El proyecto de Charagua Iyambae busca certificar la reducción de 18 millones de toneladas de emisiones de carbono y Bolivia inició conversaciones con Emergent, organización que canaliza financiamiento internacional para la conservación de bosques. Si se toma como referencia el precio de US$10 por tonelada utilizado en acuerdos con otros países, el volumen permitiría dimensionar un valor teórico de US$180 millones. Sin embargo, Bolivia todavía debe superar procesos de certificación y verificación antes de que esos créditos puedan ser emitidos y comercializados.

Conservar los bosques bolivianos podría comenzar a traducirse en ingresos provenientes del mercado internacional de carbono.

Bolivia busca certificar la reducción de 18 millones de toneladas de emisiones de carbono a través de una iniciativa que se desarrolla en la autonomía indígena guaraní de Charagua Iyambae, en Santa Cruz.

El dato fue presentado por el Gobierno boliviano durante una reunión sostenida en Nueva York entre el ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, y Eron Bloomgarden, director ejecutivo de Emergent, una organización internacional dedicada a movilizar financiamiento público y privado para la protección de bosques tropicales.

El proyecto boliviano ya inició su proceso de registro ante ART TREES, un estándar internacional utilizado para medir y certificar reducciones de emisiones provenientes de programas jurisdiccionales REDD+.

Emergent manifestó interés en operar en Bolivia y ambas partes comenzaron a intercambiar documentación técnica para avanzar hacia una posible operación conjunta, según informó el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua el 26 de septiembre.

Pero ¿qué podrían representar económicamente 18 millones de toneladas de carbono?

Una referencia: US$10 por tonelada

Todavía no existe un precio acordado para los créditos que Bolivia pretende generar en Charagua y tampoco está garantizado que las 18 millones de toneladas anunciadas terminen convertidas en créditos comercializables.

Sin embargo, operaciones realizadas por Emergent y la Coalición LEAF (Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance) permiten tener una referencia.

Ghana, por ejemplo, firmó en 2023 un acuerdo por hasta US$50 millones a cambio de reducciones de emisiones equivalentes a cinco millones de toneladas de dióxido de carbono. El precio establecido fue de US$10 por tonelada.

Ecuador alcanzó posteriormente un acuerdo por hasta US$30 millones por tres millones de toneladas, también tomando como referencia US$10 por tonelada.

Si únicamente como ejercicio de referencia se aplicara ese mismo valor a las 18 millones de toneladas que Bolivia busca certificar, el resultado sería:

18 millones de toneladas x US$10 = US$180 millones.

La cifra no representa una proyección oficial ni significa que Bolivia vaya a recibir US$180 millones. Sirve únicamente para dimensionar el potencial económico del volumen de reducción de emisiones que el Gobierno afirma que busca certificar.

Otros acuerdos muestran, además, que el valor puede variar. En operaciones jurisdiccionales REDD+ recientes se han observado precios superiores a los US$10 por tonelada, dependiendo de las características de los créditos y de las negociaciones entre compradores y vendedores.

¿Bolivia ya tiene 18 millones de créditos para vender?

No.

Existe una diferencia importante entre estimar una reducción de emisiones y contar con créditos de carbono certificados que puedan ser comercializados.

Bolivia ya había dado un primer paso en julio de 2025, cuando ART publicó el denominado TREES Concept del programa jurisdiccional REDD+ boliviano. La propia organización explica que esta publicación constituye el primer paso del proceso de registro.

Para llegar a la emisión de créditos, el programa debe presentar la documentación requerida y demostrar sus resultados.

ART exige además una validación y verificación independiente realizada por terceros acreditados. Solo después de superar ese proceso, su directorio puede aprobar la emisión de créditos TREES serializados.

En otras palabras, el camino no es automático:

conservar el bosque → demostrar la reducción de emisiones → verificar los resultados → certificar los créditos → encontrar compradores → recibir los recursos.

Por eso, las 18 millones de toneladas anunciadas por el Gobierno no equivalen todavía a 18 millones de créditos disponibles en el mercado.

¿Qué es Emergent y por qué importa?

Emergent funciona como intermediario y coordinador de mecanismos destinados a movilizar financiamiento hacia países y regiones que logran reducir la deforestación.

