Bolivia mantiene bajos índices de criminalidad general en la región, pero sigue siendo particularmente violento contra las mujeres: 7 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En ese escenario hostil más de dos mil mujeres se han organizado para actuar. Las promotoras comunitarias operan en 155 de los 342 municipios del país. Ellas trabajan en el rescate de víctimas de violencia ayudándoles a romper ciclos de abuso, denunciar, buscar justicia y reconstruir sus vidas. Conocen todo ese trayecto porque lo vivieron en carne propia.
Por Esther Mamani
Un grupo de promotoras comunitarias en la primera sesión de capacitaciones del año. El Alto, Bolivia.
Foto: Gustavo Ticona
Afuera cae una lluvia torrencial que golpea los ventanales sin piedad y el viento helado intenta ingresar por las rendijas. Adentro, en el tercer piso del edificio del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, nada de eso interrumpirá la primera sesión del 2026 de las promotoras comunitarias de la ciudad de El Alto, Bolivia, un lugar ubicado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.
Las promotoras comunitarias son mujeres bolivianas que pasaron de ser víctimas de violencia de género a sostener a otras. Se trata de un modelo de acompañamiento entre pares que se formalizó en 2013 con la promulgación de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Con esta normativa como sombrilla las promotoras se forman para asistir a mujeres que denuncian violencia.
Las 17 mujeres de este grupo entran al edificio, sacudiéndose el agua, se saludan con abrazos y, una a una se colocan sus chalecos de color violeta. Lo ajustan sobre sus hombros como si fueran capas de superheroínas. Algunas visten polleras y mantas, prendas típicas de las mujeres indígenas y otras pantalones y chompas de lana para combatir el típico frío del altiplano.
Dominga Quispe Quispe, de 46 años, es una de ellas. Esta promotora comunitaria desde hace tres años sabe lo que es el desgaste en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), en los pasillos de tribunales judiciales y las duras noches de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. “Hoy empezamos de nuevo, hermanas. Ni la lluvia ni el frío de El Alto nos paran”, dice con una sonrisa que es a la vez desafío y ternura.
La promotora Dominga Quispe en entrevista. El Alto, Bolivia.
Foto: Gustavo Ticona
Dominga es una mujer múltiple: comerciante, artesana y defensora. “Sufrí violencia psicológica de mi familia después de la muerte de mis papás. Mis hermanos me insultaban, me desconocían todo. Entré aquí pensando que no tenía nada que ver con la violencia física… hasta que entendí que la psicológica duele igual y no sana fácil”, cuenta mientras se acomoda en una de las sillas de plástico antes del inicio de la reunión.
Dominga tiene dos hijos: una niña de 12 años y un varón de 15. Ella asegura que en su casa rompen el machismo y reparten las tareas del hogar sin distinción de género. Reconoce que es un trabajo paulatino. Ella recuerda que un día salió de casa a las capacitaciones como promotora comunitaria y dejó su chaleco violeta, el distintivo de este grupo.
—Sí, hija, voy a luchar contra la violencia
Al rescate de víctimas de violencia
Las promotoras comunitarias empezaron, sin saberlo, en los años 80, cuando dieron rienda suelta a los primeros hilos de una red de mujeres que se ayudaban entre sí. Los grupos de apoyo de ONG y centros como Gregoria Apaza fueron el germen. En un círculo de mujeres compartían sus dolores y al escuchar que otras habían roto el ciclo, encontraban la fuerza para intentarlo ellas también.
Mónica Gutiérrez, su directora ejecutiva, explica que las promotoras comunitarias son parte del ADN de este centro que es punto focal para la defensa de derechos de las mujeres. “Ellas son lideresas porque fortalecen el tejido social mediante orientación, acompañamiento. Son el punto clave de relacionamiento con instancias municipales y de salud para erradicar la violencia basada en género”, explica.
Jenny Luz Portugal Dura es la responsable del Área de Psicología Forense de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de la Policía en Bolivia. Para ella los orígenes de las promotoras son claros: “Surgieron de los grupos de ayuda impulsados por las ONG. Esa red de apoyo es el soporte esencial para romper el ciclo”.
