A principios de junio los titulares de los medios escritos replicaban una palabra poco frecuente en la prensa boliviana: espionaje. Un estudio publicado por una empresa chilena daba cuenta de 71 antenas sospechosas de ser utilizadas para espiar a la gente a través de sus celulares en tres ciudades: Ciudad de México, Caracas y La Paz. La distribución de los aparatos detectados por los especialistas que se embarcaron en esta ambiciosa misión era, a lo menos, llamativa, pues éstos se encontraban en inmediaciones de instalaciones militares y en puntos estratégicos.

El proyecto FADe (Fake Antenna Detection, Detección de Antenas Falsas) fue impulsado por la organización chilena South Ligthhouse con el propósito de detectar el uso de IMSI-catchers, unos aparatos diseñados para hacerse pasar por antenas de telefonía móvil, lograr que los celulares de los ciudadanos se conecten a ellos y así extraer valiosa información de los mismos, desde el nombre del usuario hasta sus comunicaciones personales.

Durante el barrido que se hizo en busca de posibles IMSI-catchers en La Paz, se detectaron 17 antenas sospechosas de ser utilizadas para intervenir comunicaciones y robar información de celulares. Hasta el momento no se pudo dar con ellas físicamente ni se comprobó que evidentemente se trate de aparatos de espionaje, pues existe la posibilidad de que sean antenas normales con varias irregularidades en su funcionamiento. Sin embargo, las mediciones realizadas por FADe develaron que algunas de las antenas con más posibilidades de ser, en verdad, IMSI-catchers, se encuentran en La Paz, Bolivia, y en inmediaciones de las instalaciones del Ejército boliviano y de la Embajada de Cuba.

“Algunas de las antenas encontradas en La Paz fueron las antenas con más irregularidades en todo el estudio (incluyendo México y Venezuela) por lo que las consideramos las antenas más probables de ser usadas como dispositivos de vigilancia o de entrenamiento para operar este tipo de dispositivos”, explicó Carlos Guerra, coordinador técnico del proyecto FADe, en un correo electrónico enviado a La Nube.

“En La Paz pudiéramos decir que las antenas más críticas fueron cuatro, y todas están en el mismo sector. Según lo que registramos desde los mapas estarían en: Colegio Militar del Ejército Coronel Gualberto Villarroel, Mall Mega Center, Embajada de Cuba”, añadió Guerra.

El Ejército boliviano guardó y guarda un completo silencio, al igual que el Ministerio de Defensa. La Embajada de Cuba en Bolivia asegura no conocer nada.

El mapa elaborado por FADe identifica algunas de las antenas con más altos niveles de irregularidades en inmediaciones del Colegio Militar del Ejército, del Colegio de las Fuerzas Armadas de la Nación, de la Embajada de Cuba, y de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI). Así también se detectaron antenas con menores niveles de irregularidades con alcance al Estado Mayor del Ejército, al Batallón de Comunicaciones I (y a algunas dependencias policiales, como la Universidad Policial (en Miraflores) y la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove).

De todas maneras, hay otras antenas que también tienen altos niveles de irregularidades y, según el mapa, se encuentran en lugares alejados de la ciudad que difícilmente podrían ser considerados como sitios estratégicos.

Los IMSI-catcher son equipos diseñados para hacerse pasar por antenas de telefonía móvil. Se los llama así porque capturan la Identidad Internacional del Suscriptor Móvil (IMSI, por sus siglas en inglés) y acceden a información del aparato, su ubicación, la identidad del propietario, el operador al que está suscrito, e incluso información de las comunicaciones privadas, según la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

“En algunos casos, dependiendo cuán sofisticada sea esta antena receptora, puede llegar a detectar lo que son SMS, historial de llamadas y en algún caso, según lo que tengo conocimiento, se ha reportado que pueden intentar descifrar lo que sería mensajes codificados cuando uno utiliza alguna aplicación de mensajería como WhatsApp, por ejemplo”, explicó a La Nube un ingeniero en Telecomunicaciones que pidió guardar su nombre en reserva.

¿Distribución estratégica?

Los hallazgos del proyecto FADe tuvieron fuertes repercusiones en países como México y Venezuela, donde algunos periodistas comenzaron a hacer sus propias averiguaciones y descubrimientos que llamaron la atención en por lo menos dos aspectos: la sospechosa ubicación de estas antenas con posibilidad de ser IMSI-catchers y las compras de equipos de espionaje realizadas en años anteriores por los gobiernos de ambos países.

En México, a raíz del proyecto FADe, la organización PODER (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación) publicó un reportajeque enfatiza la distribución de las posibles antenas falsas. La que más irregularidades tenía, se encontraba en inmediaciones de la “Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Campo Militar 37-B de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional)”.

Otras antenas tenían dentro de su radio de alcance instalaciones como el Palacio Legislativo, el Heroico Colegio Militar, oficinas del Gobierno y lugares donde por lo general ocurren manifestaciones.

