Bolivia registró 915 casos de vulneraciones a las libertades fundamentales y a la institucionalidad democrática durante el año 2024, lo que representa un aumento del 19% respecto a 2023. Así lo revela el más reciente Informe sobre Libertades Fundamentales y la Institucionalidad Democrática 2024, presentado este miércoles en La Paz por la red UNITAS.
Con un promedio de 2,5 vulneraciones diarias, la cifra fue calificada como “alarmante” por los panelistas que comentaron el informe. “Tener 915 vulneraciones me parece catastrófico. Estos datos deberían preocuparnos profundamente”, dijo el abogado de derechos humanos Franco Albarracín, quien advirtió que las cifras no son hechos aislados, sino que responden a un patrón estructural y funcional a un modelo de Estado extractivista.
El informe fue presentado por el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de UNITAS, y comentado por Albarracín, la directora de Planificación de la Defensoría del Pueblo, Jennifer Guachalla, y la presidenta del Círculo de Mujeres Periodistas, Patricia Flores.
Hostigamiento a periodistas y violencia contra mujeres comunicadoras
Patricia Flores subrayó que el deterioro de las libertades no solo se refleja en lo institucional, sino también en la situación crítica de la prensa, especialmente para las mujeres periodistas.
“Las periodistas sufren hostigamiento físico, psicológico y sexual. Las que llevan la peor parte son las mujeres”, sostuvo. También denunció la creciente precariedad laboral en los medios de comunicación, donde las remuneraciones han bajado a niveles alarmantes y muchos periodistas ya ni siquiera perciben el salario mínimo.
La institucionalidad democrática, en jaque
Según el informe, la categoría más afectada fue la institucionalidad democrática, un hecho que preocupa a la Defensoría del Pueblo. Jennifer Guachalla apuntó contra el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que —según dijo— ha dejado en suspenso las elecciones judiciales, poniendo en riesgo la realización de otros procesos electorales en el país.
“El TCP no es independiente y responde al poder de turno. En lugar de proteger la Constitución, profundiza la crisis institucional”, alertó Guachalla, quien llamó a una reforma judicial estructural y a establecer un proceso de selección meritocrático para las altas autoridades judiciales.
Un modelo extractivista que erosiona la democracia
Albarracín fue enfático al señalar que este comportamiento estatal se inserta en un patrón regional: “Bolivia forma parte de una tendencia en América Latina donde el modelo extractivista busca erosionar los derechos humanos y la institucionalidad democrática en beneficio de intereses privados, cooperativistas y transnacionales”.
Este sistema, dijo, controla órganos como el Judicial, el Ministerio Público y entidades descentralizadas como el SERNAP, utilizadas para imponer decisiones sin participación ni consulta ciudadana.
Recomendaciones y corresponsabilidad
La directora ejecutiva de UNITAS, Mila Reynolds, explicó que el informe incorpora por primera vez un análisis comparativo de los últimos cuatro años, estándares internacionales y recomendaciones para distintos sectores.
Al Estado se le exhorta a crear mecanismos concretos para proteger los derechos fundamentales y generar un entorno seguro para su ejercicio. A la sociedad civil, se le llama a vigilar, articularse y generar sinergias que fortalezcan la defensa de los derechos humanos.
“Este camino hacia un entorno más seguro y democrático debe construirse desde la corresponsabilidad, el diálogo y la articulación entre todos los actores de la sociedad boliviana”, concluyó Reynolds.
