El juicio penal por la muerte de un oso andino o jucumari, ocurrida en julio de 2023 cerca del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) El Palmar, fue suspendido nuevamente hasta el 21 de noviembre. El juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Nº 5 de Chuquisaca, Offman Padilla Blacutt, ordenó la aprehensión de Santoz Y. Z. por no presentarse a la audiencia, en la que también se conoció la renuncia de su abogado defensor.

La audiencia fue reprogramada para garantizar el derecho a la defensa del acusado, para quien se dispuso la designación de un abogado de oficio. Durante la sesión, el procesado alegó que no tenía recursos económicos para trasladarse hasta Sucre ni para contratar un abogado; sin embargo, según los antecedentes proporcionados, no presentó documentación que justificara su inasistencia.

La nueva postergación generó molestia entre quienes acompañan el proceso. El abogado Diego Espinoza, de la Fundación RPC y representante legal del caso, cuestionó la suspensión debido a los esfuerzos realizados para trasladar a peritos desde Cochabamba, guardaparques y especialistas del Bioparque Vesty Pakos, de La Paz, que debían aportar elementos técnicos al juicio. Ante las dificultades logísticas y económicas para reunir a los testigos, también se planteó la posibilidad de realizar las próximas audiencias de manera virtual.

Tres años de espera por justicia

Mientras el proceso vuelve a quedar en suspenso, jóvenes y ciudadanos se concentraron en las afueras del juzgado con carteles y consignas para exigir justicia por la muerte del jucumari. La vigilia pacífica buscó visibilizar un caso que, a casi tres años de los hechos, todavía espera una respuesta judicial.

“Lamentamos la dilación del juicio”, expresó la activista ambiental Laura Lagrava, quien realiza seguimiento al proceso.

Los hechos investigados ocurrieron en la comunidad de Rumi Cancha, cerca del ANMI El Palmar. De acuerdo con los antecedentes del caso, el oso habría sido perseguido y agredido hasta causarle la muerte y, posteriormente, su cuerpo habría sido desmembrado. La investigación busca establecer las responsabilidades penales correspondientes por el presunto delito de biocidio.

La movilización ciudadana puso nuevamente en evidencia la preocupación de las organizaciones defensoras de los animales por las demoras en el proceso. Para quienes acompañan el caso, la nueva suspensión prolonga la espera de una respuesta judicial y refuerza la exigencia de que se determinen las responsabilidades conforme a ley.

Otros procesos por fauna silvestre también enfrentan demoras

La preocupación por las postergaciones no se limita al caso del jucumari. En Santa Cruz, otros dos procesos relacionados con la protección de la fauna silvestre también tienen audiencias pendientes.

El proceso penal por el caso de dos monos aulladores bebés, rescatados a principios de septiembre en el marco de una investigación por presunto tráfico ilegal de fauna, fue reprogramado para el lunes 12 de octubre. Según la información proporcionada por las organizaciones que siguen el caso, existe una persona implicada con mandamiento de aprehensión. También cuestionan la falta de participación de la Gobernación de Santa Cruz en la defensa del patrimonio natural del departamento.

Por otra parte, la audiencia de medidas cautelares promovida por Alas Chiquitanas y la Sociedad Legal Justicia Ambiental para proteger a los animales bajo custodia del Centro de Atención y Derivación (CAD) de Santa Cruz fue postergada hasta el 6 de noviembre.

La demanda busca que se adopten medidas urgentes frente a presuntas negligencias e irregularidades en la gestión del centro durante 2024 y 2025, así como otros indicios denunciados en 2026. Según Alas Chiquitanas, pese a las denuncias presentadas durante más de un año ante distintas instancias, siguen pendientes respuestas formales y acciones legales y administrativas para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar el bienestar de los animales.

Aunque se trata de procedimientos distintos, las organizaciones advierten una preocupación común: la necesidad de que los procesos relacionados con la protección de la fauna silvestre avancen oportunamente y que las medidas judiciales solicitadas no pierdan eficacia por el paso del tiempo.

El 21 de noviembre, una nueva fecha para el juicio

La próxima audiencia por la muerte del oso jucumari está prevista para el 21 de noviembre. Hasta entonces, las organizaciones y los ciudadanos que acompañan el caso esperan que se garanticen las condiciones necesarias para continuar el proceso y evitar nuevas suspensiones.

La presencia de jóvenes en las afueras del juzgado refleja que la exigencia de justicia ambiental también convoca a nuevas generaciones, que reclaman respuestas institucionales ante la muerte de animales silvestres y la necesidad de proteger el patrimonio natural boliviano.

A casi tres años de la muerte del jucumari, la demanda sigue vigente: que el juicio avance, que se esclarezcan los hechos y que las responsabilidades se determinen conforme a ley.