El Colectivo de Mujeres del Gran Chaco Americano presentó un innovador protocolo trinacional diseñado para salvaguardar a las lideresas que defienden el agua, los bosques y la tierra en Argentina, Bolivia y Paraguay. El instrumento surge ante la necesidad urgente de responder a la violencia ambiental, un fenómeno donde el extractivismo, la deforestación y la crisis climática impactan de manera desproporcionada en la seguridad y los cuerpos de las mujeres indígenas y campesinas.
Bajo la premisa de que “nuestro territorio es nuestra casa”, este protocolo busca blindar a las defensoras ambientales, quienes enfrentan riesgos específicos como amenazas físicas en contextos de conflicto territorial, criminalización por su activismo y estigmatización pública destinada a desacreditar su liderazgo.
El ambiente como escenario de violencia
El diagnóstico que sustenta el protocolo identifica que la violencia contra las mujeres en esta región no es un hecho aislado, sino que está intrínsecamente ligada a las disputas por los bienes comunes. El desmonte, la contaminación y la escasez crítica de agua afectan directamente la soberanía alimentaria y la autonomía económica de las mujeres, quienes suelen ser las principales responsables de garantizar el sustento familiar.
El documento destaca realidades críticas por país que agravan esta vulnerabilidad:
- Argentina: Denuncian que los desmontes, fumigaciones y el avance agroindustrial afectan gravemente la salud y el acceso al agua.
- Bolivia: El cambio climático y la migración generan tensiones territoriales que recargan las tareas de cuidado en las mujeres.
- Paraguay: La sequía extrema y la deforestación incrementan la inseguridad en los caminos y la fragilidad institucional.
Para las mujeres del Chaco, la defensa de la naturaleza es también una defensa de la vida y la cultura. El protocolo integra las cosmovisiones originarias, donde conceptos como el Buen Vivir (Guaraní y Qom) y el Husek (Wichí) vinculan la tranquilidad espiritual con la salud del territorio. En este sentido, cualquier agresión contra una defensora ambiental se considera una violación a los derechos humanos colectivos.
El protocolo se presenta como una herramienta orientada a reducir la distancia existente entre el marco normativo nacional y las condiciones reales de las comunidades rurales e indígenas, donde el aislamiento geográfico y las dificultades lingüísticas frecuentemente limitan el acceso de las víctimas a una protección efectiva.
Caminos para la protección de lideresas
Para enfrentar estos desafíos, el protocolo establece medidas de autoprotección y cuidado colectivo. Entre las acciones propuestas destacan la realización de mapeos territoriales participativos para identificar zonas de riesgo, la creación de redes de acompañamiento grupal en gestiones públicas y la exigencia a los Estados de prohibir la criminalización de la defensa ambiental.
El Colectivo de Mujeres del Gran Chaco enfatiza que, aunque las organizaciones comunitarias funcionan como un “escudo protector”, los Estados de la región tienen la obligación ineludible de garantizar la seguridad de las defensoras bajo marcos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Convención de Belém do Pará.
Si te interesa ahondar en el tema, puedes leer el protocolo que te dejamos a continuación:
Foto: Protocolo para proteger a mujeres defensoras del medio ambiente y el territorio. Autor: Composición La Nube con imágenes del Protocolo
