Dos áreas protegidas icónicas del norte de La Paz: Apolobamba y el Madidi, se han convertido en tierra de nadie, o mejor dicho, en territorios de sacrificio que le pertenecen a la minería ilegal. Las comunidades se pelean entre sí, ansiosas por las riquezas que les prometen los mineros, los funcionarios locales guardan silencio o escogen alguno de los bandos en disputa, y los esfuerzos de los guardaparques son insuficientes para detener el avance de la maquinaria pesada.
A principios de agosto, la comunidad de San Andrés (Apolo), contigua al Madidi, fue cercada por un grupo de comunarios y dirigentes que apoyan a uno de los actores mineros que tienen puestos sus ojos en el oro del río Laje. El otro bando, apoya a otra familia que, de acuerdo a versiones de los comunarios, ya comenzó a extraer oro. Ambos actores mineros pugnan por áreas mineras que se sobreponen.
“Se les ha trancado como estrategia para que entreguen el sello y libro de actas (de la comunidad). Ha sido dos o tres días, a lo mucho una semana, y eso menos. Una vez que han entregado ya no se ha cortado el paso a nadie», manifestó uno de los comunarios, que pidió mantener su nombre en reserva.
El anonimato es un pedido frecuente de las personas que se atreven a hablar de lo que ocurre en esta región destrozada y asediada por la minería aurífera. Tienen miedo de las represalias, porque allí, en la selva boliviana, no hay ley que valga, sólo la del más fuerte.
Por ello, un guardaparque del Madidi, bajo pedido de mantener su nombre en reserva, dijo que las áreas mineras pretendidas por estos dos actores están en el área protegida de Apolobamba . “Pero más abajo, cinco kilómetros dentro el Madidi también hay minería ilegal”, acotó.
“Sea que están operando en Apolobamba o en el Madidi necesitan licencia ambiental y permiso del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). No tienen, y se amparan con papeles de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Nosotros hacemos los procesos administrativos para la paralización de la actividad y el desalojo, pero no cumplen. No hay presencia institucional en el sector y poco o nada se puede hacer”, explicó el guardaparque.
Pese a que el SERNAP pidió a la AJAM ya no otorgar documentos que puedan ser utilizados para justificar operaciones mineras en áreas protegidas, al parecer, esta práctica continúa.
Sin autoridad
La comunidad en la que se suscitaron los conflictos se encuentra en Apolo; pero el alcalde de este municipio, Rully Jiménez, parece no querer inmiscuirse. “Yo no tengo ningún conocimiento de lo que ocurre allí”, declaró a La Nube. Añadió que no conoce si allí hay presencia del SERNAP o de la AJAM, y que convendría hablar con autoridades más próximas a esta comunidad, como el concejal Saúl Mendoza.
Uno de los comunarios de San Andrés, bajo condición de anonimato, dijo que dicho legislador es socio de una de las cooperativas en disputa, y que impulsa el avance de la misma hacia el río Laje para la extracción de oro. “El conflicto aumentó porque él vino a parcializarse con un sector. Como autoridad él debía mediar y no tomar partido”, señaló.
El concejal Mendoza manifestó a La Nube que él, al igual que toda la comunidad de San Andrés, de la que él es parte y además representa en el Órgano Legislativo Municipal, hace dos años, cuando llegaron los hermanos Chambi, el 100% de comunarios estaba de acuerdo con la apertura de camino para llegar a su territorio en búsqueda de oro. Y, en la actualidad su posición no ha cambiado.
Acusó a la cooperativa de Grover Quispe de avasallar la zona ingresando por Santa Rosa. «Había una denuncia de parte de los Chambi al Concejo Municipal y entre dos o tres concejales fuimos y sí había estado avasallando el Grover Quispe por Santa Rosa, con apoyo de Santa Rosa y otras comunidades más. Nosotros hemos notificado verbalmente y no habían obedecido», sostuvo a tiempo de señalar que trabajaron al menos en media hectárea de bosque.
Ante la acusación de que Mendoza es socio de una de las cooperativas en conflicto, La Nube intentó contactarse una vez más con el concejal, pero no se tuvo éxito.
De la minería tradicional a la mecanizada
Años atrás las comunidades en esta zona se dedicaban a la minería artesanal, la agricultura y la ganadería, según el guardaparque que pidió mantener su nombre en reserva. Pero en los últimos años, las cooperativas se han abierto paso con maquinaria pesada, convenciendo a los lugareños de que les traerían riqueza. “Pero se están generando divisiones entre las poblaciones, además de que está creciendo el alcoholismo y el trabajo sexual mientras se depredan las áreas protegidas”.
Otro de los comunarios de San Andrés recuerda: “Los mineros llegaron hace tres años. Dijeron que tenían sus áreas mineras dentro el parque y que necesitaban abrir camino por nuestra comunidad. Ninguna otra les había dado paso, pero a nosotros nos dijeron que seríamos socios, así que nos convencieron y ahora ya están llegando al lugar donde sacaran oro y de ser 30 socios pasamos a unos 50”.
El conflicto surgió cuando un nuevo actor minero intentó usar el mismo camino para llegar a “sus áreas mineras”. La comunidad se dividió entre los que apoyaban a los primeros mineros y los que apoyaban a los recién llegados. Ocurrió lo mismo con la dirigencia, y las disputas internas llevaron a peleas y evitar la libre movilidad del bando más débil.
El cerco fue levantado cuando uno de los dirigentes entregó el sello y el libro de actas de la comunidad, y se eligió un nuevo directorio que, supuestamente, estaría alineado al actor minero más antiguo.
Mientras tanto, los guardaparques sólo pueden emitir resoluciones que no se cumplen, por lo que esperan lo improbable: el apoyo de las fuerzas del orden. “Sería un buen precedente que se inutilice la maquinaria con la que los mineros depredan los ecosistemas. Dijeron que las Fuerzas Armadas apoyarían, pero la verdad es que yo no creo que eso ocurra», señaló el guardaparque del Madidi.
