La Defensoría del Pueblo cuestionó que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) no apoye a los dos guardaparques procesados penalmente por un actor minero y recordó que el Estado tiene el deber de garantizar los derechos humanos de los sindicados.
Los guardapaques Raúl Santa Cruz y Marcos Uzquiano son procesados por el minero Ramiro Cuevas por difamación y calumnias. El caso surge cuando entre el 29 y 30 de marzo de 2023, Santa Cruz intentó evitar el paso de maquinaria para la minería ilegal en el Madidi. Sus esfuerzos fueron inútiles, y se ganó amenazas y una acción penal. Uzquiano fue incluido en el caso ya que participó en la denuncia del hecho a través de sus redes sociales.
«Llama la atención que la institución a la que pertenecen (los guardaparques) se mantenga al margen del citado proceso y considere que el mismo es de carácter ‘privado'», selañó la Defensoría en un comunicado. Asimismo recordó «al Estado que tiene el deber de garantizar los derechos humanos de los mismos».
La Defensoría indicó que Bolivia ratificó mediante Ley 1182 el Acuerdo de Escazú, que en su artículo 9 establece que los Estados parte deben «garantizar entornos seguros para las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales y que éstos actúen sin amenazas, restricciones e inseguridad».
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