfrentar amenazas directas por su labor de defensa ambiental suelen asumir la responsabilidad del acceso al agua, la producción de alimentos y las tareas de cuidado en sus comunidades.
Bajo la premisa de que “nuestro territorio es nuestra casa”, el protocolo busca responder a una realidad cada vez más frecuente: lideresas ambientales expuestas a amenazas, hostigamiento, criminalización y campañas de desprestigio por denunciar daños ambientales o defender los bienes comunes.
El ambiente como escenario de violencia
El diagnóstico que sustenta el protocolo sostiene que la violencia contra las mujeres en el Gran Chaco no puede entenderse de manera aislada de las disputas por el control de los recursos naturales. La pérdida de bosques, la contaminación y la escasez de agua afectan directamente la soberanía alimentaria y la autonomía económica de las comunidades rurales e indígenas.
El documento identifica problemáticas específicas en cada país:
Argentina: los desmontes, las fumigaciones y el avance de la frontera agroindustrial generan impactos sobre la salud de las comunidades y el acceso al agua.
Bolivia: los efectos del cambio climático y los procesos migratorios derivados de la degradación ambiental incrementan las tensiones territoriales y amplían la carga de trabajo doméstico y de cuidados que recae sobre las mujeres.
Paraguay: la sequía extrema y la deforestación profundizan la vulnerabilidad de las comunidades, aumentan la inseguridad en zonas rurales y evidencian limitaciones institucionales para responder a las denuncias.
Para las organizaciones participantes, la defensa de la naturaleza también implica la defensa de la vida, la cultura y la identidad de los pueblos indígenas. El protocolo incorpora cosmovisiones originarias presentes en la región, como el Buen Vivir de los pueblos Guaraní y Qom y el concepto de Husek del pueblo Wichí, que vinculan el bienestar humano con la salud del territorio.
Desde esta perspectiva, una agresión contra una defensora ambiental no afecta únicamente a una persona, sino que representa una vulneración de derechos colectivos y una amenaza para la continuidad de los conocimientos y formas de vida comunitarias.
Una respuesta a la falta de protección efectiva
Las impulsoras del protocolo señalan que existe una brecha significativa entre los marcos legales de protección y las condiciones reales que enfrentan las mujeres en territorios rurales e indígenas. Factores como el aislamiento geográfico, las barreras lingüísticas, la falta de acceso a servicios públicos y la limitada presencia estatal dificultan que las víctimas accedan a mecanismos efectivos de protección.
Ante este escenario, el documento propone medidas de autoprotección y cuidado colectivo orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades.
Entre las acciones planteadas figuran la elaboración de mapeos participativos para identificar zonas de riesgo, la creación de redes comunitarias de acompañamiento para trámites y denuncias, la documentación de amenazas y agresiones, y la promoción de estrategias colectivas para reducir la exposición de las lideresas a situaciones de violencia.
Asimismo, el protocolo insta a los Estados de Argentina, Bolivia y Paraguay a adoptar medidas específicas para prevenir la criminalización de quienes defienden el ambiente y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de sus derechos.
Obligaciones de los Estados
El Colectivo de Mujeres del Gran Chaco recuerda que la protección de las defensoras ambientales no puede recaer únicamente en las comunidades. Aunque las organizaciones territoriales funcionan como una primera red de contención y acompañamiento, la responsabilidad principal corresponde a los Estados.
En ese sentido, el documento fundamenta sus demandas en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y la Convención de Belém do Pará, que obliga a los países de la región a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Para las organizaciones impulsoras, proteger a las defensoras ambientales implica también proteger los ecosistemas, las fuentes de agua y los territorios de los que dependen miles de familias en una de las regiones más vulnerables al cambio climático y la deforestación de Sudamérica.
Si te interesa ahondar en el tema, puedes leer el protocolo que te dejamos a continuación:
Foto: Protocolo para proteger a mujeres defensoras del medio ambiente y el territorio. Autor: Composición La Nube con imágenes del Protocolo
