Foto de portada: Parque Nacional Noel Kempff Mercado / Misiones jesuíticas Bolivia
En el mercado europeo un bono de carbono se cotiza al rededor de los €70 por tonelada de CO₂. Esta cifra encierra la promera de frenar el cambio climático y canalizar recursos para proteger ecosistemas; aunque en muchos casos la realidad es otra. En Bolivia, los bonos de carbono han sido presentados como oportunidad a la vez que una amenaza: un mecanismo que podría generar ingresos y conservar ecosistemas, pero que también carga con denuncias de abusos, engaños, y riesgos para las comunidades locales.
A partir de la voz de conocedores de la materia y revisión de distintas fuentes documentales, La Nube responde a algunas de las principales interrogantes sobre los bonos de carbono.
– ¿Por qué seguimos hablando de cambio climático?
El cambio climático no es una proyección futura, es una realidad actual. El aumento de gases de efecto invernadero, principalmente CO₂, ha elevado la temperatura global, alterado patrones de lluvia, intensificado fenómenos extremos y afectado ecosistemas enteros. Reducir las emisiones es urgente, y en ese camino se surgen mecanismos que apuestan por compensar aquellas que no se eliminan de inmediato.
– ¿Qué son los bonos de carbono?
Un bono de carbono representa una tonelada de CO₂ evitada o eliminada mediante proyectos como la reforestación, energías limpias, conservación de bosques, entre otros. Este mecanismo permite a empresas, países o individuos “neutralizar” o reducir parte de su huella ambiental, pagando para que se desarrollen iniciativas que reduzcan y/o capturen emisiones.
– ¿Son realmente sostenibles o esconden riesgos para las comunidades?
Un mapeo global de proyectos de compensación de carbono realizado por Carbon Brief, organización especializada en ciencia y política climática, reveló que el 72% de estos proyectos han causado daños a pueblos indígenas y comunidades locales, especialmente en Latinoamérica.
El informe documenta casos de expulsiones forzosas de pueblos indígenas de sus territorios en la República del Congo, la República Democrática del Congo, la Amazonia brasileña, colombiana y peruana, así como en Kenia, Malasia e Indonesia.
En Bolivia, estas advertencias no son ajenas. Juan Carlos Alarcón, de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), alertó en un artículo en Visión 360: “Los intermediarios se quedan con la mayor parte del beneficio, mientras que las comunidades reciben migajas”.
Para el especialista Pablo Solón, la venta de bonos de carbono es “todo un negocio” que alimenta redes de intermediarios. “Son ellos quienes se llenan los bolsillos”, afirmó en el mismo artículo, advirtiendo que este sistema puede derivar en tráfico de bonos para generar ganancias sin un impacto ambiental real.
– ¿Qué dice la ley?
Hasta junio de 2024, la emisión de bonos de carbono estaba prohibida en Bolivia, según el artículo 32 de la Ley 300 de la Madre Tierra (2012), que rechaza la mercantilización de las funciones ambientales.
El 19 de junio de 2024, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional esa disposición, al considerar que limitaba derechos clave como a un medio ambiente sano, la libertad de empresa y el comercio, además que contravenía compromisos internacionales del país.
A inicios de 2025, la Ley N° 1613, parte del Presupuesto General del Estado, introdujo un mandato claro para regular el mercado de carbono con reglas sobre registro, trazabilidad y control de las Unidades de Reducción de Emisiones (URE), bajo la administración del Ministerio de Economía.
En julio de 2025, mediante Resolución Ministerial No. 066/2025 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua aprobó dos reglamentos —RENAPP y evaluación de proyectos climáticos— que operacionalizan ese marco: establecen un registro nacional obligatorio de proyectos, mecanismos de evaluación técnica, trazabilidad de URE e integridad ambiental, consolidando una base normativa real para el mercado de carbono tanto voluntario como regulado en Bolivia.
La mirada experta: críticas, ejemplos y lecciones
Para la economista ambiental Alejandra Gonzales, la promesa de los bonos de carbono está cargada de matices importantes: “No cualquier tipo de certificación de créditos de carbono necesariamente va a tener un claro impacto ambiental”, dijo en conversación con La Nube.
Ella advirtió que muchos proyectos apenas maquillan la huella de grandes emisores sin lograr reducciones reales. Citó el caso de Guyana, donde la implementación de bonos de carbono parece haber dado resultados. Aunque Bolivia pudiera seguir el ejemplo, existe el riesgo de un “efecto fuga”: la deforestación se traslada a zonas fuera del proyecto.
En ese sentido, recalcó que si bien este mecanismo puede atraer divisas al país, no debe verse como un solución inmediata ni absoluta.
En un conversatorio, la senadora Cecilia Requena señaló que Bolivia necesita marcos normativos que trasciendan la simple venta de bonos de carbono. Con su proyecto de Ley 003 propone reconocer la preservación de los bosques como una función económica social válida, al mismo tiempo que se impulsan iniciativas productivas sostenibles en regiones como Palos Blancos y Alto Beni.
En esa misma línea, como candidata por Alianza Unidad, Requena planteó una visión más integral frente a la crisis climática, tomando distancia de mecanismos que considera “cuestionables”, como los bonos de carbono. En su lugar, defendió la necesidad de desarrollar esquemas de finanzas sostenibles que permitan canalizar recursos hacia la protección de ecosistemas estratégicos, entre ellos los humedales altoandinos y los glaciares. “El mercado puede poner un precio, pero no un valor —y el verdadero valor del bosque es la vida misma”, afirmó durante el foro “Crisis climática de los pueblos indígenas y juventudes”, que se realizó el 31 de julio, resaltando que el Estado debe asumir un rol central en la protección de lo que el mercado no reconoce.
Bolivia avanza en consolidar un marco legal para entrar al mercado de carbono. La pregunta es si lo usará como una herramienta para proteger su riqueza natural y a quienes la habitan, o si repetirá los errores de otros países donde la promesa verde se convirtió en una nueva forma de despojo.
