El reciente reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que el gobierno de Luis Arce financia sus necesidades brutas de financiamiento, que incluyen el déficit primario y el servicio de la deuda, con dinero administrado por la Gestora y con préstamos del Banco Central de Bolivia (BCB). Esto ha elevado la deuda pública interna, que sobrepasa a la externa y se perfila como la principal fuente de recursos.
«Las necesidades brutas de financiamiento se cubrieron mayormente mediante emisiones de bonos nacionales al fondo de pensiones (recientemente nacionalizado) y financiación del banco central», señala el reporte del organismo financiero.
Las necesidades brutas de financiamiento o gross financing needs (GFN) incluyen el déficit primario y el servicio de la deuda, entre otros factores, que para el 2023 representaban un 14,2% del PIB, lo equivalente a Bs 45.271 millones.
«En los últimos años, las necesidades de financiación se han cubierto mayormente mediante préstamos del banco central, emisiones de deuda a los fondos de pensiones nacionales, desembolsos de las IFI (International Financial Institutions), y una renovación parcial de los erobonos que vencen», añade el FMI.
La situación ya había sido reconocida por el propio Gobierno, cuando el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, dijo que se debía acudir al financiamiento interno ante la reticencia del Legislativo a aprobar nuevos créditos externos. Montenegro reveló que cada semana se ofertaban entre Bs 100 y 700 millones en bonos del tesoro en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), los cuales eran adquiridos tanto por la Gestora como por bancos privados.
Al respecto, el exdirector del BCB y analista económico, José Gabriel Espinoza, señaló que esta estrategia de financiamiento es «altamente cuestionable» debido a que la deuda interna aumenta a un ritmo acelerado, se genera mayor emisión de moneda local y mayor competencia de financiamiento para el sector privado, lo cual provoca más inflación.
«El uso de los ahorros previsionales administrados por la Gestora deja al sistema financiero sin la liquidez necesaria, elevando las tasas de interés y aumentando la vulnerabilidad», apuntó Espinoza.
El 29 de enero, en una conferencia de prensa, el gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, dijo que a partir de análisis semanales se realizan inversiones en el Estado o el sector privado. «Hasta el momento, dentro la composición de toda la cartera, un 33% está en el sector estatal y el resto dividido en el sector privado, proporción parecida a las AFPs», dijo Durán. Resaltó que el rendimiento de la cartera de inversiones subió de un 2,71% (con las AFPs como administradoras) a un 4,26% en la actualidad.
Por otro lado, el Gobierno no publica desde octubre de 2023 el estado de la deuda interna. El reporte del FMI señala que ésta habría alcanzado hasta ese año Bs 171.559 millones, lo cual representa el 64% del total de la deuda pública.
En conjunto, la deuda pública interna y externa han llegado al 84% del PIB para el 2023, y se proyecta que el 2024 al 87%.
El FMI exhortó al Gobierno a asegurar la publicación periódica de datos macroeconómicos clave, algo «esencial para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas». Recomendó adoptar las Normas Especiales para Divulgación de Datos, un conjunto de reglas promovidas por esta institución, lo cual demostraría el compromiso de Bolivia con la transparencia.
El diputado de oposición y economista José Luis Porce señaló en contacto con radio Panamericana que este ocultamiento de información es una muestra de «deslealtad con el país», más aún en la actual crisis económica. «No se están tomando las medidas que necesita el país en el área fiscal y monetaria para evitar la mayor precipitación de la economía».
