Foto: Corte IDH
En un evento que marca historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió hoy una opinión consultiva en la que se concluye que, en el marco de la legislación internacional, los Estados tienen la obligación de proteger a las personas y al medioambiente de la crisis climática, así como avanzar hacia un desarrollo sostenible.
“La decisión de la Corte marca un antes y un después para la justicia climática en América Latina y en el mundo, al ser la primera vez que un tribunal regional de derechos humanos define con claridad las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática“, enfatizó Gladys Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa
del Ambiente (AIDA), en una conferencia de prensa.
En enero del 2023, la República de Chile y la República de Colombia presentaron a la Corte IDH una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados para responder a la emergencia climática. Después de un largo proceso de análisis en el que participaron decenas de expertos, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, empresas, y otros actores, hoy la Corte publicó su decisión.
“Los Estados tienen la obligación de actuar de conformidad con un estándar de debida diligencia reforzada para contrarrestar las causas humanas del cambio climático y proteger a las personas bajo su jurisdicción”, se lee en la parte final del documento.
“En virtud del derecho al ambiente sano, los Estados deben proteger la naturaleza y sus componentes frente a los impactos del cambio climático, y establecer una estrategia tendiente a avanzar hacia el desarrollo sostenible“, se añade en el mismo.
De acuerdo a una nota de la organización Periodistas por el Planeta, se trata de una opinión vinculante para más de 30 países de América Latina y el Caribe que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entre los puntos más relevantes de la opinión consultiva se destaca la obligación de los Estados para prevenir y mitigar daños ambientales y climáticos, facilitar el acceso a la información sobre cuestiones ambientales, y garantizar la participación de las poblaciones en este ámbito.
También se sienta una base jurídica para demandas contra empresas o Estados que atenten contra un medioambiente sano.
La opinión también señala que los Estados deben iniciar una transición energética urgente que deje de lado la dependencia en los combustibles fósiles.
“Mediante la Opinión Consultiva, el derecho interamericano realiza un aporte fundamental para una respuesta justa, equitativa y oportuna frente a la emergencia climática. Hoy la celebramos; a partir de mañana, sumamos esfuerzos para implementarla en toda la extensión de nuestro continente”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
