Las exportaciones de gas natural han caído en 75% aproximadamente entre 2014 y 2024, y las esperanzas puestas en el litio «han comenzado a desvanecerse», según un artículo difundido por la empresa Rodríguez & Baudoin.
Los incendios que persisten en el Parque Nacional Madidi y en el área protegida municipal Bajo Madidi ya habrían consumido 30.000 hectáreas de acuerdo a estimaciones preliminares. Aún no hubo un reporte oficial.
Desde fines del mes pasado se registran incendios en el Parque Nacional Madidi, un área protegida de importancia mundial amenazada por la minería ilegal y otras actividades extractivas.
El Gobierno boliviano aprobó el pasado miércoles el Decreto Supremo 5264 que regula el financiamiento climático que recibe el país, y que incluye la emisión de los llamados «bonos de carbono».
El Senado boliviano decidió hoy aplazar el tratamiento del proyecto de ley 240, que propone cambiar políticas públicas que fomentan los incendios forestales y desmontes ilegales.
La declaración fue suscrita en la COP16, que se realiza en Colombia, y busca fortalecer el desarrollo sostenible de los países amazónicos bajo políticas escogidas por cada país miembro de la OTCA.
La COP16 se desarrolla en medio de fuertes debates sobre la mercantilización de los recursos naturales y demandas urgentes de justicia ambiental por parte de comunidades indígenas, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales (ONG) y activistas.
Esta madrugada, comunidades indígenas de la Chiquitania han comenzado un bloqueo indefinido en la carretera Bioceánica, cerca del peaje de San José de Chiquitos. La protesta responde a la falta de diálogo con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) sobre conflictos de tierras y asentamientos en la región.
Las partes que firmaron el acuerdo trabajarán de manera conjunta para movilizar y asegurar los fondos que permitan un financiamiento continuo y permanente para las áreas protegidas.
La visión para el mejoramiento de la provisión y el tratamiento de los sistemas de agua debe ser de al menos 20 años en adelante, y reunir los esfuerzos de las distintas instituciones del Estado, así como de la población en su conjunto.