Cuando fue destituido de la gerencia de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia repitió una misma idea en cada entrevista, casi como un mantra: no hizo nada ilegal. No rompió ninguna norma. Solo utilizó un beneficio que, según explicó, estaba previsto para los trabajadores de la empresa.

Puede que tenga razón. Y ese es, precisamente, el problema.

El debate que Bolivia debería tener no es únicamente si Valdivia incumplió una circular interna o si corresponde abrir una investigación. La pregunta de fondo es otra: ¿por qué una empresa pública con problemas financieros mantiene normas que permiten a sus principales ejecutivos y sus familias acceder a pasajes con descuentos de hasta el 90%? ¿Y por qué esos beneficios parecieron normales hasta que se hicieron públicos?

La legalidad de una decisión no siempre la convierte en una buena decisión. Mucho menos cuando la propia norma termina consolidando privilegios difíciles de justificar en una institución que administra recursos públicos. Ese es uno de los problemas más profundos del Estado boliviano: reglas que, aunque legales, muchas veces terminan protegiendo beneficios internos antes que el interés ciudadano.

Una cultura, no un caso aislado

Reducir esta discusión al comportamiento de un solo gerente sería un error.

El caso de Valdivia expuso una cultura administrativa que lleva años instalada en distintas instituciones públicas: reglamentos internos que sobreviven durante décadas sin que nadie se pregunte si todavía tienen sentido.

Después de casi veinte años de predominio del MAS en el poder, Bolivia acumuló una burocracia donde muchos beneficios terminaron normalizándose simplemente porque estaban escritos en alguna resolución, circular o reglamento. Y cuando una práctica se vuelve costumbre, deja de cuestionarse.

Por eso la ciudadanía no espera únicamente funcionarios capaces de cumplir las normas. Espera autoridades dispuestas a revisar aquellas normas que dejaron de responder al interés público.

Ese es el matiz que parece escaparse cuando Valdivia insiste en que “no hizo nada ilegal”. Probablemente tenga razón desde el punto de vista administrativo. Pero la discusión nunca fue solamente jurídica. También es ética, institucional y de gestión.

Un gerente no se define por conocer al detalle qué beneficios puede utilizar legalmente. Se define por su capacidad para reconocer cuáles de esos beneficios contradicen el cambio que le encargaron liderar.

Valdivia llegó a BoA con el discurso de modernizar la empresa y devolverle competitividad. Sin embargo, una de sus primeras controversias públicas terminó siendo el uso de un privilegio que simboliza precisamente aquello que muchos bolivianos esperan dejar atrás.

La contradicción de una empresa pública con déficit

Mientras Valdivia viajaba junto a su familia a Estados Unidos, entre el 18 de junio y el 11 de julio, utilizando pasajes adquiridos a una fracción de su precio comercial, BoA enfrentaba una realidad completamente distinta.

La propia empresa reconoce dificultades financieras. El Gobierno ha admitido la necesidad de renovar una flota envejecida y de mejorar el mantenimiento de sus aeronaves. Incluso el Ministerio de Obras Públicas inició gestiones con Embraer para analizar alternativas de modernización.

En ese contexto, cualquier beneficio extraordinario deja de ser un detalle administrativo para convertirse en una señal.

Una empresa pública que reconoce pérdidas difícilmente puede justificar que su alta dirección pague apenas 93 dólares por un pasaje que normalmente cuesta diez veces más, aun cuando ese descuento esté contemplado en reglamentos internos. Porque cada privilegio que permanece intacto transmite el mismo mensaje: primero se protege a la institución hacia adentro y recién después se piensa en el servicio que presta a los ciudadanos.

Lo más llamativo es que ambas ideas parecían convivir sin conflicto. En una misma entrevista, Valdivia podía reconocer que BoA enfrenta problemas financieros y, al mismo tiempo, defender como completamente normal un beneficio que hoy resulta difícil de explicar ante la opinión pública.

Ese punto ciego —más que cualquier posible ilegalidad— es el que explica por qué su permanencia se volvió insostenible.

Lo que debería cambiar en BoA

La destitución de Valdivia probablemente era inevitable. Pero cambiar a un gerente no resolverá el problema si el siguiente encuentra exactamente las mismas reglas.

La verdadera prueba de que algo cambió será revisar esas normas internas: los descuentos, los criterios para acceder a beneficios, los mecanismos de autorización y los controles sobre quienes administran recursos públicos.

Porque las instituciones no mejoran únicamente sustituyendo personas. Mejoran cuando cambian las reglas que hicieron posibles esas conductas.

Después de casi dos décadas de un Estado acostumbrado a convivir con privilegios administrativos, Bolivia necesita algo más que nuevos nombres en los cargos públicos. Necesita revisar, una por una, aquellas normas que permiten decir con absoluta tranquilidad: “No hice nada ilegal”, incluso cuando la ciudadanía siente que algo está profundamente mal.