En Venezuela, otro reportaje desarrollado por ARMANDOINFO apuntaba que las antenas sospechosas operaban cerca de oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), una autopista que es el principal ingreso a Caracas, y en distintos aeropuertos.

Como vimos, en el caso de La Paz, algunas de las antenas se encuentran también en inmediaciones de instalaciones militares; sin embargo, hay otras distribuidas en puntos aleatorios que restan la posibilidad de pensar en una estrategia de espionaje, apuntó el docente en Ingeniería Electrónica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Marcelo Ramírez.

Pese a ello y a que no existen pruebas irrefutables del funcionamiento de estas antenas en La Paz, el ingeniero electrónico no descarta por completo la posibilidad de que estos equipos sean operados en el país.

El 3 de junio, en el portal Cabildeo Digital, se apuntó: “Según el reporte de la investigación que conoció Cabildeo Digital ‘existen razones para pensar que el Ejército está entrenando en el uso de esta tecnología. Las cuatro antenas detectadas a lo largo del estudio con irregularidades que llevan a niveles desproporcionados están situadas en la base del Círculo de Oficiales del Ejército (COE), en la zona de Irpavi”.

La Nube logró contactar a una de las personas que diseñó el software utilizado por FADe para detectar estas antenas sospechosas. Cooper Quintin, reside en California, Estados Unidos, y es un experto en tecnología y seguridad digital en el Electronic Frontier Foundation (EFF). Él explicó que la detección de antenas sospechosas de ser utilizadas para espionaje en inmediaciones de instalaciones militares no le sorprende.

“Puedo pensar en al menos dos razones para ello. Por un lado, a cualquier tipo de servicio de inteligencia del extranjero le encantaría conocer qué está haciendo la gente con sus celulares en instalaciones militares y oficinas del Gobierno. Por otro lado, es posible que los encargados de esas oficinas sean los que instalaron estos equipos para sus registros sobre quién entra y sale de sus dependencias y sus alrededores”.

Sin acceso a información pública

El 7 de octubre, La Nube envió solicitudes de información (amparadas en la Constitución Política del Estado y el Decreto Supremo 28168) al Ministerio de Defensa, al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, y al Comando General del Ejército, para obtener información sobre el posible uso de aparatos de intervención de comunicaciones. Ninguna de estas instituciones dio una respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

Con la misma intención se envió solicitudes de información al Viceministerio de Régimen Interior y Policía, y al Comando General de la Policía. La única instancia que contestó a estos requerimientos fue la Policía, que de forma breve y poco clara respondió que la solicitud de información era inviable “por falta de interés legal y personería jurídica”.

El encargado de Negocios de la Embajada de Cuba en Bolivia, Arcenis La O Mora, dijo en un contacto telefónico que nunca escuchó de estas supuestas antenas espía distribuidas cerca de sus oficinas y aseguró que cualquiera que señale a su país como el promotor de estas acciones miente.

Las solicitudes de este medio también llegaron a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la instancia llamada por ley para supervisar y regular el funcionamiento de las antenas de telefonía móvil. La única respuesta fue la remisión de un comunicado, emitido el 10 de julio pasado, que aseguraba que se hizo una inspección en los 17 puntos sospechosos identificados en el proyecto FADe y que no se encontró nada irregular.

“No se encontraron irregularidades a niveles: físico y de configuración relacionadas a parámetros técnicos de las radiobases en los 17 sitios verificados. (…) Las radiobases verificadas pertenecen a operadores de telecomunicaciones que brindan los servicios móviles de telefonía e internet a usuarios finales y no realizan una función distinta a esta. (…) No se evidenció la existencia de equipos IMSI-catcher instalados en los 17 sitios verificados ni en sus alrededores”, señalaba el comunicado.

Sin embargo, los simuladores de antenas IMSI-catcher suelen ser pequeños y portátiles. Esto hace que no sea una tarea sencilla dar con ellos, pues pueden ser escondidos fácilmente, trasladados a otros puntos, o incluso desactivados si es que se anuncia públicamente que se los buscará en los mismos puntos donde se presume estaban operando, tal como hizo la ATT.

Y es que, por el momento, la operación de estos equipos de espionaje se encuentra al margen de la ley, ya que la Constitución Política del Estado prohíbe en su artículo 25 interceptar comunicaciones privadas; aunque normas como la Ley 913 señala que en investigaciones sobre narcotráfico se pueden realizar estas acciones siempre y cuando exista una autorización del juez.

Se le preguntó a Cooper Quintin qué opina del comunicado de la ATT que no encontró ninguna irregularidad en los 17 puntos identificados por FADe. Él contestó que las antenas espía usualmente no están fijas en un solo sitio, sino que las mueven por distintos lugares. “Es posible que estas estaciones fueran movidas para el tiempo en que la ATT hizo sus inspecciones. Es también probable que la ATT haya recibido la instrucción del Gobierno para no decir nada acerca de antenas con anomalías”.