Portugal estuvo en esos inicios, no formaba parte de la Policía, trabajaba como psicóloga. “El acompañamiento entre mujeres es fundamental porque quien ha vivido la violencia comprende el miedo, la discriminación y el rechazo que enfrentan las víctimas”, indica.
La Ley 348 les dio carta de ciudadanía en su artículo 29: “las mujeres que hubieran superado su situación de violencia, o aquellas que deseen asumir este compromiso, se podrán constituir voluntariamente en redes promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación”.
Hoy son más de dos mil promotoras certificadas en 155 de los 342 municipios del país. Trabajan sin sueldo fijo, cubriendo pasajes, llamadas y tiempo con su propio bolsillo. Las promotoras que trabajan en El Alto pertenecen al 80% de mujeres que son parte del trabajo informal; no cuentan con salarios ni beneficios laborales. Esta es una ciudad con alta presencia indígena aymara.
Vista panorámica de una feria de comercio en la ciudad de El Alto, Bolivia.
Foto: Alcaldía El Alto
Según datos del Ministerio Público y el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer en 2025, Bolivia registró 81 feminicidios y46.213 denuncias por delitos enmarcados en la Ley 348. El país reconoce 16 tipos de violencia. En promedio 126 mujeres cada día son víctimas de alguna de estas categorías, según datos del año pasado.
La violencia familiar es el delito más frecuente con cerca del 70 % seguida de los delitos sexuales. El subregistro persiste: 7 de cada 10 bolivianas han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida, pero muchas callan por miedo, dependencia económica o desesperanza en la justicia.
CIFRAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN BOLIVIA ENTRE EL 1 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026
| Tipo de violencia | Cantidad |
| Feminicidios | 17 |
| Violencia intrafamiliar | 4.015 |
| Violación sexual a mujeres | 342 |
| Abuso Sexual | 332 |
| Estupro | 216 |
| Violación niña niño o adolescentes | 205 |
| Acoso sexual | 34 |
| Violencia económica | 17 |
Fuente: Ministerio Público
Dominga y sus compañeras son el primer eslabón cuando el Estado llega tarde o no llega. “Venimos de haber vivido lo mismo. Por eso entendemos el miedo, la vergüenza, la culpa que te meten”, explica mientras revisa una de las cartillas que reparten sobre la ruta de denuncia en caso de violencia.
Rebeca Aguilar Pilaze, de 27 años, trabajadora social y promotora en prevención de violencia, recuerda el caso que más la marcó. Una adolescente de 15 años violada por sus hermanos, con la madre al tanto. “La niña llegó llorando, había intentado suicidarse varias veces. Confió en mí después de semanas de sesiones. Denunciamos, pero la Defensoría no hizo nada. La mamá la cambió de colegio y me amenazó. Hoy no sé dónde está esa niña”. Rebeca misma fue víctima de violencia institucional y acoso en la universidad. Esos fueron los episodios que la impulsaron a formarse como promotora de salud y luego en violencia.
Rebeca Aguilar responde a la entrevista. El Alto, Bolivia.
Foto: Gustavo Ticona
Maruja Caparicona, de 43 años, promotora en el Distrito 5 (zona rural de El Alto), enfrentó violencia psicológica y a la vez su madre, golpeada por familiares por disputas de un terreno. “Luché siete años con mi mamá para que le dieran justicia. La golpearon y le querían quitar su casita. Lo logramos luego de años. Por eso digo a las compañeras cuando las acompaño: no se aguanten, denuncien”.
Muchas veces el solo ahínco por denunciar no es suficiente. Hubo un caso que no olvida. Una niña de 4 años fue violada por su padre. Maruja la llevó personalmente al forense pero ese día no había atención. “Me traumó, pero también me dio fuerza para seguir”, explica.
Maruja Copiracona porta el chaleco que identifica a las promotoras comunitarias. El Alto, Bolivia.
Foto: Gustavo Ticona
Isabel Atecio Beltrán, con décadas de experiencia, vivió en carne propia el riesgo de acompañar. En 2021, mientras ayudaba a una joven a recoger sus cosas, fueron amenazadas por el agresor. “Llamé a mi hijo gritando la dirección para que el tipo supiera que no estábamos solas. Sentí el mismo terror de antes de cuando me pegaban a mí, pero esta vez lo enfrenté por otra mujer”.
