Santa Cruz registra 41.360 hectáreas afectadas por incendios forestales en lo que va de 2026. Aunque la cifra está muy lejos del desastre registrado hace dos años, el aumento de las últimas semanas vuelve a poner a prueba las medidas de prevención adoptadas después de la peor temporada de incendios de la historia reciente de Bolivia.
Los incendios forestales vuelven a ganar terreno en Santa Cruz. El 28 de septiembre, la Gobernación reportó 715 focos de calor en una sola jornada, seis emergencias bajo atención y 142 incendios forestales acumulados durante 2026, con una superficie afectada de 41.360 hectáreas.
Los incendios se encontraban en Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ignacio de Velasco, Roboré, Cotoca y Charagua. Para atender las emergencias, la Gobernación informó que tenía 76 personas movilizadas.
El dato adquiere relevancia cuando se observa su evolución reciente.
Una semana antes, el 21 de septiembre, el reporte departamental contabilizaba 23.103 hectáreas afectadas, 128 incendios acumulados y 347 focos de calor durante esa jornada.
La comparación entre ambos reportes muestra que, en siete días, la superficie afectada aumentó en 18.257 hectáreas y se incorporaron 14 incendios al registro acumulado.
2026 está lejos de 2024
El incremento, sin embargo, no significa que Santa Cruz esté atravesando una situación comparable con la de 2024.
Ese año Bolivia registró la peor temporada de incendios de su historia. Una investigación de la Fundación TIERRA calculó 12,6 millones de hectáreas quemadas en todo el país, de las cuales aproximadamente 8,5 millones correspondieron a Santa Cruz. El departamento concentró alrededor del 68% de la superficie afectada.
La Defensoría del Pueblo también situó la superficie nacional afectada en más de 12,6 millones de hectáreas y, después del desastre, impulsó una acción constitucional que derivó en obligaciones de prevención y garantías de no repetición para distintas instituciones estatales.
Dos años después, las cifras son considerablemente menores. Pero la pregunta ya no es solamente cuántas hectáreas se queman, sino qué cambió en la capacidad del Estado para evitar que los incendios alcancen nuevamente aquella magnitud.
Más monitoreo y coordinación
En Santa Cruz funciona actualmente el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF), que monitorea focos de calor y comunica las alertas a los municipios para activar la respuesta.
En julio, cuando comenzó a intensificarse la temporada de incendios, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) reunió a la Gobernación, municipios, bomberos, fuerzas de seguridad y representantes del Gobierno nacional.
De ese encuentro surgieron diez acuerdos, entre ellos fortalecer la coordinación interinstitucional, aplicar el Sistema de Comando de Incidentes y realizar evaluaciones periódicas durante la temporada de incendios.
También existe un cambio en el marco de control de las quemas. Después de la crisis de 2024 se estableció una pausa ecológica y posteriormente el Tribunal Agroambiental ratificó medidas para suspender autorizaciones y restringir nuevas quemas.
En el reporte del 28 de septiembre, la Gobernación señaló además que coordina con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) cuando los incendios aparecen en predios privados y que se realizan notificaciones debido a las restricciones vigentes sobre las quemas.
Las limitaciones siguen apareciendo en el terreno
La existencia de sistemas de monitoreo y mecanismos de coordinación no elimina las dificultades operativas.
En su último reporte, la secretaria departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Marisol Yabeta, señaló que la falta de combustible en algunos municipios estaba dificultando el desplazamiento de los equipos de emergencia y pidió al Gobierno central garantizar el abastecimiento.
El financiamiento también ha sido motivo de discusión. En julio, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, sostuvo que los recursos departamentales eran insuficientes frente a las responsabilidades de prevención y atención de emergencias que debe asumir la Gobernación. Se trata de una posición de la autoridad departamental y no de una evaluación independiente de suficiencia presupuestaria.
Al mismo tiempo, parte del fortalecimiento de las capacidades locales está siendo impulsado desde fuera del Estado.
La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), por ejemplo, desarrolla en 2026 un proyecto financiado por UK PACT para fortalecer la gestión integral y la gobernanza de los incendios forestales en Santa Cruz. La iniciativa contempla trabajo con equipos comunitarios de primera respuesta, sistemas municipales de alerta y unidades de gestión de riesgo en San Javier, Concepción, San Ignacio, San Miguel y San Rafael.
Esta semana, la misma organización publicó procesos para adquirir equipos destinados al combate de incendios, entre ellos drones y kits de ataque rápido para la Chiquitania.
La prevención vuelve a ponerse a prueba
Las cifras de 2026 muestran hasta ahora un escenario muy diferente al desastre de 2024. Sin embargo, el rápido aumento de superficie afectada durante las últimas semanas ocurre precisamente cuando Santa Cruz atraviesa uno de los periodos de mayor riesgo por altas temperaturas, vientos y condiciones secas.
La propia Defensoría del Pueblo ha advertido, tras el desastre de 2024, que las políticas de prevención no deberían limitarse a mejorar la capacidad de respuesta una vez iniciado el fuego, sino buscar evitar que los incendios ocurran y reducir la dependencia recurrente del apoyo externo.
Ese es el desafío que vuelve a aparecer en 2026: Bolivia está quemando mucho menos que en su año más crítico, pero la temporada todavía no ha terminado y las últimas cifras muestran que la capacidad construida después de 2024 vuelve a estar bajo presión.
