Ya van un par de meses de incendios incontrolables en las tierras bajas de Bolivia. Las llamas no se detienen y han reducido millones de hectáreas de bosque a cenizas. Si retrocedemos 10 años, Bolivia ya vivía esta pesadilla.
Hace unas semanas se llevó a cabo una reunión entre el empresariado privado y el Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente Luis Arce. Esta reunión buscó generar propuestas y soluciones para la situación actual que atravesamos como país.
El futuro de los bosques bolivianos es incierto, y las comunidades afectadas continúan esperando respuestas efectivas. La gran pregunta sigue siendo: ¿Qué medidas tomará el gobierno para frenar esta crisis ambiental y abordar los graves daños a la fauna, flora y calidad de vida de las personas?
Los bomberos enfrentan incendios que se reactivan con facilidad, lo que hace que el foco esté en evitar que el fuego se propague más, dejando a un lado la posibilidad de rescatar fauna. Este es el trágico dilema: o se apaga el fuego, o se rescatan animales.
En medio de los incendios forestales en Bolivia, la Policía gasificó a un grupo de activistas ambientalistas que protestaba en la plaza Murillo, La Paz, la noche del miércoles.
El gobierno boliviano promulgó este miércoles un decreto supremo que declara una pausa ambiental ecológica indefinida en todo el territorio, suspendiendo las autorizaciones de quemas.
El presidente de Bolivia, junto al vicepresidente y todo su gabinete, anunció que se trasladarán a Santa Cruz y otras regiones afectadas por los incendios forestales para supervisar las acciones contra el fuego. Este despliegue ocurre después de la implementación del sistema «Guardian», una tecnología aérea para combatir los incendios que promete resultados efectivos.
«De cada 1,000 animales afectados por el fuego, solo uno logra ser rescatado y rehabilitado». La magnitud de esta cifra refleja la gravedad de la crisis actual.
A pesar de las medidas tomadas por el gobierno, la gravedad de la situación requiere una respuesta mucho más integral y efectiva. La pérdida de 3.8 millones de hectáreas no solo afecta al medio ambiente en el presente, sino que tendrá un impacto duradero en la biodiversidad, los ecosistemas y las comunidades locales.
El derecho a la petición es una herramienta poderosa que todos los ciudadanos deben utilizar. Nos brinda la oportunidad de demandar transparencia y responsabilidad de nuestras autoridades.