Entre 1956 y 2022, Bolivia perdió por completo 8 millones de hectáreas de bosques por la deforestación, de acuerdo a un nuevo reporte de la FAN. A esto se suma la degradación por los incendios.
El futuro de los bosques bolivianos es incierto, y las comunidades afectadas continúan esperando respuestas efectivas. La gran pregunta sigue siendo: ¿Qué medidas tomará el gobierno para frenar esta crisis ambiental y abordar los graves daños a la fauna, flora y calidad de vida de las personas?
Los bomberos enfrentan incendios que se reactivan con facilidad, lo que hace que el foco esté en evitar que el fuego se propague más, dejando a un lado la posibilidad de rescatar fauna. Este es el trágico dilema: o se apaga el fuego, o se rescatan animales.
«De cada 1,000 animales afectados por el fuego, solo uno logra ser rescatado y rehabilitado». La magnitud de esta cifra refleja la gravedad de la crisis actual.
A pesar de las medidas tomadas por el gobierno, la gravedad de la situación requiere una respuesta mucho más integral y efectiva. La pérdida de 3.8 millones de hectáreas no solo afecta al medio ambiente en el presente, sino que tendrá un impacto duradero en la biodiversidad, los ecosistemas y las comunidades locales.
Desde la conservación de la lengua pasando por la dirigencia comprometida con los indígenas hasta liderar la lucha contra la minería ilegal, cuatro mujeres pandinas muestran su batalla diaria a favor de la selva amazónica.
La contaminación en la Bahía Cohana alcanzó niveles críticos. La Gobernación denuncia que el Gobierno gastó más del 90% del presupuesto para su remediación sin lograr los objetivos. El Ejecutivo afirma que después del 2025 se verán los resultados.
Ciencia Molotov es un proyecto que nació en Bolivia hace cuatro años ante la necesidad “de crear un puente entre la sociedad y la academia”.
Hay más de mil sitios plagados de residuos mineros abandonados en el país. La remediación es una cuenta pendiente. El saldo son pobladores intoxicados con metales pesados, ríos muertos y 304 comunidades bajo riesgo.
Esta investigación revela que 62 conscriptos murieron desde 2011 en circunstancias violentas, la mayoría de ellos en situación de pobreza y de origen campesino. Sólo se conocen dos casos con una condena judicial a sus responsables.