Un informe de la Coordinadora de la Mujer señala que el 84,4% de las mujeres ocupadas en áreas urbanas se encuentra en empleos informales. El documento advierte sobre las brechas que persisten en la autonomía económica, la participación política y el ejercicio de los derechos de las mujeres.
El 84,4% de las mujeres ocupadas en las áreas urbanas de Bolivia trabaja en condiciones de informalidad, según los datos difundidos por la Coordinadora de la Mujer en su informe ¿Qué cambió en la vida de las mujeres? Bolivia 2026: avances, brechas y riesgos en un nuevo ciclo.
La cifra significa que, de cada diez mujeres que tienen una ocupación en las ciudades, más de ocho se encuentran en el sector informal, una situación que plantea desafíos para su acceso a la protección social, la estabilidad laboral y la autonomía económica.
El informe, presentado en octubre de 2026, examina la situación de los derechos de las mujeres en Bolivia y reúne indicadores sobre empleo, violencia, salud, participación política y justicia ambiental.
Sus resultados muestran que los avances en el reconocimiento de derechos conviven con desigualdades estructurales que continúan condicionando las oportunidades de las mujeres.
La informalidad, una barrera para la autonomía económica
La participación de las mujeres en el mercado laboral no garantiza necesariamente el acceso a empleos estables o protegidos.
El dato de informalidad urbana difundido por la Coordinadora de la Mujer evidencia la magnitud de un fenómeno que afecta a una parte considerable de las trabajadoras.
Dependiendo de las características de cada ocupación, el empleo informal puede estar asociado con la ausencia de aportes a la seguridad social, dificultades para acceder a prestaciones laborales y una mayor vulnerabilidad frente a la pérdida de ingresos.
Sin embargo, la informalidad no significa necesariamente desempleo, ausencia de remuneración o condiciones idénticas para todas las trabajadoras.
La cifra del 84,4% corresponde a mujeres que ya tienen una ocupación. Por tanto, no debe confundirse con el porcentaje de mujeres desempleadas ni extenderse automáticamente al conjunto de la población femenina.
Más allá del acceso al trabajo
El informe de la Coordinadora de la Mujer aborda la autonomía económica como una dimensión fundamental para el ejercicio de los derechos.
Contar con ingresos propios puede ampliar las posibilidades de decisión de las mujeres, pero las condiciones en las que se generan esos ingresos también son importantes.
La estabilidad de la ocupación, el acceso a mecanismos de protección social y las oportunidades de desarrollo económico son factores que influyen en la capacidad de las trabajadoras para sostener su independencia financiera.
A estas condiciones se suma la distribución desigual de las responsabilidades domésticas y de cuidado, que puede limitar el tiempo disponible para acceder a determinados empleos o ampliar las actividades económicas.
En ese contexto, las políticas orientadas a mejorar la situación laboral de las mujeres requieren considerar tanto la calidad del empleo como las barreras que enfrentan para participar en el mercado de trabajo.
Un diagnóstico que va más allá de la economía
El documento ¿Qué cambió en la vida de las mujeres? no se limita al análisis laboral.
La publicación examina también las brechas relacionadas con la violencia contra las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, la participación política y la justicia ambiental.
Estos ámbitos permiten observar que las desigualdades no se manifiestan de manera aislada.
Las dificultades para acceder a recursos económicos, la exposición a distintas formas de violencia y las barreras para participar en espacios de decisión pueden influir conjuntamente en las condiciones de vida de las mujeres.
Por ello, el informe plantea la necesidad de evaluar no solo los avances normativos, sino también las condiciones que permiten ejercer efectivamente los derechos reconocidos.
El desafío de transformar la participación laboral en empleo protegido
El porcentaje de informalidad femenina urbana constituye uno de los indicadores más relevantes del diagnóstico presentado por la Coordinadora de la Mujer.
Aunque muestra la magnitud del problema, por sí solo no permite determinar cómo ha evolucionado la informalidad en los últimos años ni establecer diferencias entre departamentos, edades o niveles educativos.
Para responder esas preguntas sería necesario contrastar el indicador con las estadísticas laborales oficiales y examinar su metodología de cálculo.
La información difundida abre, sin embargo, un debate sobre la calidad de las oportunidades económicas disponibles para las mujeres.
El desafío no consiste únicamente en incrementar su participación en el mercado laboral, sino en generar condiciones que permitan acceder a ocupaciones con mayor estabilidad, protección y posibilidades de desarrollo.
