Por Sergio Mendoza y Ángel Romero

En las elecciones del 2020, como parte de su programa de gobierno, el entonces candidato del MAS Luis Arce prometió que Bolivia lideraría un proceso internacional alternativo al “capitalismo verde” y a la “mercantilización de la naturaleza”. En 2025, ya al final de su gestión, la realidad es otra: el Gobierno impulsa los llamados bonos de carbono para captar divisas en medio de la crisis económica.

Algunos critican esta contradicción entre el discurso y los hechos, ya que implicaría riesgos de estafas y falsas soluciones a la crisis climática. Otros creen que la apertura de Bolivia a este y otro tipo de financiamiento verde es una oportunidad para obtener recursos por la preservación de bosques y otros ecosistemas, sin que esto implique dejar de lado otras opciones de desarrollo sostenible. 

Lo cierto es que el Gobierno se abre a los mercados de carbono, negociando con empresas internacionales, implementando sistemas de registro y control del financiamiento verde, y anunciando proyectos a la espera de ser certificados.

Cinco años atrás, en la campaña electoral del 2020, el MAS expresaba en su propuesta que “nuestro mayor enemigo en el ámbito internacional es el capitalismo verde y el colonialismo ambiental”. 

En noviembre del 2021, ya como presidente, Arce denunció en la COP26 de Glasgow un “nuevo colonialismo del carbono” para alimentar a un “sistema capitalista verde”. Se mostraba firme al señalar que estos mecanismos financieros no resolverán la crisis ambiental, que sólo puede detenerse con un cambio de “modelo de civilización alternativo”.

Más tarde volvería a hacer afirmaciones similares contra  la “mercantilización de la naturaleza”, es decir contra la asignación de valores económicos a funciones ambientales de ciertos ecosistemas, como la producción de oxígeno y la retención de carbono. 

Los mercados de carbono surgen como espacios para negociar esto último, la capacidad que tienen los bosques (y ahora también proyectos tecnológicos) para capturar CO2 y reducir el calentamiento global. Sin embargo, son parte de mecanismos de financiamiento altamente cuestionados. Países e industrias que emiten dióxido de carbono, intensificando el calentamiento global, pueden comprar estos bonos mediante proyectos que capturen o reduzcan dichas emisiones, “compensando” así el daño que sus actividades causan al planeta, pero sin que en realidad detengan su contaminación. 

“En palabras más sencillas sería como comprarse el derecho a seguir contaminando”, dijo Juan Carlos Alarcón, secretario técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC). Para los críticos, estos mecanismos no representan una solución real al calentamiento global.

Esta postura fue compartida por mucho tiempo por el gobierno del MAS, y respaldada con normas como la Ley 071 (Ley de Derechos de la Madre Tierra) y la Ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien). Esta última, en su artículo 32.5, prohíbe la mercantilización de las funciones ambientales de la Madre Tierra y “rechaza los esquemas de bonos de carbono para el cambio climático”.

Sin embargo, cuando la escasez de dólares en Bolivia se hizo evidente a principios del 2023 y la crisis económica ya no se pudo ocultar, el Gobierno cambió de opinión. 

La puerta se abrió en junio de 2024, cuando el TCP emitió la sentencia 0040/2024, que eliminó la prohibición para mercantilizar las funciones ambientales. 

La Nube intentó conocer la  posición del presidente Arce y del Ministerio de Medio Ambiente con relación a este cambio de discurso, pero hasta la publicación de este artículo no se recibió una respuesta.

Nuevas políticas

El “mayor enemigo en el ámbito internacional” pasó a ser una de las opciones del gobierno para obtener dólares; que sin embargo -hasta donde se sabe- no llegó a concretarse. En marzo de 2024, el ministro de Economía Marcelo Montenegro anunció que el país buscaba colocar hasta $us 1.000 millones en bonos verdes en Wall Street, ligados a la minería del litio como componente para la transición energética a fuentes más renovables. No se reportaron resultados de esta intención.

En noviembre de 2024, esta cartera de Estado comunicó que mantenía conversaciones con Laconic Infrastructure Partners Inc para generar hasta $us 5.000 millones a través de mecanismos vinculados a la reducción de CO2. Esta empresa tiene un sistema para asignar un valor económico a servicios naturales. “La estrategia es aplicar un plan soberano de reforestación y mitigación, que será evaluado en función de su valor y sostenibilidad”, dijo Montenegro. En este caso tampoco se tuvieron noticias de avances más allá de la intención.

