La reciente firma de un contrato entre el Gobierno boliviano y la empresa rusa Uranium One Group para la extracción directa de litio ha generado cuestionamientos y rechazo por parte de líderes locales potosinos. Estos cuestionan la falta de una normativa tributaria específica y la ausencia de transparencia en los términos del acuerdo.
El presidente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), Alberto Pérez, informó que rechazaron la firma de contrato con la empresa extranjera por haberse desarrollado «a espaldas del pueblo potosino». Exigen que las regalías estén equiparadas a la cantidad de recursos que serán extraídos.
Actualmente, no existe un régimen fiscal específico para la extracción de litio, por lo que el Gobierno planea aplicar la Ley Minera, que establece regalías del 3% para el departamento productor. Esta cifra ha sido calificada de «miserable» por dirigentes cívicos de Potosí.
«Hemos rechazado contundentemente el contrato entre YLB y la Uranium One, porque no hay nada legal ahí, estamos hablando de contratos ilegales. (Respecto a) las regalías, nos quieren dar el 3%, igual que la minería. El presidente (Luis Arce) no tiene que actuar de esa manera, a espaldas del pueblo potosino. No sé por qué tanto daño (se quiere hacer) a este departamento», lamentó el presidente cívico.
Pérez también informó que el miércoles 18 de septiembre realizarán un Consejo Consultivo para analizar esta situación, y en caso de ser necesario, asumirán medidas de presión para no dar viabilidad al proyecto que pretende ejecutarse.
Por su parte, la past presidenta de COMCIPO, Roxana Graz, calificó el actuar del Gobierno como una «nueva traición al pueblo potosino», pues nunca se les consultó al respecto. Denuncia saqueo a la Villa Imperial, lo que generará que ese departamento siga siendo «el más pobre» de Bolivia.
«Este Gobierno sólo quiere saquear al máximo los recursos naturales, quiere sacar provecho, no sabemos bajo qué características se está llevando a cabo este contrato, no hay ni siquiera la autorización de la Asamblea Legislativa, están yendo en contra de la Constitución Política del Estado, solamente por cumplir con sus apetitos personales o apetitos de grupo masista», expresó Graz.
Los potosinos elaboraron una ley para la regulación de la extracción de litio, sin embargo, ésta nunca se aprobó y continúa en la Asamblea Legislativa.
Mientras tanto, el Gobierno señala que este es un paso importante para el desarrollo, pues la planta de EDL generará 14 mil toneladas métricas, la cual se alcanzará de forma escalonada a partir del 2026. Para este proyecto, la empresa rusa invirtió 970 millones de dólares.