El coordinador del proyecto FADe, Carlos Guerra, reforzó la opinión de Quintin. “En el caso de que sean equipos de vigilancia, seguramente están diseñados para ser portátiles y quizás ser usados en diferentes ubicaciones en el tiempo, lo que puede dificultar aún más su detección física”.

Ramírez, docente de Ingeniería Electrónica en la UMSA, resaltó que “lo oficial” es la versión de la ATT de que no se encontró ninguna irregularidad ni equipos de espionaje. También indicó que, ya que el estudio FADe no es concluyente al asegurar que las anomalías detectadas impliquen la existencia de IMSI-catcher, es posible que se haya dado un caso de “falsos positivos”.

No obstante, el mismo Ramírez se abrió a las posibilidades y añadió que es posible que estos aparatos hayan sido escondidos ante el anuncio público de la ATT para encontrarlos. “Es posible, si hubiera una conspiración de espionaje de ese tipo evidentemente tendrían que protegerse de un contraespionaje y de monitoreos, y una forma sería moviéndose”.

Desde Estados Unidos, Quintin defiende la preparación y capacidad de quienes realizaron el estudio y se muestra reacio al hablar de falsos positivos. “Los que hicieron el proyecto son bastante listos y bastante capaces para señalar la diferencia entre una antena falsa y anomalías de antenas convencionales”.

El experto en tecnología añadió que es improbable que personas particulares operen equipos de espionaje. “Es improbable que un ingeniero amateur opere estos equipos porque el riesgo es muy alto, especialmente cerca de una base militar. Yo diría que es más probable que esto sea tarea de instituciones como servicios de inteligencia extranjeros o nacionales, de agentes que resguardan el orden, o de instituciones militares”.

El hecho de que exista la posibilidad de que aparatos de espionaje sean operados cerca a instalaciones del Ejército debería llamar la atención de las Fuerzas Armadas, si es que no son ellas las que están detrás de estos equipos. “Son muy estrictos en lo que es sus instalaciones y seguridad, entonces yo considero que sí deben tener conocimiento por lo estrictos que son y la supervisión constante que tienen de sus instalaciones y sus alrededores”, explicó el ingeniero en Telecomunicaciones que pidió mantener su nombre en reserva.

Contratos para espiar

En dos de los tres países en los que FADe identificó la presencia de antenas sospechosas existe evidencia de compras a proveedores de IMSI-catchers. El único en el que esto no pudo ser verificado es Bolivia.

En México, por ejemplo, el reportaje de PODER develó que la empresa L3Harris Technologies Inc., uno de los mayores fabricantes de estos equipos de espionaje, suscribió 21 contratos con el Gobierno Federal entre 2014 y 2019 por un valor de 85,5 millones de pesos mexicanos. Los últimos contratos se hicieron bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, amigo cercano del expresidente boliviano Evo Morales, mientras que los primeros corresponden al periodo de Enrique Peña Nieto.

“Las dependencias que realizaron los contratos para el Gobierno actual fueron la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR)”, señala el reporte periodístico mexicano. Ambas son instituciones que trabajan en el ámbito militar y, precisamente, una de las antenas más sospechosas fue identificada por FADe cerca de instalaciones que dependen de la SEDENA.

En Venezuela, la publicación de ARMANDOINFO encontró que el Gobierno de este país adquirió equipos a fabricantes de IMSI-catchers. Harris Corporation (al que pertenece L3Harris Technologies Inc.) tiene una subsidiaria llamada Harris International Venezuela C.A., y en 2003 tenía entre sus clientes al Ministerio de Defensa, al Ejército, la Armada, y la Guardia Nacional Bolivariana. Además, en 2008, el Gobierno de Hugo Chávez, aliado acérrimo del expresidente Evo Morales, compró IMSI-catchers a la empresa Phoenix Worldwide Industries. Estas compras se descubrieron a través de una filtración de documentos de la Dirección de Inteligencia Militar.

Hasta el momento, en Bolivia no se ha constatado la adquisición de estos equipos de vigilancia. Las compras de armamento y sistemas de comunicaciones realizadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno están exentas de ser registradas en sistemas públicos, según el Manual de Operaciones del SICOES (Sistema de Contrataciones Estatales).

De todos modos, el Gobierno boliviano tiene la disposición y el aval legal, bajo ciertas circunstancias, de interceptar comunicaciones. La Ley 913, promulgada por el expresidente Morales, señala que en delitos de sustancias controladas se puede realizar estas acciones con la autorización de un juez.

Po otro lado, en el SICOES, se registró la adquisición de equipos de computación y mobiliario para la puesta en marcha del llamado Grupo Especial de Intervención de Telecomunicaciones (GEIT), dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Las compras para que este grupo policial inicie sus operaciones comenzaron en octubre de 2019, poco antes de la caída de Morales, y continuaron durante el Gobierno de transición de Jeanine Añez.

*Este reportaje fue elaborado en el marco de un programa de capacitación sobre desinformación de Internews y Maldita.es