Acuerdo de Escazú: la esperanza para los defensores medioambientales

Ilustración: Valeria Torrico

¿Cómo defender los derechos medioambientales sin información suficiente, ni garantías? Es la pregunta que se hacen muchos activistas y organizaciones medioambientales, ante una nueva amenaza u obstáculo en la lucha por defender la casa de todos.

Según el Mapa de ataques a Defensoras Ambientales realizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), desde 2017 a la fecha se han registrado al menos 191 ataques y amenazas a defensoras ambientales, 164 perpetradores y 38 víctimas en el territorio boliviano. El mismo informe, manifiesta que los ataques van en aumento y son las autoridades y entidades públicas las que encabezan la lista de autores de los ataques.

Las cifras nos muestran un escenario que va en contra de la defensa de los derechos ambientales. Ante este panorama dramático, recientemente, entró en vigor el Acuerdo de Escazú, un documento que parece ser la esperanza para estas personas que se dedican a defender los derechos del medio ambiente. Pero ¿de qué va este acuerdo y por qué podría ser de gran ayuda esta causa? A continuación, te lo explicamos.

Captura mapa de ataques a Defensoras Medioambientales

Acuerdo de Escazú, la garantía para la defensa de los derechos medioambientales

En marzo de 2018, se dio lugar a la firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). El mismo fue originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Además, este acuerdo fue impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Los países que han ratificado el acuerdo el pasado mes son: Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador, y Santa Lucía.

Según el documento, el principal objetivo del acuerdo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales; así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” (Artículo 1, Acuerdo de Escazú).

Bajo ese fin, el acuerdo se ha convertido en la única llave para dar garantías y mejores condiciones a los activistas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos medioambientales. Sus componentes básicos son: el derecho de acceso a la información relacionada a temáticas ambientales, el derecho de acceso a justicia, el derecho a la participación de la sociedad civil en temáticas ambientales y las garantías a los defensores del medio ambiente.

El derecho de acceso a la información y justicia.

Según el Acuerdo de Escazú, cada parte “deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad”.

Al respecto, el responsable del equipo de incidencia en Derechos Humanos del CEDIB Miguel Miranda, manifiestó: “El derecho a la información que prevé el acuerdo, apunta a algo clave: ¿cómo se puede defender un territorio o los derechos medioambientales si no se tiene información? prácticamente no es posible. Por eso, tener información veraz, completa y oportuna, es algo básico y clave”. El derecho a la información en temas medioambientales es uno de los principales fines que el acuerdo de Escazú pretende garantizar con todos los Estados que lo respaldan. La negación de acceso a información pública o la información incompleta es uno de los obstáculos con los que se topan a diario los defensores medioambientales; por lo que el acuerdo se consolida como una herramienta útil para garantizar el acceso irrestricto a datos de interés medioambiental.

Por otra parte, el acuerdo prevé que cada “parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso”. Sobre este punto, la coordinadora general de Reacción Climática, Carmen Capriles, manifestó que, en Bolivia, prácticamente no se ha dado lugar a juicios medioambientales, por lo que hace falta generar mayor jurisprudencia que permita un mejor actuar de la justicia en estos casos. “Otro de los aspectos del acuerdo de Escazú es el tema del acceso a la justicia de los defensores de derechos humanos y del medioambiente, ya que es importante que todos los que quieran tomar acción al ver que algún proyecto o actividad va a generar un impacto negativo en un ecosistema o en poblaciones, puedan tomar acción al respecto” manifestó Capriles.

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Protección a defensores medioambientales y participación civil

Escazú también tiene como fin brindar garantías a quienes defienden los derechos medioambientales. “Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”, se señala en el documento.

Miranda explicó que este es un aspecto importante, ya que en muchos casos se han denunciado ataques, amedrentamientos y violencia contra defensores medioambientales en instancias ordinarias e internacionales, pero sin resultados efectivos ni oportunos. Por ello, se sugiere que, bajo el acuerdo de Escazú, se operativice la posibilidad de generar medidas cautelares para defensores cuya vida se encuentre en peligro.

