Foto de portada: EFE.
¿Qué es un Estado de derecho?
Desde mi época universitaria este concepto caló fuerte en mí, pero más que todo, por una discusión interna que tuve conmigo misma sobre qué es realmente el derecho, y peor aun, qué es el derecho en una sociedad, en la que los polos opuestos luchan entre sí por el bien que a cada uno le parece y corresponde, y donde los individuos reclaman libertad, sin importar el atropello al otro.
Pues bien, en los últimos meses hemos visto y/o escuchado sobre una serie de eventos que han dado espacio al infaltable argumento de los gobiernos: el Estado de derecho, dejando entrever que este concepto va más allá de su uso teórico. Y para tener una mayor idea sobre lo que alberga, situamos en este marco referencial a dos naciones: El Salvador y Ecuador, ambos, conectados por uno de sus mayores hilos estructurales: la delincuencia.
Delincuencia vista como la manera en la que determinados grupos tienen voz y voto para acallar a un pueblo, a través del uso de armas, narcóticos y de un juego de palabras por demás escalofriante. Situación que en 2015 llevó a El Salvador a ser considerado el país más peligroso a nivel mundial, con una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes; mientras que en 2023, Ecuador tuvo la mayor escalada de criminalidad en su historia, con una cifra de 35 asesinatos por cada 100.000 ciudadanos.
En ambas situaciones se podría considerar una ausencia por parte de los gobiernos, pero, ¿qué pasa cuando se erigen los nuevos personajes del poder, que con el propósito de poner fin a las olas de violencia, crean un sistema de seguridad social que amenaza los derechos de algunos para dar prioridad a los derechos de otros?
Así es como surge un Bukele en El Salvador o un Noboa en Ecuador, que, hastiados de la cotidianidad violenta en sus países, ejecutaron acciones en detrimento de las bandas armadas, lo que inmediatamente generó una serie de críticas a nivel interno y externo de las regiones. Esto parecería ambiguo, teniendo en cuenta que lo que se pretende es velar por la seguridad social, y para ello, es necesaria la instauración de medidas coercitivas de alto impacto, sin embargo, muchos se quejan de que con ello, sólo se violan los derechos humanos. ¿Y es que acaso matar se ha vuelto un derecho?
Cuando se hace referencia a que se violan los derechos humanos de los presos en El Salvador, pareciera a que se hace mención a la prohibición de aquellos privilegios sanguinarios de las maras, como si esto se pudiera debatir. ¿Se puede discutir las mil y una formas en las que un hombre le ha quitado la vida a otros? ¿Acaso es posible vivir con un asesino al lado? Si la respuesta fácil y automática es sí, entonces, también deberíamos hablar del moralismo hipócrita al que estamos acostumbrados, y en ese caso, nos haría falta leer a Saramago.
Podrían decir los defensores de los derechos humanos que Bukkele es un aspirante a tirano, sobre todo, cuando no se es parte de una realidad; lo cierto es que desde que Nayib ha tomado el mando presidencial, el país se encuentra en sus niveles más bajos de violencia desde el fin de la guerra civil en 1992. Además, le ha permitido a la gente respirar con tranquilidad, gracias a la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad, que de sólo ver los muros da miedo; más la reforma al código penal, que endurece las penas para los pandilleros.
De igual forma, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a pesar de estar poco tiempo en el poder, ha empezado a dar muestras de qué es lo que sucede cuando se lapidan los derechos de las organizaciones del crimen, a raíz de ello es que, a principios de esta gestión, uno de los más grandes narcotraficantes del país: “Fito” Macías, dio un golpe clave que hasta el día de hoy pone de cabeza a Ecuador, pero, a pesar del conflicto interno armado que se declaró, y que ha jugado con la vida de diversos bandos, tanto los “buenos” como los “malos”, el Gobierno no ha dado tregua a una de las organizaciones más peligrosas en su historia, intentando seguir los pasos de su homólogo salvadoreño.
¿Podría decirse que Noboa también busca ser un tirano, aun cuando desea proteger a los ciudadanos de las armas, las drogas, la violencia y una serie de elementos que quebrantan la paz de los pueblos? Entonces, aquí nace otra pregunta… ¿qué es realmente para las organizaciones de derechos humanos un Estado de derecho?
Nuevamente, vuelvo a la ambigüedad en la que incurre el concepto de Estado de derecho, siendo un principio de gobernanza por el que todas las personas y las instituciones, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se hacen cumplir por igual, además de ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, y desde mi punto de vista, pareciera que un Estado de derecho es algo utópico, teniendo en cuenta la famosa frase de Jean Jacques Rousseau, quien dijo: “Tu libertad acaba donde empieza la de los demás”. Siendo esto una paradoja que, quizá, podría resolverse desde un enfoque teórico, pero que en la práctica no es más que una frase “bonita” para hacernos creer que hay un equilibrio existencial y plenamente social del que somos parte, gracias a un motor gubernamental que nos cuida y que trabaja conjuntamente con organizaciones que velan por nuestro bienestar, cuando en realidad esto es sólo la verborrea con la que tratan de arreglar los quiebres de cualquier sociedad.
