Seis senadores del oficialismo y la oposición impulsan el Proyecto de Ley 118 por los Bosques y Otros Sistemas de Vida. Ésta propone bloquear por un periodo de 15 años como mínimo las tierras fiscales quemadas o desmontadas ilegalmente.
“En el caso de identificarse desmontes ilegales o quemas ilegales en Tierras Fiscales Disponibles, éstas no podrán ser objeto del procedimiento de dotación, declarándose Tierras Fiscales No Disponibles, sujetas a conservación, restauración y regeneración por un tiempo mínimo de quince (15) años en función al daño o impacto ocasionado”, establece el artículo 5 del documento.
Los últimos años se registraron quemas que arrasaron con grandes extensiones de bosque. Sólo en 2024 se devastaron 12,6 millones de hectáreas, según un estudio de la Fundación Tierra. Es por ello que ahora los legisladores, tanto de la oposición como del oficialismo, buscan endurecer las sanciones, pero a su vez prevenir los incendios, quemas y desmontes.
La mañana del 20 de junio, la senadora ambientalista Cecilia Requena presentó en detalle ante los periodistas la propuesta normativa.
Apuntes importantes:
- Contexto y evolución de la propuesta de Ley:
• El proyecto de ley ha pasado por varias versiones, iniciando con el número 003 hace dos años, luego el 240, y actualmente el 118.
•Ha enfrentado “escaramuzas” con sectores productivos, especialmente ganaderos, quienes se sienten afectados, aunque la senadora Requena cree que esto es injustificado y que se pueden alcanzar acuerdos. - Fundamentos y enfoque de la Ley:
•La necesidad de un acuerdo entre todos los sectores (soyeros, ganaderos, ciudades, industrias, comunidades) se basa en la dependencia común del agua, y la ley busca conservar las fuentes de agua.
•La ley busca ser integral, abordando varios temas clave como el objetivo de la ley, sitios Ramsar, revalorización del bosque en pie, erradicación de incentivos para incendios y un régimen sancionatorio, incluyendo aspectos adicionales como bomberos y vida silvestre.
•Se propone una ley integral porque la abrogación de normas por sí sola no es suficiente y puede incluso generar vacíos legales y más problemas. - Objetivos clave de la Ley:
•Prevenir, controlar y reducir incendios ilegales y quemas no autorizadas. Se reconoce que las quemas no pueden eliminarse de inmediato, pero se puede avanzar hacia un “agro sostenible” con métodos como el “chaqueo sin quema” (probado en Alto Beni como mejor para el suelo).
•Detener la deforestación y promover la restauración de los sistemas de vida naturales. Se destaca que restauración no es lo mismo que reforestación en la Amazonía, dado su alta complejidad biológica.
•Garantizar la conservación de los bosques en armonía con la Madre Tierra y fomentar prácticas de apropiación sostenible y sustentable que no pongan en riesgo el equilibrio ecológico. Se menciona el caso de Costa Rica como ejemplo de cómo la conservación puede generar ingresos (ecoturismo). - Medidas y propuestas específicas:
•Abrogación de paquetes incendiarios y el Decreto Supremo 5390: Se busca evitar la legalización de asentamientos en reservas forestales de producción permanente que han sido avasalladas y quemadas.
•Protección de sitios Ramsar (humedales): Estos son ecosistemas cruciales para el mundo que necesitan ser defendidos adecuadamente, ya que muchos se están perdiendo.
•Revalorización del bosque en pie: Una idea central es dar valor económico al bosque sin talarlo, para que la gente reciba beneficios de su conservación (ej. almendra, café, cacao en sistemas agroforestales). - Cambio en la Función Económico-Social (FES): La ley propone que mantener el bosque en buen estado sea considerado cumplimiento de la FES, para evitar que el Estado promueva el desmonte en lugar de la conservación.
- Promoción Estatal de sistemas sostenibles: El Estado debe promover activamente sistemas agroforestales, silvopastoriles y regenerativos.
