Foto: CPILAP
Un hombre de 20 años fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por el asesinato de Francisco Marupa, el defensor del Parque Madidi que fue hallado sin vida en la comunidad de Torewa, norte de La Paz. El Gobierno señaló que el crimen fue por rencillas personales, pero desde la Contiocap se pidió una investigación imparcial para aclarar los motivos reales.
El 14 de febrero, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo denunció el asesinato de Marupa y acusó de lo ocurrido a grupos vinculados a actividades extractivas, como la minería ilegal del oro.
El caso despertó la preocupación internacional y el domingo por la tarde, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, publicó en sus redes sociales que la Policía había aprehendido a un hombre “quien reconoció ser el autor del asesinato porque tenía problemas personales con la víctima, por lo que se descarta muerte por ajuste de cuentas, temas territoriales o minería ilegal, como se especuló”.
El mismo día, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) pidió a través de un pronunciamiento una investigación técnica, imparcial y transparente y exhortó al Gobierno a no emitir sentencias anticipadas. “Pedimos a las autoridades de justicia esclarecer de manera imparcial los verdaderos motivos, para identificar a los verdaderos responsables de un crimen que violenta la imagen y dignidad de todos nuestros pueblos indígenas en Bolivia”, se lee en un comunicado.
La Contiocap resaltó las contradicciones que surgieron en el caso, ya que el principal sospechoso sería un indígena que no domina el idioma español y contra quien se pudieron cometer abusos y vulneración de derechos.
Por último, la Contiocap recordó que los pueblos indígenas sufren constantes violaciones de derechos y abusos de actividades extractivas promovidas desde el propio Gobierno. “Ese manejo mal intencionado de nuestras poblaciones indígenas, iniciado durante el gobierno de Evo Morales, derivan en señalamientos entre comunidades, pero sobre todo en que las políticas de grandes infraestructuras y minería legal e ilegal en nuestros territorios amparadas por la Ley Minera 535 y la Ley del Oro, ocasionan este tipo de conflictos entre los más vulnerables que somos las comunidades indígenas”.
