En 2024, más de 10 millones de hectáreas de bosque fueron devastadas a causa de los incendios forestales en Bolivia; mientras que el modelo económico, centrado en la captura de excedentes en hidrocarburos y minería, enfrenta serios problemas a raíz de la caída de los ingresos desde 2014, lo que ha generado en todo este tiempo un contexto económico, cuyo impacto también se ve reflejado en la lucha por los derechos del medio ambiente.
Son pocos los que defienden una agenda mediática que tome en cuenta factores vinculados a la conservación y preservación, pues los intereses económicos superan a la necesidad de cuidar los bosques. Tal es así que, aquel ente que en algún momento se creó con el objetivo de salvaguardar la vida natural, y también humana, hoy se fusiona a otro, creando lo que desde ahora vendría a llamarse: Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, y que, paradójicamente, tiene como su máxima autoridad a un empresario agroindustrial.
Las opiniones pueden ser diversas, pero antes de formar un sinfín de argumentos, es necesario entender que desarrollo sostenible y medio ambiente van de la mano. No existe desarrollo si no se brinda un contexto adecuado para una vida digna, y una vida digna no puede gestarse ni como mínima idea, si no se cuenta con las condiciones que posibiliten la convivencia en armonía, dentro de un ecosistema saludable.
Y, en ese sentido, los desafíos que enfrentan, no sólo las nuevas autoridades gubernamentales, sino, toda Bolivia, tienen que ver con la generación de mecanismos que coadyuven a frenar la actual crisis económica, sin dejar de lado el conflicto a raíz de las sequías extremas, los incendios forestales, la desforestación y la minería, como puntos principales.
En relación con las acciones urgentes contra los incendios, es fundamental la abrogación de las leyes incendiarias que benefician al sector agroempresarial, pero, además, se debe fortalecer el control de las quemas ilegales, lo que no tendría que concentrarse en el nivel central, sino y en todo caso, debería incluir a entidades autónomas, así como a organizaciones de territorios indígenas y productores locales.
Por todo lo mencionado, la gobernanza territorial es el eslabón sobre el cual se debe trabajar, porque sin la colaboración del gobierno central, los gobiernos departamentales y municipales, los comités de acción, los territorios indígenas y los productores locales, no se puede consolidar una batalla ambiental que dé fin a los problemas encontrados y contribuya a la calidad de vida de todos los que habitamos esta región.
Respecto a los altos índices de deforestación, es importante puntualizar que Bolivia se opuso a la política de deforestación cero; lo que se hace en el país es plantear una política de desarrollo a costa de los bosques. Y, en este punto, se evidencia la participación del sector ganadero, que contribuye al 57% de la deforestación total; seguido de la agricultura mecanizada, que representa el 33% y la agricultura a pequeña escala, con un 10%.
También se debe tener en cuenta el envenenamiento de los ríos por la minería ilegal, que ha ido en desmedro no sólo del ecosistema, sino también, de la vida de quienes habitan en distintas comunidades, registrando que un 75% de estas personas, de acuerdo con el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de “San Andrés” (UMSA), presenta niveles de mercurio en el organismo por encima de los límites permitidos. El río Beni, Madre de Dios, Kaká, Orthon, Madera, Tahuichi y Maniqui, son los ríos con mayor contaminación como consecuencia de las operaciones auríferas mineras que no tienen control alguno. Y a quienes han intentado oponerse a estas actividades, se los ha amedrentado y coaccionado.
Por todo lo mencionado, no es un capricho consolidar la protección de las áreas protegidas, más aun, cuando estas son vitales para la preservación de los bosques, el ciclo del agua y el equilibrio de la naturaleza. Bolivia cuenta con 22 áreas protegidas de carácter nacional, que en conjunto suman más de 17 millones de hectáreas; a estas se añaden otras 25 áreas departamentales, con 5 millones de hectáreas; y 84 áreas municipales, con 2.5 millones de hectáreas. En total, las 131 áreas protegidas representan el 27% del territorio boliviano. Claro, ¿cómo no sacar provecho de ello cuando el egoísmo y la codicia priman ante los valores fundamentales?
Así que, a las nuevas autoridades posesionadas, no sólo les espera un lustre escritorio, sino, y sobre todo, una cadena de retos que equilibren desarrollo, economía y medio ambiente, teniendo cuidado con aquellos intereses mezquinos de sectores exponencialmente explotadores. Y, a la sociedad en general, le queda no hacerse de la vista gorda ni de oídos sordos.
