Johan Yugar/ Carmen Capriles
REACCIÓN CLIMÁTICA
En las entrañas de los ríos amazónicos de Bolivia se libra una batalla constante. Allí, en playas y cauces donde los mineros artesanales buscan oro, la contaminación por mercurio se ha convertido en un problema de salud pública, ambiental y social de enormes proporciones. La minería artesanal y de pequeña escala de oro (MAPE) es hoy la mayor fuente de uso y emisión de mercurio en el país. Y, sin embargo, Bolivia brilló por su ausencia en la más reciente reunión regional del GRULAC —el Grupo de Países de América Latina y el Caribe parte del Convenio de Minamata—, donde se discutieron soluciones y compromisos frente a esta crisis.
El mercurio, utilizado para amalgamar las partículas de oro en los procesos rudimentarios de extracción, tiene un costo oculto: se libera al aire, al agua y al suelo, acumulándose en los ecosistemas y entrando en la cadena tróficas de los ecosistemas marinos, lo que eventualmente lleva a que el mercurio termine siendo parte de los sistemas alimentarios de poblaciones indígenas y poblaciones ribereñas. Diversos estudios en la Amazonía boliviana han confirmado niveles alarmantes de contaminación por mercurio, tanto en peces como en las poblaciones humanas que dependen de ellos. Reacción Climática, una organización ambiental boliviana, viene trabajando desde el año 2019 en la recolección de muestras de cabello en mujeres indígenas, revelando niveles de mercurio que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Los efectos son devastadores. La exposición crónica al mercurio puede provocar daños neurológicos irreversibles, afectar el desarrollo cognitivo de niñas y niños, comprometer el sistema cardiovascular y causar alteraciones en el embarazo. Para varias comunidades indígenas en especial las que dependen de la pesca como base alimentaria, la amenaza es doble: por un lado, la degradación ambiental de los ríos y, por el otro, la contaminación de los peces que constituyen su principal fuente de proteína. En la cuenca del río Beni, pueblos organizados en la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) han denunciado la pérdida de peces tradicionales y un aumento en los problemas de salud que podrían estar vinculados a la dieta contaminada.
Es importante mencionar que las comunidades contaminadas en su mayoría no participan de las MAPES y que sus modos de vida vienen siendo afectados debido a una actividad en la que ellos no participan y ponen en alto riesgo a las próximas generaciones que pueden sufrir un daño irreversible
A pesar de estas evidencias, Bolivia se encuentra rezagada en el escenario internacional. En la última reunión del GRULAC, realizada en septiembre en Santiago de Chile, representantes de toda la región discutieron medidas urgentes para fortalecer la implementación del Convenio de Minamata: desde la prohibición del comercio legal de mercurio hasta el establecimiento de fechas límite para eliminar su uso en la MAPE. El encuentro logró pocos acuerdos, lo que ilustra lo difícil del problema, pero aun así, la ausencia boliviana en estos debates es preocupante, no solo porque el país es uno de los más afectados por la contaminación por mercurio, sino porque priva a las comunidades locales de contar con una voz activa en la búsqueda de soluciones regionales.
El contraste con otros países es evidente. Mientras naciones vecinas avanzan en programas de reducción del uso de mercurio, promueven tecnologías limpias e impulsan campañas de salud pública, en Bolivia persiste la falta de control y regulación efectiva. La importación de mercurio continúa, a menudo con destino a la MAPE, y las iniciativas estatales para monitorear la contaminación o atender sus consecuencias en la salud de las poblaciones son insuficientes.
El Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia en junio de 2019, puede ser un instrumento esencial para que las comunidades puedan exigir reparación y justicia y puedan participar de la formulación de políticas públicas. Este potencial se hizo patente con la participación de Carlos de Miguel, Secretario del Acuerdo de Escazú durante la última reunión del GRULAC. Aún así, hace falta un mayor compromiso por parte de los estados para que el Acuerdo de Escazú pueda realmente ser un instrumento efectivo para la justicia ambiental en la región.
Lo que está en juego no es solamente el medio ambiente, sino también los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ellos no participaron de la decisión de permitir la expansión de la minería aurífera en sus territorios, pero hoy cargan con la mayor parte de las consecuencias: ríos contaminados, pérdida de biodiversidad, deterioro cultural y riesgos severos para la salud. La pesca, que no solo garantiza alimento sino que forma parte de la identidad y espiritualidad de estas comunidades, está en riesgo de convertirse en una actividad peligrosa.
La no participación de Bolivia en el GRULAC envía un mensaje de desinterés que contradice la urgencia de la situación. El Convenio de Minamata no es solo un acuerdo ambiental, sino un tratado de salud y de justicia social. Dejar pasar la oportunidad de influir en la toma de decisiones regionales significa también marginar las voces de las comunidades más vulnerables, que ven en el río no solo una fuente de vida, sino la esencia misma de su existencia.
En la medida en que el precio del oro continúe incentivando la expansión de la minería artesanal y no se implementen medidas claras para eliminar el mercurio, la Amazonía boliviana seguirá pagando un alto costo. Urge un compromiso real del Estado boliviano, no solo para sumarse a los debates internacionales, sino para priorizar la salud y la vida de sus pueblos frente al brillo engañoso del oro.
