En su libro más reciente, «Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación», el economista ambiental Stanislaw Czaplicki Cabezas desentraña los mecanismos financieros ocultos que están acelerando el desmonte y la deforestación masiva en Bolivia. A través de un análisis detallado, Czaplicki expone cómo las llamadas «finanzas grises», compuestas por fondos que operan fuera del control regulatorio y evaden la transparencia, han sido clave en la expansión del agronegocio y el acceso a créditos destinados a extender la frontera agrícola.
El desmonte, una práctica central del agronegocio, ha prosperado gracias a estas inversiones poco fiscalizadas, generando una deforestación sostenida en zonas de alto valor ecológico. El estudio subraya que la falta de regulación financiera y la permisividad de ciertas instituciones han facilitado la perpetuación del desmonte ilegal, exacerbando la crisis ecológica en Bolivia.
La obra de Czaplicki ofrece una visión integral del vínculo entre el sistema financiero y la destrucción de los bosques, invitando a reflexionar sobre las medidas urgentes que se requieren para frenar esta devastación. El libro está disponible de manera gratuita en internet, ofreciendo una valiosa herramienta para entender cómo el financiamiento irregular está alimentando una de las mayores crisis ambientales del país.
La Nube entrevistó al autor en un webinar que se realizó el 27 de agosto.
Pregunta 1: En tu libro, abordas el concepto de las «finanzas grises» dentro del agronegocio en Bolivia. ¿Podrías explicar qué son exactamente estas finanzas grises y cómo han influido en la expansión de la deforestación en el país?
Stanislaw Czaplicki: El concepto principal del libro son las «finanzas grises», y este término puede parecer opaco o incluso dudoso, lo cual en cierta medida refleja su significado. Una manera sencilla de entenderlo es comparándolo con las finanzas verdes, que son recursos destinados a iniciativas de conservación o energías renovables. En cambio, las finanzas grises son fondos dirigidos a actividades extractivas y contaminantes. Este concepto nació para analizar qué porcentaje del financiamiento global se dirige hacia actividades sostenibles y cuánto hacia las no sostenibles. En América Latina, estudios como el de Climate Focus para la New York Declaration of Forests mostraron que hay siete veces más financiamiento gris que verde.
Inicialmente, se pensaba que las finanzas grises solo apoyaban a actividades claramente perjudiciales, pero el análisis ha evolucionado. Hoy en día, consideramos que las finanzas grises son el capital que fluye hacia cualquier actor, grande o pequeño, que de alguna forma contribuye a la deforestación, la contaminación de ríos y el deterioro ambiental entre otros. Estos actores, que pueden estar organizados en conglomerados, se financian de varias fuentes y utilizan ese capital para expandir actividades nocivas sin grandes repercusiones legales.
Pregunta 2: En esta investigación menciona la complicidad de ciertos actores políticos y económicos en la deforestación. ¿Qué papel juegan estos actores en la perpetuación del modelo agroextractivista, y cómo se entrelazan con las finanzas grises que usted describe?
Stanislaw Czaplicki: Para explicarlo de otra manera, el negocio de la deforestación es sumamente complejo. Implica la participación de diversas personas, como si se tratara de un baile, con un DJ y una invitación a la fiesta. Existen actores con diferentes niveles de responsabilidad. Desde la perspectiva del cambio de uso de suelo, tanto los análisis de Fundación Tierra como los estudios estatales y académicos coinciden en que el actor principal en este problema es el sector empresarial, incluyendo tanto a empresas grandes como medianas. Sin embargo, esto no significa que otros actores no tengan su relevancia. Por ejemplo, algunos grupos interculturales desempeñan el rol de proveedores de tierras forestales a las empresas, mientras que los menonitas también forman parte de esta dinámica.
Pero en cierta forma, todo esto es posible porque hay una notable tolerancia. Al reflexionar sobre los incendios, es alarmante notar que el 98% de los incendios en 2022 fueron ilegales. Asimismo, el 51% entre 2015 y 2019 de la deforestación y el desmonte es igualmente ilegal, según Plan de Acción Institucional para La Gestión Integral Del Fuego de la ABT. En teoría, deberían existir sanciones en abundancia, pero la realidad es que la ABT solo multa alrededor del 2% de los casos. Esto es insignificante. Si realizo un desmonte ilegal, es probable que no enfrente consecuencias; incluso si las hay, las multas impuestas son mínimas. Esto indica que no es simplemente la falta de normas o de una entidad que cumpla su función, sino que el sistema está tan mal diseñado que permite flujos que favorecen la deforestación sin sanciones.
Retomando el tema de las finanzas grises, su crecimiento está ligado, por un lado, a la expansión de la clase media y la economía formal en el país, lo que ha llevado a un aumento en las contribuciones a las AFPs y al sistema bancario. Además, se han implementado reglas que, en teoría, buscan el bienestar del país, como la inversión de los fondos de pensión en Bolivia. Sin embargo, surge la pregunta: ¿hacia dónde se dirigen estas inversiones? Para obtener rendimientos, los fondos deben destinarse a la economía formal, que a menudo favorece a las grandes empresas. Así, lo que expongo en mi estudio no es una revelación para esos actores, sino una revelación para nosotros mismos.
