Las Londras y las otras vulneraciones cometidas tras el secuestro de periodistas
El acto de secuestro y tortura al que fueron sometidos seis periodistas en la hacienda Las Londras, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, es el caso de mayor vulneración al trabajo periodístico en el último año. El hecho sucedió el 28 de octubre del 2021, cuando los periodistas Percy Suárez de la Red ATB, Silvia Andrea Gómez López y su camarógrafo Sergio Luis Martínez Galarza de la Red Unitel, Mauricio Egüez Simoné y el camarógrafo Nicolás Alejandro García Iriarte de Red Uno y Jorge Alberto Gutiérrez Ávila del periódico El Deber fueron emboscados por un grupo armado de avasalladores encapuchados. El camarógrafo de la red PAT Roger Ticona, fue quien pudo escapar y alertar sobre este hecho.
El hecho en sí mismo reviste de varias vulneraciones. El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, quien también es abogado de los periodistas atacados, mencionó que el derecho a la vida es la principal vulneración cometida en este caso, seguida del secuestro, que atenta al derecho a la libertad, y también el derecho a la dignidad. A éstas se suman las vulneraciones cometidas contra la libertad de expresión y de prensa.
Pero además de estos delitos cometidos en contra de los siete periodistas, otras cuatro se han presentado durante el proceso judicial abierto en contra de los avasalladores. Según Méndez, el primer acto irregular identificado en el caso es el incumplimiento de deberes y la ausencia del Estado para capturar a los avasalladores. “Nosotros solicitamos inmediatamente que se haga un operativo para capturar a los autores, sin embargo este operativo demoró casi 72 horas. Desde luego no encontraron a ningún encapuchado y solamente había un gallo, una máscara y una capucha en el lugar”, detalló.
El segundo tiene que ver con el debido proceso. Para Méndez, el cambio de los policías investigadores y el de fiscales, éste último en dos ocasiones, provocaron que el caso quede en “foja cero” con el cambio de estos personeros. Además, observan que, de aproximadamente 80 personas que emboscaron a los periodistas, sólo se libró mandamientos de aprehensión en contra de cinco, y de únicamente tres fueron ejecutoriados.
El acceso a la justicia es otra vulneración identificada. Este punto tiene que ver, explica Méndez, con el cese de la detención preventiva para dos de los detenidos por este caso: Sixto Canaza y Paulino Camacho. La retardación de justicia es la cuarta vulneración. Se han suspendido varias audiencias a lo largo del proceso, incluidas las de apelación a la liberación de Canaza y Camacho.
A estas irregularidades en el proceso, al menos otras tres ocurridas al margen de los estrados judiciales, cuenta Méndez. La primera de ellas es la amenaza y censura a su libro Periodismo vs. Terramafia y que aborda los entretelones del caso Las Londras. Los avasalladores, de manera insólita, salieron en conferencia de prensa para amenazar a policías y fiscales, además de descalificar el texto del periodista.
El 6 de junio pasado, con motivo de la inspección ocular, el periodista Guider Arancibia de El Deber fue agredido por uno de los abogados de los demandados, César Cardona, cuando una delegación se preparaba para trasladarse al lugar. El abogado ya en otra oportunidad, había solicitado que se evite dar información a la prensa sobre este caso.
Si bien no es una irregularidad como tal, Méndez deplora que los medios de comunicación de los periodistas agredidos no se sumaron a la denuncia penal, es más, en el caso del periodista de ATB, éste tuvo que retirarse del canal debido a la falta de pago. “En este proceso lo ideal fuera que los medios de comunicación también se adhieran al proceso y que también cooperen porque, bueno, pues se trata de un proceso bastante caro en el término económico y cuesta cada vez más sustentarlo”, mencionó el periodista.
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP) en el marco del proyecto Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP), con el respaldo The Global Media Defence Fund – UNESCO.