Por: Milenka Vanessa Almanza López
El planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años. El ser humano apenas lleva unos 300.000 en la Tierra. Sin embargo, en apenas dos siglos —desde la Revolución Industrial— una parte de la humanidad transformó radicalmente el planeta bajo una lógica de acumulación indefinida.
El crecimiento económico moderno se apoyó en una escalada sin precedentes del uso de energía proveniente de combustibles fósiles: petróleo, gas natural y carbón. Esta expansión permitió el desarrollo industrial, el transporte global y el consumo masivo, pero también generó un profundo desequilibrio ecológico. La crisis climática actual no es un accidente natural: es el resultado de decisiones económicas y políticas concretas.
¿Quién define la transición?
En el contexto actual, la transición energética se presenta como la solución al calentamiento global. Cambiar combustibles fósiles por energías renovables parece, en principio, un paso necesario. Sin embargo, desde el Sur Global surge una pregunta clave: ¿transición para quién y bajo qué reglas?
La responsabilidad histórica de la crisis climática recae principalmente en los países del Norte Global, que construyeron su desarrollo sobre el consumo intensivo de recursos. No obstante, hoy son esos mismos países quienes lideran el discurso de la transición energética, sin necesariamente cuestionar sus niveles de consumo ni el modelo económico que generó la crisis.
La transición no se limita a sustituir petróleo por paneles solares o turbinas eólicas. Implica una nueva demanda masiva de minerales considerados “críticos”, como el litio, el cobalto y las tierras raras. Y estos recursos se concentran, en gran medida, en territorios del Sur Global.
El nuevo mapa del poder energético
El litio en Bolivia, Argentina y Chile; el cobalto en el Congo; las tierras raras en distintos países periféricos. La transición energética está reconfigurando las disputas geopolíticas entre potencias tradicionales —Estados Unidos y la Unión Europea— y potencias emergentes como China.
El problema es que muchos países que poseen estos recursos no cuentan con capital suficiente para industrializarlos, por lo que dependen de financiamiento y arbitrajes internacionales. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial influyen en las condiciones bajo las cuales se desarrollan estos proyectos.
En el caso del litio boliviano, por ejemplo, las decisiones estratégicas no solo son técnicas o ambientales, sino profundamente geopolíticas. Además, la extracción en ecosistemas frágiles —como los salares altoandinos— implica altos niveles de uso de agua y posibles impactos en comunidades indígenas, que no siempre son consultadas de manera libre e informada.
¿Energías renovables = justicia ambiental?
Las energías renovables son necesarias para reducir emisiones. Sin embargo, no son automáticamente sinónimo de justicia ambiental.
En algunos países, la instalación de megaproyectos eólicos o solares ha implicado el uso intensivo de tierras comunales o indígenas, generando desplazamientos y conflictos sociales. Si la transición mantiene la lógica extractivista —aunque ahora sea “verde”— puede convertirse en una forma renovada de desigualdad.
El riesgo es que la transición energética corporativa funcione como un nuevo rostro del mismo modelo: cambiar el recurso explotado, pero no transformar las relaciones de poder ni los patrones de consumo.
Los retos desde el Sur Global
El desafío no es únicamente técnico. No se trata solo de cambiar fuentes de energía, sino de repensar el modelo de desarrollo.
Desde el Sur Global, los retos son múltiples:
- Evitar que la transición reproduzca dinámicas coloniales.
- Garantizar soberanía energética y participación comunitaria.
- Reducir la exportación primaria sin industrialización.
- Priorizar la justicia ambiental sobre la rentabilidad inmediata.
- Discutir los niveles de consumo energético a escala global.
Una transición verdaderamente justa implicaría no solo energías más limpias, sino economías menos dependientes del extractivismo y sociedades con demandas energéticas coherentes con los límites ecológicos del planeta.
La transición energética no puede ser solo un cambio tecnológico. Debe ser también un cambio político y estructural.
