El país respaldó la Declaración de Glasgow, a la que no se había adherido en 2021, y se convirtió en el miembro 42 de la Alianza de Líderes para los Bosques y el Clima. El compromiso llega después de que Bolivia registrara la segunda mayor pérdida de bosque tropical primario del mundo en 2025, mientras continúa pendiente la abrogación de normas cuestionadas por facilitar desmontes y quemas.
Bolivia se incorporó a la Alianza de Líderes para los Bosques y el Clima (FCLP), una coalición internacional que busca detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de tierras para 2030. El anuncio fue realizado el 4 de noviembre por el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.
La adhesión convierte a Bolivia en el país miembro número 42 de la alianza, que también incluye a la Unión Europea. Para ingresar, el país respaldó la Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, adoptada durante la conferencia climática de 2021.
El Gobierno presenta la incorporación como una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y acceder a financiamiento ambiental. Sin embargo, el anuncio no identifica nuevos recursos aprobados, metas nacionales adicionales de reducción de la pérdida forestal ni un calendario para evaluar los resultados.
De rechazar Glasgow a respaldar su declaración
La incorporación representa un cambio respecto de la posición que Bolivia mantuvo en la COP26 de 2021, cuando no se adhirió a la Declaración de Glasgow.
En aquel momento, el Gobierno boliviano cuestionaba los mecanismos de mercado como respuesta a la crisis climática y defendía enfoques de cooperación no basados en mercados de carbono.
Cinco años después, el respaldo a esa declaración permite al país ingresar a una alianza creada precisamente para impulsar su cumplimiento.
El cambio coincide con una mayor apertura gubernamental a mecanismos internacionales de financiamiento para la conservación de los bosques.
Bolivia continúa entre los países que más bosques pierden
La nueva adhesión llega después de varios años de elevada pérdida forestal.
Según datos del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, difundidos por Global Forest Watch y el World Resources Institute (WRI), Bolivia perdió más de 620.000 hectáreas de bosque tropical primario en 2025.
Fue la segunda mayor pérdida anual registrada en el país, solo superada por 2024, cuando desaparecieron aproximadamente 1,48 millones de hectáreas, en un año marcado por incendios de gran magnitud.
Bolivia ocupó nuevamente el segundo lugar mundial en pérdida de bosque tropical primario, después de Brasil y por delante de la República Democrática del Congo, pese a contar con una superficie de bosque primario considerablemente menor.
Aunque los datos de 2025 muestran una reducción respecto del año anterior, el WRI advierte que parte de la pérdida registrada corresponde a incendios de finales de 2024 detectados posteriormente.
El problema tampoco se limita al fuego. El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) estimó que Bolivia perdió alrededor de 200.000 hectáreas de bosque primario amazónico por causas no asociadas a incendios durante 2025.
La expansión ganadera y de cultivos como la soya, el maíz y el sorgo se encuentra entre los principales factores identificados.
Financiamiento internacional, pero sin nuevos montos anunciados
El Gobierno ha impulsado distintas iniciativas para atraer recursos destinados a la conservación.
El 27 de octubre, el Ministerio de Producción Sostenible y WWF suscribieron un memorándum de entendimiento para avanzar en un Programa de Financiamiento para la Permanencia (PFP), orientado a fortalecer la gestión de 24 áreas protegidas nacionales y cuatro de la Autonomía Indígena de Charagua Iyambae.
La iniciativa no parte de cero. WWF informa que su diseño comenzó años atrás y que ya se elaboraron planes de conservación, se identificaron posibles fuentes de recursos y se realizaron actividades de coordinación institucional.
No obstante, la incorporación a la FCLP es un proceso distinto y no representa automáticamente la aprobación de nuevos fondos.
La alianza busca movilizar cooperación internacional y promover políticas de conservación, pero sus miembros deben definir las acciones concretas con las que contribuirán al objetivo de 2030.
En el anuncio de adhesión de Bolivia no se detallan nuevas metas cuantificadas, presupuesto específico ni plazos nacionales de implementación.
Las leyes cuestionadas siguen siendo un problema
El compromiso internacional también plantea interrogantes sobre la legislación que regula los desmontes y las quemas en Bolivia.
Entre las normas cuestionadas por organizaciones ambientales se encuentran la Ley 741, que amplió la superficie autorizada de desmonte hasta 20 hectáreas para determinadas pequeñas propiedades y propiedades comunitarias; la Ley 1171, sobre uso y manejo racional de quemas; y la Ley 337, vinculada a la regularización de desmontes no autorizados.
Estas disposiciones forman parte de las denominadas «leyes incendiarias», cuya abrogación ha sido impulsada desde distintos sectores sociales y políticos.
En septiembre de 2024, el Senado aprobó proyectos para abrogar la Ley 1171 y la Ley 337 junto con sus modificaciones. Sin embargo, el tratamiento legislativo no concluyó.
En julio de 2026, la diputada Cecilia Requena advirtió que las iniciativas continuaban paralizadas en la Cámara de Diputados y que existía resistencia de sectores productivos a modificar estas disposiciones.
La abrogación de estas leyes no resolvería por sí sola la deforestación, pero su permanencia evidencia una discusión pendiente sobre las políticas de uso del suelo y los incentivos a la expansión agropecuaria.
El desafío de convertir los compromisos en resultados
La adhesión a la FCLP representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y acceder a mecanismos de apoyo para la conservación.
Pero también coloca a Bolivia frente a un compromiso que podrá evaluarse en apenas cuatro años.
Para entonces, el país deberá demostrar avances en la reducción de la pérdida forestal, en un contexto en el que los incendios, los desmontes y la expansión agropecuaria continúan presionando sus bosques.
El anuncio del 4 de noviembre no explica todavía qué medidas adicionales adoptará Bolivia para alcanzar ese objetivo, cómo se financiarán ni cómo se medirán sus resultados.
La incorporación a una alianza internacional es un paso político. Detener la pérdida de bosques exige, además, decisiones nacionales cuyos resultados puedan comprobarse.
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