Pregunta 3: El agronegocio en Bolivia ha sido un factor clave en el cambio del uso del suelo. ¿Podría profundizar en las dinámicas que vinculan la expansión de este sector con la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas?
Stanislaw Czaplicki: Para abordar esta pregunta, voy a dividir mi respuesta en dos partes. Primero, es crucial entender qué es el agronegocio. No se trata simplemente de producción agrícola y pecuaria, sino de un modelo de negocios y de desarrollo que en el contexto boliviano no está fundamentado en la productividad. De hecho, presenta rendimientos bajos, ya que su objetivo es producir a bajo costo y con escaso uso de insumos, como fertilizantes. Por ejemplo, solo el 23% de la soya en Bolivia se cultiva con fertilizantes, según un informe de la ANAPO y el INIAF 2019 . Esto implica que, al no emplear fertilizantes, no se busca alcanzar altos rendimientos. El agronegocio, en otras palabras, se enfoca en la especulación de la tierra, utilizándola como colateral financiero para expandir su acaparamiento. Un «business man» del agro dirá que, para invertir su propio capital, requiere un rendimiento mínimo del 12% anual. Sin embargo, dado que puede acceder a préstamos con intereses del 5% al 6%, resulta más rentable endeudarse que utilizar su propio dinero.
En cuanto a la segunda parte de la pregunta, la relación entre el agronegocio, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas es trágica. La deforestación lleva a la pérdida de hábitats para la biodiversidad, un hecho innegable. Además, las prácticas agrícolas implican el uso de agroquímicos autorizados y prohibidos y no incluyen medidas regenerativas, lo que limita los espacios para aves y otras especies. La degradación se agrava por los incendios; a medida que se queman los bosques, pierden su capacidad regenerativa.
Este proceso desencadena un ciclo destructivo: el aumento de la temperatura y de eventos extremos. Un estudio sobre la Amazonía Sur ccidental, que corresponde a Bolivia, indica que, a 100 kilómetros de áreas deforestadas, la temperatura promedio puede incrementarse en 1,5 grados. Esto, a su vez, provoca más deforestación, más incendios, ecosistemas más frágiles, escasez de agua y mayores pérdidas. La situación del agua es crítica; se estima según Mapbiomas Agua, 2024 que el 60% del agua superficial de Santa Cruz se ha perdido entre 1985 y la actualdiad. De este modo, el futuro se presenta bastante sombrío.
Pregunta 4. Hablemos sobre el rol de la tierra como el tema colateral financiero. Si me podrías por favor, explicar cómo la tierra se utiliza como colateral financiero en el agronegocio boliviano y cómo es el mecanismo no solo vincula la deforestación con el negocio agrícola, sino que también facilita la especulación comercial?
Stanislaw Czaplicki: Al inicio de mi investigación, me hice una pregunta. Observé que el sector soyero estaba enfrentando dificultades y pedía de forma recurrente la postergación de pagos de préstamos. Me sorprendió, ya que pensaba que eran empresas exitosas, pilares de la economía del país. Al revisar sus informes, noté que declaraban pocas ganancias y pagaban impuestos mínimos. Entonces, me pregunté: ¿dónde estaba el verdadero beneficio? ¿De dónde obtenían el dinero? A medida que investigaba, descubrí que los activos de estas empresas, en su mayoría tierras, estaban creciendo de manera exponencial. Esto me llevó a cuestionar el modelo de negocio que permite que una empresa, durante una década, no genere más utilidades y, sin embargo, posea de cuatro a cinco veces más tierra.
Me di cuenta de que muchas empresas agropecuarias estaban acumulando vastas extensiones de tierra, algunas superando las 50, 60 o incluso 80.000 hectáreas. Para ponerlo en perspectiva, el municipio de El Alto abarca 30.000 hectáreas, por lo que una sola empresa podría controlar el equivalente a tres municipios de El Alto. Esto sugiere que el negocio se centra en la especulación. La especulación comercial básica implica comprar tierras a precios de 70 a 100 dólares por hectárea, utilizar maquinaria para ‘’habilitar’’ el terreno y, con apoyo de subsidios, como el de los hidrocarburos, aumentar su valor a 400 o 500 dólares. Tras un período de secado, quemar la materia vegeral para si dejar el terreno listo para la siembra, y su valor puede escalar entre 750 y 4.500 dólares, especialmente en áreas productivas de soya. Sin embargo, la falta de compradores reales limita este proceso, ya que siempre existe la opción de deforestar por cuenta propia.
El mecanismo de financiamiento es otro aspecto fundamental. Estas empresas obtienen préstamos masivos, respaldados por evaluaciones de valuadores que determinan el valor de la tierra. Anteriormente, podían obtener un préstamo equivalente al valor de su terreno, pero hoy, debido a riesgos financieros, ese monto ha aumentado.
En la actualidad, el sector soyero puede obtener préstamos bancarios que puestos en proporcion con la tierra soyera cultivada equivalen acasi 900 dólares por hectárea, un incremento significativo respecto a hace una década, cuando era de aproximadamente 350 dólares. Este aumento no se justifica por un incremento proporcional al costo de produccion de la soya, lo que apunta a que el modelo de negocios está diseñado para beneficiar la especulación y el acaparamiento de tierras más que la producción efectiva.