La organización coordina la Coalición LEAF, una iniciativa internacional que reúne recursos de gobiernos y empresas para comprar reducciones de emisiones provenientes de bosques tropicales y subtropicales.

El mecanismo se diferencia de muchos proyectos privados de carbono porque trabaja con programas jurisdiccionales, es decir, iniciativas que abarcan territorios administrados por gobiernos nacionales o subnacionales y no solamente parcelas o proyectos individuales.

Los recursos se entregan por resultados: primero debe demostrarse y verificarse que las emisiones fueron efectivamente reducidas.

El caso de Ghana muestra cómo funciona este esquema. El país acordó recibir hasta US$50 millones por cinco millones de toneladas verificadas. Los recursos provenientes de la venta deben distribuirse entre distintos actores mediante un plan de reparto de beneficios.

Leer más: https://todosnube.com/blog/creditos-carbono-bonos-verdes-financiamiento-climatico-bolivia/

Charagua y la pregunta clave: ¿quién recibiría el dinero?

El proyecto boliviano agrega otro elemento relevante: se desarrolla en Charagua Iyambae, la primera autonomía indígena de Bolivia, en territorio de la Nación Guaraní.

Por ello, una eventual comercialización de créditos abre una pregunta que todavía será necesario responder con precisión: ¿cómo se distribuirían los recursos generados por la conservación de esos bosques?

En agosto de este año, el propio Gobierno informó que en el Bajo Isoso se estaba preparando la Consulta Libre, Previa e Informada correspondiente a la iniciativa jurisdiccional REDD+ de Charagua.

Como parte de ese proceso se inició la contratación de técnicos locales para apoyar la consulta desde el territorio.

La participación de las comunidades no es un elemento menor dentro del proceso de certificación. Los estándares internacionales incluyen salvaguardas sociales y ambientales y los mecanismos de financiamiento contemplan planes para determinar cómo se reparten los beneficios obtenidos.

Sin embargo, el anuncio realizado por el Gobierno tras la reunión con Emergent no especifica todavía cuánto de los eventuales ingresos correspondería a las comunidades de Charagua, qué porcentaje podría destinarse al Estado, cómo se administrarían los recursos ni durante cuánto tiempo se generarían.

Bolivia todavía construye las reglas del mercado

El avance ocurre además mientras Bolivia continúa desarrollando su marco normativo para el financiamiento climático y los mercados de carbono.

En agosto de 2024 se eliminó una de las restricciones legales que impedía avanzar con este tipo de mecanismos. Sin embargo, especialistas consultados este mes por Mongabay Latam advirtieron que el país todavía no cuenta con una regulación suficientemente clara sobre aspectos como la comercialización, la fiscalización, las salvaguardas para pueblos indígenas y la distribución de los beneficios.

El propio Viceministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en un proyecto de Ley de Gobernanza, Regulación y Articulación del Financiamiento Climático y de Biodiversidad, que contempla instrumentos como créditos de carbono y biodiversidad, bonos temáticos y mecanismos para canalizar inversiones internacionales.

La discusión no es menor. Una parte importante de los bosques bolivianos se encuentra dentro de territorios indígenas, por lo que la definición de quién puede generar, comercializar y recibir los recursos provenientes de los créditos será determinante.

De conservar bosques a generar ingresos

La posible operación con Emergent se suma a una estrategia más amplia del Gobierno para buscar nuevas fuentes de financiamiento internacional vinculadas con los recursos naturales y la conservación.

Bolivia tiene una de las mayores superficies de bosque tropical de Sudamérica, pero también enfrenta fuertes presiones por deforestación e incendios.

Los mercados de carbono intentan cambiar parte de esa ecuación económica: que mantener un bosque en pie pueda generar recursos por las emisiones de gases de efecto invernadero que se evitan al impedir su destrucción.

Charagua podría convertirse en uno de los primeros casos bolivianos a gran escala que permita comprobar cuánto puede valer realmente esa conservación.

Por ahora, los US$180 millones son solamente una referencia matemática basada en precios utilizados en acuerdos internacionales comparables.

Entre las 18 millones de toneladas que Bolivia busca certificar y el ingreso efectivo de dinero todavía existe un camino de verificación, certificación, negociación y regulación.

Y queda una pregunta fundamental: si esos bosques finalmente generan millones de dólares, ¿cómo se repartirán los beneficios entre el Estado, el territorio y las comunidades que los conservan?