Fundación TIERRA reportó hasta el 30 de septiembre un total de 10,1 millones de hectáreas quemadas por los incendios forestales en el país, un número que seguramente irá en aumento hasta fines de este año y que es parte de una tragedia calificada como el «peor desastre ambiental en nuestra historia nacional», afirmó el investigador de esta organización, Gonzalo Colque.
En una conferencia de prensa virtual, Colque señaló que con las 10,1 millones de hectáreas quemadas se supera en 90% el récord histórico de 2019, cuando 5,3 millones de hectáreas fueron reducidas a cenizas. Los datos corresponden a un reciente informe publicado por TIERRA con base en información de agencias espaciales de la Unión Europea y la NASA.
De las 10,1 millones de hectáreas quemadas, un 58% corresponde a bosque, y un 42% a áreas de pastizales y otros.
Los departamentos más afectados son Santa Cruz, con un 68% de las hectáreas quemadas, y Beni, con un 29%. Le sigue La Paz con un 2%.
«El 2024 quedará en la memoria de los bolivianos como el año del peor desastre ambiental ocurrido en nuestra historia nacional, y sabemos que esto aún irá aumentando hasta fin de año», resaltó Colque.
Un 50% de las áreas quemadas en Santa Cruz, el departamento más afectado, corresponden a tierras comunitarias de origen (TCO) y áreas protegidas. Colque señaló que las propiedades implicadas en el inicio de los incendios principalmente son grandes propiedades con autorizaciones de desmonte por parte de la ABT y comunidades asentadas en tierras fiscales respaldadas por el INRA. Anunció que pronto se emitirá un informe más detallado al respecto.
El director de TIERRA, Juan Pablo Chumacero, resaltó la necesidad que tiene el país de apostar por un nuevo modelo de desarrollo alternativo al extractivismo y la expansión de monocultivos de soya, una de las principales causas de los incendios.
«No podemos llegar a junio de 2025 en las mismas condiciones que las de este año. No podemos darnos ese lujo. Necesitamos un pacto social para construir un nuevo escenario normativo y de alianza político-pública donde se proteja lo que queda de bosques y, a partir de ahí, plantear un desarrollo sostenible», manifestó.
La postura es, de alguna manera, compartida por el propio gobierno de Luis Arce. En días pasados la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que el país requiere «soluciones estructurales» y no sólo «parches» para abordar la problemática de los incendios.
El investigador de TIERRA, Efraín Tinta, añadió que los incendios no sólo provocan un daño ambiental, sino también un daño económico al afectar la provisión de alimentos, los medios de vida de las comunidades afectadas, el aumento de precios de productos de la canasta familiar, y la salud de la población en pueblos y grandes ciudades por la contaminación del aire.