Las promotoras comunitarias asisten a víctimas de violencia lo que las pone en situaciones de peligro ya que muchos de los agresores se resisten. Ni Batman ni Superman sino heroínas de la vida real que enfrentan peligros con sus recursos y coraje.
Mónica Bayá, representante de la Comunidad de Derechos Humanos en Bolivia, lo resume con crudeza: “Cuando presentas la denuncia de un robo de partes de tu auto te dicen ¿dónde está el video?, ¿por qué se compró ese equipo de radio para provocar a los ladrones? ¡No! Es el Ministerio Público el que debe cumplir ese trabajo. Pero a las mujeres se las juzga y señala. Todo esto ocurre porque debajo de esos edificios donde se habla de justicia hay un tejido antiguo y fuerte llamado patriarcado”.
Desde la acera gubernamental la directora de Igualdad de Oportunidades, Durby Andrea Blanco, dependiente del Ministerio de la Presidencia, resaltó la importancia de fortalecer el rol de las promotoras comunitarias. “Lo que se está trabajando en muchas ciudades, por ejemplo, son las alianzas con las instituciones locales”.
La autoridad reconoció las deudas estatales con las promotoras y resaltó la necesidad de “abrir un espacio laboral para que todas las mujeres que están brindando el servicio puedan ser reconocidas de alguna manera”.
Todas coinciden en las barreras que enfrentan. La burocracia judicial demora años, los policías preguntan “¿lo pensaste bien?, ¿quieres denunciar?”; faltan recursos para pasajes y abogados, y también se da la violencia vicaria: amenazas a las promotoras o a sus hijos. “Hay justicia para quien tiene plata. El agresor sale libre y la víctima se esconde”, dice Rebeca.
Marité Guisbert, presidenta de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias, agrega: “Ser promotora no nos blinda contra la violencia. Seguimos expuestas porque los agresores amenazan, insultan, empujan. Para mí eso es violencia vicaria porque quieren hacer daño a la que has defendido. Sabemos de compañeras en el área rural donde quieren expulsarlas de sus comunidades porque ayudan a otras mujeres. El sistema judicial también te expulsa porque pone todas las trabas para que una denuncia no termine en sentencia”.
Promotoras comunitarias atienden la capacitación para atención de víctimas de violencia. El Alto, Bolivia.
Foto: Gustavo Ticona
Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, refuerza el diagnóstico colectivo: “La ley explica todo biencito, pero mucha gente no conoce. Nosotras como promotoras tenemos que saber a la perfección porque nos van a preguntar y tenemos que dar respuestas. Estamos para incomodar. A veces quieren que estemos calladas, pero como tenemos los conocimientos y ya perdimos el miedo no nos pueden someter. Nos dicen que queremos romper la familia. Al contrario, la ley no es para eso, es para que en esa familia no haya violencia”.
En esas adversidades Dominga recuerda con orgullo el caso de una mujer que llegó diciendo “no puedo vivir sin él, aunque me pegue”. Después de meses de acompañamiento, talleres y apoyo psicológico, volvió empoderada: “Ahora tiene otra actitud, ya no depende emocionalmente. Hasta su hijo dejó de replicar la violencia”. “Eso te llena el alma. El agradecimiento de una mujer que sale del círculo es la moneda más valiosa”, dice Dominga.
Maruja ha visto mujeres que, tras denunciar, logran asistencia familiar en dos o tres meses. Rebeca gestionó sillas de ruedas y ayuda humanitaria para familias en hacinamiento. Isabel sigue formando nuevas promotoras. “De granito en granito vamos cambiando vidas”, repite Dominga.
Así junto a sus compañeras inauguran las actividades de acompañamiento a mujeres que sufrieron violencia. Las capacitaciones pueden durar desde seis meses a dos años y se aplican con protocolos en diferentes niveles.
Mientras la lluvia sigue cayendo sobre El Alto ellas continúan tejiendo estrategias de lucha, de contingencia e ideando formas para continuar aun sin presupuesto ni tan siquiera una oficina propia, pero con valentía y cambio de chip: de víctimas a defensoras.
