La Nación Indígena Monkoxi de Lomerío enfrenta una nueva barrera en su proceso de consolidación autonómica. El 3 de junio, una comisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se dirigía a la Asamblea Territorial prevista para el 4 de junio, fue interceptada y retenida en la comunidad de Nampurabo por actores contrarios al avance del autogobierno indígena. El incidente expone una disputa más profunda: la tensión entre los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y la resistencia de autoridades municipales y cívicas a su ejercicio.
La Asamblea Territorial de este miércoles era clave para ratificar el Estatuto Autonómico de la Nación Monkoxi, una herramienta fundamental en el ejercicio del derecho a la libre determinación garantizado en la Constitución Política del Estado y en normas internacionales. Sin embargo, el bloqueo y hostigamiento a la comisión electoral interrumpió el proceso y encendió las alarmas.
La Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) calificó lo sucedido como un acto de sabotaje político. Denunció que el alcalde municipal, Alfredo Chuvurí García, y su asesor jurídico, Antonio Parapaino, lideraron la retención de los funcionarios del TSE y la vandalización de su vehículo. Exige que se investigue el hecho como un secuestro y que se garantice la continuidad del proceso autonómico sin violencia ni presiones externas.
Mientras tanto, sectores cívicos, como el Comité Provincial de la Cruceñidad, sostienen que la autonomía no puede imponerse sin un referéndum vinculante.
El conflicto ha derivado en un paro indefinido declarado por autoridades comunales del municipio de San Antonio de Lomerío, que advierten con nuevas medidas de presión.
