En promedio, cada 3 días agreden, amedrentan o impiden el acceso a información a un periodista

Juan José Toro es un periodista que “molesta demasiado”, por eso había que “sentarle la mano”. El 7 de octubre de 2020, mientras hacía la cobertura a una inspección al Cerro Rico de Potosí, más de mil mineros cooperativistas lo cercaron junto a una delegación del Comité Cívico Potosinista (Comcipo). A él lo golpearon por grabar el deterioro del cerro. Destrozaron su celular y sus lentes, además, le robaron su grabadora. La turba, que también encendió e hizo explotar dinamita, probablemente lo habría matado -confiesa- si no hubiera estado acompañado por esta delegación que saltó en su ayuda.

Tiempo después de la agresión, que fue motivo de repudio y condena de parte de los gremios periodísticos e incluso la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Toro precisó que fue un “ataque planificado” proveniente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Desde Comibol “les habían dicho (a los cooperativistas) que tenían que frenar la inspección y además que tenían que sentarme la mano de una vez, porque yo estaba molestando demasiado”, menciona Toro, quien es el actual director del diario El Potosí. El medio en más de una ocasión reflejó el deterioro y sobreexplotación del Cerro Rico. Por ese trabajo, menciona Toro, es que la “mafia minera”, como califica a los cooperativistas, los puso como un “enemigo al que hay que callar o eliminar”.

Toro es uno de los casos más relevantes de agresión a periodistas en el último tiempo, pero no es el único. Casos como el secuestro y tortura a seis periodistas en la propiedad Las Londras del municipio El Puente de Santa Cruz, perpetrado el 28 de octubre de 2021, o las intimidaciones políticas y amedrentamiento judicial al periodista Guider Arancibia de El Deber en 2019 son otros casos que demuestran la vulnerabilidad en la que periodistas desarrollan su trabajo en Bolivia.

Instituciones como la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) o la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) monitorean permanentemente los casos de agresiones, estigmatizaciones, amenazas y otros tipo de vulneraciones que sufren periodistas, enmarcados en un seguimiento sobre las vulneraciones a la libertad de prensa. De sus datos desagregados para el presente reportaje se desprende esta cifra: cada tres días un periodista es agredido, amenazado o amedrentado por autoridades o funcionarios públicos, organizaciones, instituciones o personas particulares.

“Se ha normalizado esa cifra. Se ha normalizado el no levantar la voz cuando hay vulneración o el no usar los mecanismos legales, que tienen que haber, y es por eso que las vulneraciones se han normalizado”, explica Claudia Terán, responsable de formación y litigio estratégico de UNITAS. 

Las cifras recogidas por el trabajo de monitoreo de UNITAS y la ANP muestran que, en vez de disminuir, las agresiones a la labor periodística tendieron a crecer en los últimos cinco años, con excepción del 2021, donde en ambos monitoreos las cifras de agresión a periodistas disminuyeron en comparación con los otros años. 

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