La misión del Parlamento Europeo que visita Bolivia hasta el jueves coincide con una investigación de OLAF sobre tres programas europeos de agua y saneamiento. Persisten interrogantes sobre los mecanismos de supervisión de estos recursos y las medidas adoptadas tras las denuncias de corrupción.
Tres eurodiputados visitan esta semana Bolivia para evaluar el impacto de la cooperación europea en el país. Su llegada coincide con una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre posibles irregularidades relacionadas con tres programas de agua y saneamiento financiados por la Unión Europea, dos de ellos ejecutados con participación del entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), institución que estuvo en el centro del caso Coimas.
Según documentación oficial a la que tuvo acceso La Nube, la Delegación de la Unión Europea en Bolivia fue informada a mediados de 2023 sobre presuntos casos de corrupción en ese ministerio.
El exministro Juan Santos Cruz fue condenado en abril de 2026 a diez años de prisión en el caso Coimas, relacionado con el cobro de comisiones a empresas a cambio de contratos públicos. En el mismo proceso también fueron condenados el exviceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda Duarte, y otros tres exfuncionarios, a seis años de prisión cada uno.
La misión del Parlamento Europeo
La delegación está encabezada por el austríaco Reinhold Lopatka, del Grupo del Partido Popular Europeo, e integrada por el italiano Marco Tarquinio, del Grupo de los Socialistas y Demócratas, y la polaca Małgorzata Gosiewska, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.
Los parlamentarios permanecerán en Bolivia hasta el 29 de octubre y tienen previstas reuniones con autoridades nacionales, representantes de los Estados miembros de la UE, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Su agenda incluye la evaluación de iniciativas de cooperación al desarrollo, acción climática y oportunidades de inversión vinculadas a la estrategia europea Global Gateway.
Tras reunirse el martes con el canciller Héctor Huanca, Lopatka se refirió a la importancia de demostrar que los recursos aportados por los contribuyentes europeos no se desperdician. En la misma ocasión, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, Jaume Segura, explicó que OLAF solicita antecedentes a las autoridades bolivianas cuando existen denuncias que podrían afectar fondos europeos, según informó El Deber el 27 de octubre.
Una investigación que sigue abierta
Según antecedentes difundidos por El Deber en noviembre de 2025, OLAF inició en diciembre de 2023 una investigación administrativa relacionada con tres programas de agua y saneamiento en Bolivia. Dos de esos programas fueron gestionados mediante acuerdos de cooperación delegada a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
En una respuesta oficial remitida a La Nube en julio de 2026, OLAF confirmó que los documentos relacionados con los tres convenios formaban parte de un expediente de investigación en curso. La oficina europea denegó el acceso a esa documentación al considerar que su divulgación podía perjudicar las actuaciones investigativas.
La existencia de una investigación administrativa no demuestra que se hayan desviado fondos europeos. Tampoco permite establecer, con la información disponible, que los contratos financiados por esos programas estén vinculados con los hechos por los que fueron condenados los exfuncionarios bolivianos. Las conclusiones de OLAF no se han hecho públicas.
Una alerta anterior a la investigación de OLAF
La documentación revisada por La Nube registra que, en 2023, se examinaron situaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y los procedimientos de control de los programas, y que esos antecedentes fueron comunicados formalmente a la Delegación de la Unión Europea en Bolivia meses antes de que OLAF abriera su investigación.
Lo que no se sabe: qué hizo la UE con la información
Los programas de cooperación europea en agua y saneamiento involucraban a distintas instituciones con responsabilidades sobre la administración, supervisión y ejecución de los recursos. En los acuerdos de cooperación delegada, la agencia europea participaba en la administración y supervisión de los fondos, mientras que las entidades ejecutoras bolivianas desarrollaban los procedimientos de contratación y ejecución de las obras.
Esta distribución de funciones plantea una cuestión central: qué medidas se adoptaron para proteger los recursos europeos cuando surgieron denuncias de corrupción en la institución encargada de ejecutar los proyectos.
Aunque los convenios contemplaban mecanismos de seguimiento y control, la documentación disponible no permite determinar si la Delegación de la UE introdujo medidas adicionales tras recibir la información de 2023 ni cuáles fueron sus resultados.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua fue disuelto en noviembre de 2025 mediante el Decreto Supremo 5488, en el marco de una reorganización institucional que trasladó las competencias del sector de agua a una nueva estructura ministerial. Este cambio también plantea interrogantes sobre la continuidad de las responsabilidades administrativas y la rendición de cuentas de los programas.
Por ahora, tampoco se ha anunciado que los eurodiputados que visitan Bolivia vayan a examinar específicamente el caso Coimas o la investigación de OLAF.
La presencia de Reinhold Lopatka, Marco Tarquinio y Małgorzata Gosiewska vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que trasciende las investigaciones judiciales en Bolivia: ¿cómo comprueba la Unión Europea que los recursos de sus contribuyentes fueron utilizados conforme a los objetivos y controles establecidos?
La cooperación internacional no solo debe demostrar cuánto financia, sino también cómo supervisa los recursos y qué resultados obtiene.
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