El Gobierno prevé aprobar en los próximos días una ley marco de financiamiento climático y otra sobre mercados de carbono. Las normas buscan facilitar el acceso a recursos internacionales para la conservación ambiental, pero su implementación plantea preguntas sobre transparencia, control de fondos y participación de las comunidades indígenas.

Bolivia busca abrir nuevas vías de financiamiento para la conservación de sus bosques y la lucha contra el cambio climático. Durante el XXVIII Congreso de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC), celebrado esta semana en Santa Cruz, el Gobierno anunció que prevé aprobar dos normas destinadas a facilitar el acceso a recursos nacionales e internacionales.

Se trata de la Ley Marco de Financiamiento Climático y Biodiversidad y la Ley de Mercados de Carbono, dos propuestas que buscan establecer reglas para canalizar inversiones hacia proyectos ambientales y dar mayor seguridad jurídica a los posibles financiadores.

El viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, señaló el 7 de octubre que ambas normas podrían aprobarse en los próximos días, como parte de un compromiso entre los órganos Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo, la aprobación de estas leyes no garantiza por sí misma la llegada de nuevos recursos. Para que el financiamiento se traduzca en resultados ambientales, Bolivia deberá demostrar que cuenta con mecanismos de seguimiento, transparencia y verificación de los proyectos financiados.

¿Qué cambiaría con las nuevas leyes?

Aunque ambas propuestas están relacionadas con el financiamiento ambiental, tienen objetivos distintos.

La Ley Marco de Financiamiento Climático y Biodiversidad busca establecer las bases institucionales para gestionar recursos destinados a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse al cambio climático, conservar ecosistemas y restaurar áreas degradadas.

Esto podría facilitar el acceso a fondos internacionales, cooperación y otros instrumentos financieros para proyectos ambientales.

Por su parte, la Ley de Mercados de Carbono busca establecer un marco normativo para participar en mecanismos que permiten financiar proyectos capaces de reducir o capturar emisiones de dióxido de carbono.

En términos sencillos, un proyecto de conservación forestal podría generar créditos de carbono si demuestra, bajo estándares reconocidos, que ha evitado emisiones o capturado carbono de manera adicional y verificable.

Esos créditos podrían comercializarse entre compradores interesados en financiar reducciones de emisiones, aunque su valor dependería de la calidad del proyecto, las certificaciones y las condiciones del mercado.

No todos los bosques generan automáticamente créditos de carbono, ni toda iniciativa de conservación puede venderlos. Se requieren mediciones, verificaciones y garantías sobre la permanencia de los beneficios ambientales.

Los bosques bolivianos, en el centro de la estrategia

Según cifras presentadas por el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua durante RedLAC, Bolivia cuenta con aproximadamente 54 millones de hectáreas de bosques, equivalentes al 47% de su territorio.

Esta extensión forestal representa una oportunidad para acceder a mecanismos internacionales que buscan financiar la conservación de ecosistemas y reducir la deforestación.

Uno de los proyectos mencionados por el Gobierno es el desarrollado junto a la autonomía indígena de Charagua Iyambae, en Santa Cruz, que busca avanzar hacia la certificación y comercialización de créditos de carbono vinculados a la conservación de bosques.

En septiembre, el Ministerio informó que el proyecto se encontraba en fase final de registro. No obstante, el avance hacia una certificación no equivale todavía a una venta concretada ni a ingresos recibidos.

La estrategia ambiental boliviana también contempla el acceso a otros instrumentos, como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), que propone recompensar a países por mantener sus bosques en pie bajo determinadas condiciones.

A diferencia de los mercados de carbono, este mecanismo se basa en pagos por desempeño forestal y no necesariamente en la compraventa de créditos de carbono.

¿Quién administrará los recursos y cómo se controlarán?

Uno de los principales desafíos será establecer mecanismos claros para administrar, distribuir y fiscalizar los recursos que eventualmente lleguen al país.

Durante RedLAC, especialistas y representantes del sector ambiental destacaron la importancia de contar con transparencia, trazabilidad, salvaguardas ambientales y participación de las comunidades.

La trazabilidad permite seguir el recorrido de los recursos desde su origen hasta su utilización final, mientras que las salvaguardas buscan prevenir impactos negativos sobre los ecosistemas y las poblaciones involucradas.

Estas condiciones adquieren especial importancia cuando los proyectos se desarrollan en territorios indígenas o comunitarios, donde también deben definirse los mecanismos de participación y distribución de beneficios.

La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra informó en septiembre que trabaja en el fortalecimiento de capacidades de pueblos indígenas para facilitar su participación informada en las decisiones sobre financiamiento climático y mercados de carbono.

Sin embargo, todavía será necesario conocer el contenido definitivo de las leyes y sus reglamentos para determinar cómo se garantizarán estos derechos y qué mecanismos de control serán obligatorios.

El financiamiento climático no reemplaza la lucha contra la deforestación

La posibilidad de obtener ingresos por conservar bosques abre una oportunidad económica, pero también plantea un desafío: evitar que el financiamiento se convierta en un objetivo desvinculado de los resultados ambientales.

Bolivia enfrenta presiones sobre sus ecosistemas relacionadas con incendios forestales, expansión de actividades productivas, deforestación y actividades extractivas ilegales.

En este contexto, el éxito de los nuevos mecanismos no dependerá únicamente de cuánto dinero pueda movilizarse, sino también de su capacidad para contribuir efectivamente a la protección de los bosques.

La aprobación de las leyes será, por tanto, un primer paso.

Quedará pendiente conocer qué instituciones administrarán los recursos, cuáles serán los criterios para seleccionar proyectos, cómo se verificará su impacto ambiental y qué proporción de los beneficios llegará a las comunidades que participan en la conservación.

Bolivia busca convertir la protección de sus bosques en una oportunidad de financiamiento. El desafío será demostrar que los recursos obtenidos se traducen en conservación verificable y beneficios concretos para los territorios.