La canciller pidió apoyo a los embajadores acreditados en el país para enfrentar la emergencia por las intensas lluvias. Otras autoridades piden la aprobación de créditos en el Legislativo.
Matijasevic dijo que algunos depósitos de desechos mineros debían cerrarse hace tiempo, pero que aún continúan activos, generando contaminación para la población y riesgo de desastre ambiental.
Ludwig Sánchez señaló que YPFB y las empresas intermediarias en la importación de combustibles se reparten las ganancias de hechos de corrupción. Desde YPFB se rechazaron las acusaciones.
La intensidad de esta época de lluvias no se había registrado en 40 años, dijo Arce. Además reportó 51 personas muertas y 209 de 340 municipios afectados.
El pueblo dedicado a la minería aurífera permanece bajo el agua. Se han reportado 800 familias damnificadas y al menos 300 viviendas colapsadas.
El pasado domingo un dique de colas con residuos mineros tóxicos colapsó y sepultó el 70% de la comunidad de Andavilque, en Llallagua, Potosí. Se registraron dos personas muertas.
El Gobierno confirmó al menos dos muertos por la mazamorra de desechos mineros que sepultó el 70% de una población en Llallagua, Potosí, el domingo por la mañana.
Dos comunidades del pueblo indígena Tacana, en el municipio de Ixiamas, se encuentran inundadas desde hace más de una semana, sin recibir ningún apoyo de las autoridades.
Sin apoyo suficiente, estas comunidades enfrentan un futuro incierto, en el que su lucha no es solo contra la naturaleza, sino también contra la indiferencia de quienes deberían proteger sus derechos y su territorio.
El presidente Luis Arce se refirió a la escasez de combustibles que atraviesa el país en una entrevista con Radio San Gabriel. Dijo que anticipaba la “crítica” situación desde 2020.