- Ordenamiento territorial nacional: Se enfatiza la necesidad de un mapa nacional de ecorregiones y ecosistemas que defina vocaciones de uso del suelo y áreas sensibles (ejemplo: cabeceras de cuenca), ya que actualmente el país carece de esto, y los planes departamentales (PLUS) son susceptibles a presión política.
- Incentivos para la conservación: El Estado puede premiar a quienes cuidan el bosque (ejemplo: Palos Blancos, Alto Beni) mediante acceso preferencial a compras estatales, créditos fáciles, certificaciones internacionales (“Hecho en Bolivia” como sinónimo de respeto ambiental y DDHH), asistencia técnica y programas de mecanización para alternativas a la quema (ejemplo: recolección de pasto).
- Erradicación de incentivos perversos (Régimen sancionatorio):
•Nuevo tarifario de sanciones: Se proponen multas más fuertes por quemas y desmontes ilegales (ejemplo: promedio de Bs 240 por hectárea), pero que no sean impagables ni confiscatorias (con un tope del 30% del valor de la propiedad).
•Diferenciación de infracciones: Se distingue entre “chaqueo” (práctica tradicional de desmonte y quema), “quema” (controlada) e “incendio” (descontrolado, fenómeno más reciente exacerbado por el cambio climático). La ley no prohíbe todas las quemas, sino que busca un control más estricto y la legalización de quemas con parámetros exigentes.
•Multas diferenciadas por deliberación: Las multas por desmonte ilegal son más altas porque es una acción deliberada y costosa, no un accidente. Las quemas pueden ser accidentales, pero si se vuelven incendios y afectan propiedades ajenas, las sanciones son severas.
•Garantías al productor: Se incluye el derecho a la presunción de inocencia, un proceso administrativo claro con doble instancia, derecho a la prueba y descargo, buscando proteger a los productores de extorsiones estatales.
•Reducción temporal de multas: Las multas se reducirán al 50% mientras el Estado no cuente con mecanismos precisos para determinar el origen de los incendios.
•Inmovilización de tierras fiscales: Las tierras fiscales o áreas de producción forestal permanente con desmontes o quemas ilegales se declaran no disponibles por al menos 15 años para su regeneración, eliminando el incentivo perverso de quemar para obtener derechos sobre la tierra. Lo mismo se aplica en áreas mineras.
•Respeto a prácticas indígenas: La quema tradicional indígena no requiere autorización, y se busca facilitar el proceso de autorización para quemas no tradicionales para los pueblos indígenas. - Transparencia y financiamiento:
•Metas nacionales de reducción de deforestación: Establecimiento de objetivos progresivos, viendo esto como una oportunidad económica.
•Plataforma virtual de información pública: Creación de un sistema geo-referenciado con información detallada sobre propiedades, ecosistemas y derechos mineros, que actualmente no es accesible de forma centralizada y transparente.
•Prevención y respuesta rápida a incendios: Se obliga al Estado a tener prevención con imágenes satelitales y drones. El incumplimiento de servidores públicos en responder oportunamente a denuncias de incendios (en 24-48 horas) se convierte en delito penal.
•Destino de sanciones: Las multas recaudadas se distribuirán entre la ABT, la fiscalía ambiental y las autoridades de conservación y restauración forestal, para fortalecer el sector. - Protección a comunidades indígenas y fauna silvestre:
•Retorno y asistencia a comunidades indígenas: Medidas para facilitar el retorno voluntario y asistencia humanitaria a comunidades indígenas afectadas por incendios, ya que el Estado tiene la obligación de ayudarlos a reconstruir y retornar a sus territorios.
•Protección de fauna silvestre: Prevención de la caza durante los incendios y apoyo a los centros de protección de animales silvestres.
•Atención médica para bomberos voluntarios: Se propone que el Seguro Universal de Salud (SUS) brinde atención médica gratuita a los bomberos voluntarios, reconociendo su labor heroica y la exposición al riesgo.
Los senadores proyectistas de la ley son: Cecilia Requena, Andrónico Rodríguez, Fernando Vaca, Andrea Barrientos, Miguel Rejas y Patricia Arce.