Otro de los aspectos fundamentales del acuerdo es que permite a la sociedad civil estar involucrada en la toma de decisiones en el campo de políticas medioambientales. Sobre esto, en el documento se establece que “cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”.

Miranda detalló que esta dimensión del acuerdo es una de sus principales características y distinciones en relación a otros de la misma índole. “La participación civil y de los defensores, implica que la gente pueda estar involucrada en todo este proceso y en ese sentido es bien progresistas el acuerdo”, apuntó.

Sobre el mismo aspecto, el coordinador de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Juan Carlos Alarcón, insistió que sin la participación ciudadana, los acuerdos no se cumplirán. “Sabemos perfectamente que sin la movilización, sin la acción social, sin la participación civil, como demandantes del cumplimiento del acuerdo, los estados no lo cumplen”, explicó. 

Bolivia se estrelló contra la esencia del acuerdo

Pese a que el acuerdo tiene como esencia el involucramiento ciudadano, el pasado 22 de abril en Santiago de Chile, durante la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP1 Escazú), la delegación de Bolivia propuso modificar un párrafo del tratado en el que pone a la sociedad como parte de la mesa directiva del acuerdo, para retirarla de la misma, alegando que su inclusión no sería necesaria. La mencionada propuesta contraviene la esencia del acuerdo, por lo que ningún país la respaldó y Bolivia tuvo que retroceder. Frente a esta propuesta, al menos 18 organizaciones medioambientales del país manifestaron su malestar en un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron la posición de la delegación boliviana. Asimismo, exigieron la participación libre, independiente y efectiva de la sociedad civil en todos los espacios posibles como ser el Acuerdo de Escazú.

Sobre este punto, la presidenta de la Comisión de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medioambiente de la Cámara de Senadores, Cecilia Requena calificó como una vergüenza la actuación oficial de la delegación boliviana. “Es muy importante entender que la naturaleza misma de este convenio ha sido construída con altísima participación de la sociedad civil a diferencia de otros, por eso es que la posición del gobierno boliviano ha sido vergonzosa porque finalmente lo que hacía era desconocer el espíritu y letra del acuerdo”, señaló. Recalcó que bajo su papel como legisladora, realizará las correspondientes peticiones de informes sobre este tema.

Desafíos del acuerdo

Capriles mencionó que quedan diversos desafíos para que el acuerdo de Escazú se efectúe. “Lo que nosotros esperamos es que el gobierno empiece a abrir estos espacios donde se pueda hablar de estos temas, pues se han cerrado muchos espacios y solo se escuchan a ciertos sectores de la población, pero necesitamos que se escuchen a todos y que se tomen esas voces, aunque sean disidente, para lograr una gobernanza ambiental sana”, enfatizó.

Bajo la misma línea, Miranda dijo que existe una decisión por parte de su organización de trabajar junto a diferentes actores y movimientos para hacer que el acuerdo se viabilice y se generen las mejores condiciones para una defensa libre de los derechos medioambientales.

En tanto, Requena recordó que por muchos años, la defensa del Medio Ambiente en Bolivia está solo en manos de la ciudadanía. “La conservación, la protección y la defensa de un medioambiente sano si bien está constitucionalizado en el artículo 33, pero también en otras leyes, lamentablemente no se cumplen y si hay algo que se logra por ejemplo en el tema de minería ilegal es gracias a la sociedad civil y esa ha sido la tónica y constante en Bolivia desde hace décadas es la sociedad civil la que lleva la vanguardia por eso defender el margen de acción y de acceso a la información de la sociedad civil es fundamental para defender la base vital que nos da el oxígeno, agua y que nos provee de estabilidad climática”, manifestó.

El acuerdo de Escazú apenas presenta sus primeros cimientos y junto con ellos vienen diversos desafíos para los defensores y defensoras medioambientales.

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