La medida permitirá a municipios y gobernaciones movilizar fondos para atender los desastres climáticos. Mientras la sequía deja más de 60.000 hectáreas perdidas, el Gobierno busca financiamiento internacional para enfrentar la emergencia.
Bolivia inició noviembre bajo una declaratoria de emergencia nacional por los efectos de la sequía y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027. Según el último reporte del Ministerio de Defensa, 114.048 familias de 63 municipios en seis departamentos han sufrido las consecuencias de la falta de agua.
La medida fue aprobada el 31 de octubre mediante el Decreto Supremo 5759, que busca facilitar la respuesta del Estado ante los desastres climáticos. Sin embargo, todavía no se ha informado públicamente un presupuesto nacional consolidado para atender la emergencia.

Más de 60.000 hectáreas perdidas
Los datos oficiales, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 29 de octubre, muestran que 78.217 familias están afectadas y otras 35.831 damnificadas, es decir, han sufrido pérdidas directas en sus medios de subsistencia.
La sequía también ha provocado daños en 167.511 hectáreas de superficie productiva, de las cuales 60.106 se reportan como perdidas. Además, el Gobierno contabiliza 75.013 cabezas de ganado perdidas y 1.486 comunidades perjudicadas.
El impacto se concentra en las actividades agropecuarias, especialmente en regiones donde la escasez de agua compromete la producción de alimentos y la alimentación del ganado.
¿De dónde saldrán los recursos?
El 2 de noviembre, el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, explicó que la declaratoria permitirá a municipios y gobernaciones agilizar la programación, transferencia y ejecución de recursos para atender sequías, inundaciones y otros desastres.
Las autoridades subnacionales podrán activar fondos propios, incluso cuando determinados gastos no hayan estado inicialmente programados, mediante los procedimientos correspondientes.
El Gobierno también anunció que trabaja en la búsqueda de financiamiento de organismos internacionales para ampliar su capacidad de respuesta.
No obstante, en los anuncios oficiales revisados no se precisa cuánto dinero adicional estará disponible, qué organismos aportarían recursos ni cómo se distribuirían entre los territorios afectados.
La disponibilidad de financiamiento será determinante para atender las necesidades inmediatas de agua, alimentación del ganado y recuperación productiva.

Cochabamba prepara recursos para atender la sequía
En Cochabamba, siete municipios —Aiquile, Omereque, Pasorapa, Mizque, Pojo, Totora y Sacabamba— se declararon en desastre por la sequía.
La Asamblea Legislativa Departamental anunció que trataría este martes una declaratoria de emergencia y una asignación inicial de Bs 1,3 millones para la compra de forraje, contratación de cisternas y adquisición de tanques de agua.
El monto representa una primera respuesta departamental, aunque todavía será necesario conocer los recursos que movilizarán los distintos niveles del Estado.
El riesgo no termina con la sequía
El Decreto Supremo 5759 también contempla amenazas de heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones, riadas y desbordes vinculados al fenómeno de El Niño 2026-2027.
Esto significa que el país deberá prepararse simultáneamente para la escasez de agua en algunas regiones y posibles precipitaciones intensas en otras.
La declaratoria abre la posibilidad de movilizar recursos y coordinar acciones entre instituciones. El desafío será convertir esas disposiciones en asistencia efectiva para las familias afectadas y transparentar cuánto se destinará a enfrentar la emergencia.