En enero del 2025, el Gobierno aprobó el Presupuesto General del Estado autorizando al Ministerio de Economía operaciones en mercados de carbono. Pocos meses después, Arce anunció que Bolivia entraba a la emisión de bonos de carbono para obtener financiamiento ante el bloqueo de créditos externos por parte de la Asamblea Legislativa.

En septiembre de este año, durante la Cumbre Climática de las Naciones Unidas en New York, Arce anunció avances en el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) en el territorio autónomo guaraní Charagua Iyambae, Santa Cruz. Los programas REDD+ se caracterizan por generar recursos comprometiendo la preservación y manejo adecuado de bosques para evitar su deforestación. Según Arce, Bolivia se posicionó así en el “mercado internacional de carbono” y sólo faltan algunas condiciones para que la certificación del programa esté completa.

¿Positivo o negativo?

Si en 2020 el objetivo era evitar que las funciones ambientales se conviertan en mercancías transables, para el 2024 la urgencia financiera llevó al Gobierno a adoptar mecanismos que antes denunciaba como “colonialismo ambiental”.

“Durante el gobierno de Luis Arce hubo un cambio a nivel legal y práctico en cuanto a los mercados de carbono. A nivel internacional seguimos denunciando el capitalismo verde, pero aquí ya vendemos bonos de carbono. El discurso de respeto a la Madre Tierra quedó como fachada frente a la crisis económica y la falta de dólares”, opinó Pablo Solón, director de la Fundación Solón.

El giro responde más a una presión fiscal que a una convicción ambiental, dijo Solón. “Ante la crisis, el Gobierno prefirió el espejismo de los dólares de carbono. Pero las cifras son exageradas; la mayor parte del dinero queda en manos de intermediarios, no de comunidades indígenas”.

En un artículo publicado por la Fundación Solón en julio del 2024, se advierte que con estos bonos se permite a los grandes emisores seguir contaminando, se promueve la deforestación de manera indirecta, se falsean datos sobre reducción de emisiones, y la gran parte del dinero termina en empresas y consultoras intermediarias, con comunarios e indígenas engañados. 

“Los proyectos de mercados de carbono están avanzando de manera engañosa y peligrosa en Bolivia, con firmas de convenios y documentos que no son de conocimiento de todos los integrantes de los territorios indígenas y en base a falsas promesas que violan los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra”, se lee en el artículo. 

Alarcón, de la PBFCC, recuerda que Bolivia defendió a nivel internacional la posibilidad de apostar por el desarrollo sostenible sin recurrir a los mercados de carbono, lo cual se establece en el artículo 6.8 del Acuerdo de París, adoptado en la COP21 de 2015.  En su criterio, esta posición debería mantenerse, aunque con los últimos anuncios del Gobierno ve difícil que la tendencia a vender servicios ambientales se abandone. “Este es un camino que se ha aperturado y que posiblemente no se va a poder frenar”.

Hay quienes consideran que abrirse a las finanzas sostenibles es una oportunidad para que el país reciba dinero sin destruir sus recursos naturales y, más bien, conservándolos. “Bolivia hoy necesita imaginarse -y construirse- como una nación pionera en economía regenerativa, donde la captura y retención de carbono no sea un pasivo, sino un activo que financie la vida”, se lee en una sección del libro La Bolivia del futuro, recientemente publicado por la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES). Dicha sección fue escrita por Santiago Penedo y Alicia Bustillos, entendidos en finanzas sostenibles.

Bustillos, al ser consultada en una entrevista con La Nube cómo calificaría el cambio de dirección que dio el gobierno de Arce con relación a los bonos de carbono, manifestó: “Positivo y negativo, diría yo”. 

Si bien hay riesgos, casos de estafas, y la crítica de que los compradores de bonos no siempre reducen su contaminación, Bolivia podría aprender de casos de éxito en financiamiento verde y, aplicando un sistema adecuado de vigilancia y control, asegurarse que los recursos vayan donde deben, dijo la especialista.

En el texto de la FES, el economista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Marcelo Arroyo, aconseja que Bolivia accesa a los mercados de carbono y también desarrolle una “taxonomía” para definir qué es y qué no es sostenible.

Las acciones adoptadas por los gobernantes -apurados por la crisis económica del país- distaron de los discursos iniciales. El camino de los bonos de carbono, y de otro tipo de financiamiento verde, se abre en Bolivia.