Pregunta 5: En tu libro abordas el concepto de las finanzas grises dentro del agronegocio en Bolivia. ¿Cómo están vinculadas estas finanzas a la necesidad del país de generar divisas y de qué manera perpetúan la deforestación a corto y mediano plazo? ¿Cuáles son las implicaciones de continuar financiando este modelo en términos de sostenibilidad y desarrollo?
Stanislaw Czaplicki: Actualmente, existe un consenso entre el agro y el Gobierno en torno a una narrativa: el agro será la salvación de la crisis económica. Se plantea que su expansión generará divisas y empleo, resolviendo así los problemas que enfrentamos. Sin embargo, es crucial entender que el desafío es monumental y que el sector agropecuario es relativamente pequeño. Para compensar el dificil comercial de las exportaciones en un año normal, el agro debería aumentar su producción en al menos un tercio, lo cual es inviable. De hecho, este año hemos experimentado una caída drástica del valor de las exportaciones de soya, con un 40% menos en las exportaciones de soya, nuestro principal producto.
Por otro lado, aunque los exportadores son pagados en dólares, me atrevería a decir que muchos no repatrian esos ingresos. En años pasados, a pesar de haber exportado más de lo que importamos, no hemos visto un aumento en las divisas del país. Además, el Gobierno ha creado mecanismos que permiten que los exportadores vendan dólares directamente entre sí, eludiendo al Banco Central. Esto significa que no solo evitan traer dinero al país, sino que también pueden acceder a préstamos en bolivianos, incluso cuando tienen dólares disponibles. Esto responde a una estrategia para beneficiarse de la devaluación del boliviano, esperando que la crisis económica les permita pagar sus deudas en moneda local con unos pocos dólares.
Es importante aclarar que no son estos actores los que han causado el problema, pero su comportamiento está exacerbando la situación. A corto plazo, aunque no sean los generadores de la crisis, su posicionamiento podría llevar a que se les vea como la solución cuando la situación empeore. El Gobierno ha invertido considerablemente, como en la planta de Bulo Bulo de urea, cuya inversión de 900 millones de dólares supera el presupuesto anual 2024 de las entidades medioambientales, que no llega a 300 millones. Esta gran inversión crea un compromiso difícil de revertir; no se puede simplemente dejar de apoyar al agro.
Lo más preocupante es que los recursos destinados a estas empresas no se utilizan para promover una producción sostenible o regenerativa, sino que terminan en manos de unas pocas grandes corporaciones, como ocho en el caso de la soya y cinco en el de la caña de azúcar. Estas empresas no están comprometidas con prácticas sostenibles. De hecho, un tercio de las hectáreas plantadas en el país son de soya, y muchas de ellas no utilizan fertilizantes, aprovechando los nutrientes de las fronteras forestales y agrícolas. Aunque he visto intentos por parte de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) de posicionarse en torno a la sostenibilidad, me gustaría ver acciones concretas en lugar de solo promesas.
Pregunta 6: Finalmente, en tu opinión, ¿cuáles serían las recomendaciones más urgentes para detener o mitigar los efectos de las finanzas grises en la deforestación en Bolivia, considerando tanto las políticas nacionales como las iniciativas internacionales
Stanislaw Czaplicki: Es fundamental tener en cuenta que muchos podrían pensar que la solución al problema de las finanzas grises es simplemente recurrir a las finanzas verdes. Sin embargo, eso no es suficiente. Conozco empresas que, a pesar de ser altamente perjudiciales para el medio ambiente y de deforestar ilegalmente, reciben financiamiento verde, por ejemplo, para instalar paneles solares. Este tipo de financiamiento puede servir solo para «limpiar la cara» de esas empresas sin generar resultados reales.
Las soluciones son múltiples. Primero, el sistema financiero está interconectado: los fondos de pensión financian a los bancos, y estos a su vez prestan a empresas. Como ciudadanos, somos nosotros quienes aportamos a esos fondos de pensión, por lo que tenemos derecho a exigir transparencia y responsabilidad sobre cómo se invierte nuestro dinero.
Ahora, en cuanto a acciones concretas, propongo lo siguiente: Campañas de sensibilización: Se debe llevar a cabo una campaña para dejar de invertir en actividades ilegales y destructivas. Es crucial que los fondos de inversión adopten una postura clara contra estas prácticas.
Desarrollo de una taxonomía verde: Necesitamos definir claramente qué significa ser «verde». No basta con un simple etiquetado; es esencial establecer reglamentos claros. Los bancos y las empresas deben solicitar una documentación rigurosa que respalde sus afirmaciones sobre sostenibilidad y comprometerse a no financiar más la deforestación ilegal.
Responsabilidad del sector: La sociedad civil también tiene un papel crucial en exigir al Gobierno que implemente normativas que permitan diferenciar entre prácticas sostenibles y destructivas. Es vital crear un marco regulatorio que apoye a las empresas responsables y castigue a las que operan de manera ilegal.
